DIÁLOGOS SOBRE FEDERALISMO (3º artículo sobre federalismo)

Se dice que quienes defienden la concepción de un Estado Unitario descentralizado frente al federal, alegan, entre otras cosas, que la estructura federal emerge de entidades soberanas preexistentes y que habrían cedido soberanía a un Estado que las comprende a todas, pensando que no es la realidad histórica de España. Es el argumento, en definitiva, que llaman historicista.

Quienes pretenden rebatirles, dan poca importancia y peso al hecho histórico y argumentan que el establecimiento de una estructura federalista puede, legítimamente, adoptarse sin la necesaria concurrencia de procesos históricos en los que han intervenido entidades soberanas que se hayan ido federando paulatinamente.

Y no les falta en absoluto razón a quienes así argumentan defendiendo su postura federalista. Pero lo cierto es que, la atribución del argumentarlo histórico como fundamento de negación de la estructura federal y asunción de la tesis del Estado Unitario descentralizado, como el fundamento de los no federalistas, es una falacia. Y lo es, porque no forma parte necesaria de ese argumento. De hecho, yo, que no defiendo la tesis federal, no argumento en absoluto la defensa de mi postura en los procesos históricos.

Y es más, en efecto, yerran quienes hayan argumentado esto. No por falsedad del planteamiento, porque es cierto que suele existir un antecedente soberanista en las entidades que luego se han federado (aunque no necesario), pero olvidan que España fue “una suma de Coronas independientes que compartían Monarca” (parafraseando uno de los artículos de mi estimado Carlos Martínez Gorriarán). Y precisamente por eso ha tenido sentido la estructura autonómica con que se ha dotado el Estado español.

Dicho todo lo cual, desmonto la estrategia de aquellos que, queriendo desvirtuar la defensa del Estado Unitario descentralizado, invocan un argumentarlo fallido (el argumentarlo histórico), en boca de unos supuestos defensores del Estado Unitario descentralizado. Porque no es, ni con mucho, el fundamento que nos mueve a defender para el Estado español, la estructura de un Estado Unitario descentralizado.

Quienes creen que el federalismo en España va a solucionar los problemas existentes, tanto en lo referido a las delimitaciones de competencias como a las veleidades soberanistas, yerran también. Y citaré parte del argumento empleado por los propios defensores del federalismo cuando critican el argumento histórico. Porque, en efecto, que el federalismo se justifique únicamente en realidades históricas donde hayan existido previamente entidades soberanas que se han ido vinculando en los cauces de la historia, es un error, porque ello no implica en absoluto que no se pueda estructurar una federación a partir de otros fundamentos. Ni tampoco significa que ese proceso federativo, estructurado por los cauces de la historia, haya sido pacífico y voluntario. Generalmente ha sido forzado con sangre y fuego.

Precisamente por eso, el federalismo no garantiza en absoluto la bondad del sistema. En efecto, la razón o fundamento histórico, no garantiza procesos pacíficos, como si estos fueran “advenimientos naturales e insoslayables de la historia”. Alguien, precisamente atacando los fundamentos historicistas que dicen proclamar los que no creen posible el federalismo en España, dice textualmente (refiriéndose al tan cacareado caso alemán) que “hace falta mucho amor a la leyenda para aceptar que los viejos Estados alemanes de origen medieval cedieron voluntariamente su soberanía a una Alemania federal”. Y tanto.

De modo tal que, con fundamento o sin fundamento histórico, un sistema federal se impone en un momento dado del proceso, con acontecimientos coercitivos que lo fuerzan. En definitiva, con la existencia de un poder federal capaz de aplastar todo intento secesionista ulterior (guerra de secesión americana, por ejemplo). Es decir, no me garantiza ninguna paz, menos en un país como España donde el separatismo es una corriente de bastante fuerza y movilización social en lugares como Euskadi y Cataluña.
Y si se fijan ustedes, después de procesos históricos “pacíficos” o más o menos traumáticos, los únicos federalismos que funcionan, y funcionan como tal, son aquellos donde la predisposición social y política de la ciudadanía por solidarizarse y unificarse desde el respeto de sus diferencias es patente y forma parte de su cultura (por volver a citar Alemania, que no adolece de las diferencias lingüísticas, étnicas que existen en España. O agregar a EEUU., que tampoco adolece de diferencias culturales significativas que fundamenten la federación). En efecto, no es el caso español, aunque aquí se den antecedentes históricos de reinos distintos reunidos bajo una Corona. En España no funcionará el federalismo del mismo modo que no funciona la Autonomía (por cierto, no me canso de repetir, figura federativa), porque no hay voluntad ciudadana, voluntad política para que sea factible. No por llamarse federal, se aclararán y definirán las competencias de las entidades federadas y del Estado federal. Porque, repito, y lo haré hasta la saciedad, todo ello es posible hacer desde la propia actual legalidad y estructura del Estado. Si no es así, es porque no se quiere así.
Me temo, pues, que tampoco la solución es el Estado Unitario descentralizado, porque en las cotas de descentralización volveremos a encontrarnos con el mismo hueso duro: no aclarar competencias y exigir cada vez mayores cuotas de autogestión hasta derivar en la total independencia.

El problema, pues, trasciende, por desgracia, la polémica de federalismo vs. Estado Unitario descentralizado. Es tomar la decisión inquebrantable que tomaron los prusianos de unificar los territorios germanos, incluso con guerras y asesinatos (desde la derrota de Austria hasta la muerte de Luis de Baviera); la decisión inquebrantable de los norteamericanos, incluso con una terrible y fraticida guerra civil o de secesión; los argentinos, incluso con la guerra civil de 1828 a 1832 (por citar un episodio. Podríamos hablar del terror de 1842, o el periodo bélico de 1851 a 1852 que culmina con la batalla de Monte Caseros); los franceses, aboliendo, en efecto, las divisiones internas del reino (que por cierto costó ríos de sangre en el país vasco del lado francés), constituyendo un Estado Unitario porque “entendían que, sin Estado Unitario no habría libertad política ni igualdad jurídica.” Y fíjense ustedes que cito ejemplos federales y unitarios, porque ahí radica todo el problema: ¿Hay o no voluntad de mantenernos unidos? Y si la hay ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Porque, llegado el caso, los ejemplos federalistas recurrieron a la sangre y el fuego (lo mismo que los unitaristas). Y si no, nos da lo mismo llamarnos Juana que Chana. Y para tal efecto, ni nos molestemos en discutir, debatir y preguntarnos cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler.

Créanme, señores: Lo que falta es decisión política para delimitar las competencias del Estado. Nada más

DIÁLOGOS SOBRE FEDERALISMO (2º artículo sobre federalismo)

Defendiendo la postura federalista para la estructura del Estado español, se ha argumentado en los foros que, aquellos que defienden un Estado unitario descentralizado fuerte, contra la idea del federalismo, les ocurre lo que al burgués gentilhombre de Molière (que se sorprendió al enterarse que hablaba en prosa. Cosa que no sabía hasta que su profesor le hizo caer en la cuenta), porque no otra cosa es ese Estado unitario descentralizado que defienden los anti federalistas españoles: una forma federativa.

Quienes se expresan con esta ironía, puede que ignoren realmente la significación que, en teoría del Estado, tiene el concepto de Estado Unitario descentralizado. Tal vez deberían haber matizado para situar al lector en la realidad a la que se están refiriendo específicamente: La España de las Autonomías. Porque muchos de los que defienden la tesis del Estado Unitario descentralizado, parten, en efecto, de la estructura autonómica y solo pretenden que, esas unidades político-administrativas, sean dotadas de idénticas competencias.

No vamos pues a ser tan temerarios (o soberbios) de suponer como esos federalistas irónicos, que haya ignorancia en quienes defienden la idea de un Estado Unitario descentralizado, partiendo del reconocimiento, como unidad administrativa territorial, de las actuales Autonomías.
Por el contrario, creemos que a nadie se le escapa que se trata (el sistema autonómico) de una figura federativa (dado que, en efecto, la figura Autonómica es reconocida en la ciencia política como una figura federativa) y
que España, pues, es hoy por hoy, de hecho y de “derecho” una especie de Estado con estructura federativa.

Pero, cuando se discute tanto por imponer el término federal en detrimento del autonómico, es que algo más se pretende (cierto o falso, errado o acertado, pero algo más sin duda).

Observen ustedes cómo los que hablan en prosa sin saberlo (supuestamente, de un lado, los defensores del actual sistema autonómico, y de otro lado, los que, reconociendo la estructura territorial autonómica, defienden una igualdad competencial para todas ellas), les molesta la prosa, es decir, les molesta el término federal y reaccionan mal ante él. Es algo que deberíamos tomar en consideración, dentro de un contexto democrático, si nos importa, al menos, la reacción social como parte del problema.

Por otra parte, observen también, cómo a los que esa prosa les gusta (los defensores del federalismo), pese a decir que ese estado Unitario descentralizado que defienden los otros, es una estructura federalista de hecho, les preocupa que venga definida bajo el rótulo de “Estado Unitario descentralizado”.

Reconocerán todos ustedes, por lo tanto, que al menos al nivel del valor de las palabras, y su repercusión social, el problema es bastante serio. Y lo es, porque el problema está en lo que todos presienten y en las intenciones que nadie declara.

De todas las objeciones al federalismo que vienen mencionándose en los foros pro federalistas (y que se plantean de un modo sesgado para facilitar una fácil crítica sobre esas objeciones), prácticamente se mencionan solo aquellas relacionadas con la aplicabilidad de la estructura federal en la realidad sociológica, histórica y política de España. Y ahí, en efecto, existe uno de los principales problemas. No debemos olvidar el contexto sociológico y político de España. …. Ya entraremos en este tema.

Pero quisiéramos hacer un paréntesis para referirnos a otros argumentos, no por su importancia en sí (todo lo contrario. Su valor es nulo), pero que, precisamente por ello, por su evidente valor nulo, lo que viene implicado al ser esgrimidos para combatirlos, sí constituye algo muy grave y serio. Hay, en efecto, en España quienes objetan la opción federalista por suponerla una concepción proveniente de la izquierda (como si eso fuera un argumento en sí para objetar una idea). Quienes así argumentan, no cabe duda que demuestran más que una supina ignorancia y un fanatismo inaceptable. Pero que los pro federalistas citen semejante barbaridad, como tal barbaridad que es, para desprestigiar otras opciones de estructura estatal a través del desprestigio intelectual, tomando a un grupo de ignorantes por la totalidad de quienes conciben otras opciones distintas al federalismo, es una argucia improcedente, mezquina y falaz. Intentar desprestigiar una concepción del Estado (la no federalista, o una figura federalista específica como el sistema autonómico) citando comentarios de gente sin formación, es un recurso que ofende a la inteligencia.

Dicho todo lo cual, quisiera comenzar a contra argumentar las supuestas bondades del federalismo que defienden los pro federalistas españoles.
Una de las bondades que más se esgrime, es la posible solución al problema de la real desigualdad entre comunidades autónomas que se cree encontrar con esta opción. Pero decimos y sostenemos que es un sofisma decir que dicha desigualdad se debe a la estructura autonómica (que ya hemos dicho, y no lo olviden los federalistas, se trata de una figura federativa). En realidad, todos esos problemas se deben a la falta de voluntad política para definir claramente las competencias definitivas de las Comunidades Autónomas y del Estado. Y siendo así, crearíamos un Estado Federal exactamente como lo hemos creado: con “el bochornoso espectáculo del blindaje del Concierto Económico vasco, y un Estatuto como el de Cataluña, que instaura la relación bilateral Estado-Cataluña”. Nadie impide, ni garantiza que, en esta estructura federal que se propone, se vayan a definir con claridad y exactitud las competencias de las Comunidades y del Estado. Porque solo falta voluntad política y ésta no depende de la forma del Estado, si no de la deriva histórica y sociológica de la política española. Todo lo que se propone en un Estado federal (estudiar en catalán en Cataluña pero sin erradicar el castellano como lengua vehicular optativa;…pagar los mismos impuestos y recibir los mismos servicios en el País Vasco y Madrid, etc.), con voluntad política tiene perfecta cobertura legal y posibilidad en la estructura del Estado autonómico actual, sin necesidad de otros mayores aspavientos federalistas.

Nos dicen quienes defienden eso que llaman “decir las cosas por su nombre” es decir, declarar el Estado Federal español, que “ni a Carod Rovira, ni a Iñigo Urkullu, ni a Miguel Sanz, les interesa lo más mínimo ese Estado Federal cooperativo. A la izquierda oficial y a la derecha confederada del PP tampoco, por razones oportunistas y porque se han adaptado a manejar las cosas al estilo nacionalista”. Y no les falta razón. Es verdad que no les interesa el Estado federal. Por eso los nacionalistas independentistas no están interesados, tampoco, en la figura federativa que es la Autonomía. Y por eso mismo, pese a la estructura federativa que es el sistema autonómico, ninguno de esos sujetos e instituciones mencionadas mueven ficha para definir competencias claras y precisas. No se crea nadie, pues, que, por una cuestión de nombre, la realidad iba a cambiar.

Y ya que en esos foros se menciona el caso alemán como ejemplo a seguir, he dicho en mi artículo anterior, que precisamente no es aplicable en España ¿Por qué? Pues lo repito:

· Diferenciación clara de funciones entre la administración del Bund y la del Land. Las funciones legislativas recaen sobre el Bund, mientras que las administrativas son propias del Land y de los municipios ¿Dejarán en España los nacionalistas que esto suceda, sin participar de la función legislativa? Me temo que no.
· En Alemania, son el gobierno y parlamento federales quienes definen, a las administraciones de los Estados federados, lo que éstas han de ejecutar. Con la existencia de un nacionalismo independentista este no podría ni negociarse en España.
· tanto constitucionalmente, como en los principios implícitos, no solo de las normativas de cada Land, si no en la esencia misma de la sociología política alemana (la cultura política germana), la cooperación interestatal, tanto entre los länder, como entre éstos y el Bund, es un hecho fundamental, obligado e irrenunciable. Si bien cada Estado vela por sus intereses, no se soslaya el deber que tienen los Estados más ricos de ayudar a aquellos de menores ingresos. Su cultura política no se basa en el conflicto, sino en la proporcionalidad e integración vertical. El sistema alemán es un federalismo cooperativo, que solo es posible a partir de un irrenunciable sentido de unidad, que hace del sistema una estructura oscilante entre lo que podría ser entendido como una especie de centralismo y una gran cooperación para la ejecución de las tareas, sin perder el espacio de independencia de los Estados. No es ningún disparate decir y afirmar que el sistema federal alemán posee estructuras centralizadoras considerables que, por otra parte, hunden sus raíces en el mismo proceso de integración europea.

Evidentemente no es el caso de España, donde el separatismo y la más que demostrada insolidaridad entre regiones (léase política hidrográfica y fiscal por poner un botón de muestra, impensable en Alemania), son paradigma de una falta total de intención cooperativa interestatal. En España un posible consejo federal al estilo alemán (representantes de los länder) de länder separatistas, no actuaría como una fuerza de efecto centrípeto como en Alemania, sino como legalización de fuerzas emancipadoras y soberanistas.

FEDERALISMO Y ESTADO UNITARIO DESCENTRALIZADO

La razón por la cual no defiendo una estructura federal para el Estado español, es simplemente porque proponer esto es llover sobre mojado. Me explico: El sistema de las Autonomías es ya en sí un sistema federativo. No voy a proponer, por tanto, algo que ya está creado.

Alguien dirá que no es así. Y yo pregunto ¿Qué falta a esta estructura autonómica para ser un Estado federal? Lo diré:

1º Tener el valor de llamarse Federal (cuestión de palabras como veréis).
2º Un Parlamento Federal, es decir, una cámara de representación territorial (como el Senado de los Estados Unidos de Norteamérica) o un Consejo Federal (como el caso de Alemania).
3º La clara delimitación de las competencias territoriales y del Estado Federal.

Como supondréis, lo primero, como cuestión de palabras no merece mayores comentarios ni interés. Pero, lo segundo y tercero, estrechamente relacionados e interdependientes, es digno de ser tratado, no solo por los aspectos técnicos y jurídicos que ofrece, si no, sobre todo, por el contexto histórico y sociológico en el que se pretende ofrecer.

El contexto histórico y sociológico español no creo que sea necesario explicarlo: Reivindicaciones soberanistas, independentistas en territorios como Euskadi, Cataluña, Baleares, Galicia, y con menor virulencia pero no menos importante, Canarias (por no cansar y comentar que en cada comunidad hay grupos separatistas).

Una cosa es aplastar la identidad de un pueblo y su cultura y otra que, en nombre de pueblo y cultura, no aplastados (porque la actual Constitución española garantiza los mismos derechos, deberes, libertades y servicios estatales por igual a todos los ciudadanos miembros del Estado español), ciertos grupos, pueblos o etnias intenten legitimar la opción separatista, independentista, soberanista (como quieran llamarle). Creo que solo es legítimo levantar la bandera de la independencia cuando están conculcados los derechos de los ciudadanos y los valores de identidad cultural. Pero esto no es ni con mucho el caso de España.

Por tanto, cualquier opción separatista no puede tener otro fundamento, dada la realidad política española, que dos intereses, los cuales me atrevo a definir sin ambigüedades, de naturaleza “criminal”. Una, los intereses de poder mezquino de élites locales, que encienden las más bajas pasiones étnicas, para lograr un control político total sobre un territorio. La otra, los fundamentos étnicos, que si conllevan la voluntad de separación, no tienen más sentido ni más valor que el sentimiento xenófobo, inaceptable y hasta punible.

Que nadie se engañe con las bondades del federalismo en boca de los nacionalistas. Son la trampa mortal para colar una vía hacia su persistente camino independentista.

Me parece que lo coherente como propuesta política, tomando en cuenta el contexto histórico y sociológico, es la opción del Estado unitario descentralizado. El creciente peso de los nacionalistas en los órganos de decisión del Estado, con sus pretensiones secesionistas, constituyéndose en bisagras de los dos grandes partidos para optar a gobernar el país, a cambio de peligrosas concesiones y de generar asimetría en los derechos y deberes de los ciudadanos, el panorama de balcanización que supone el constante desafío impertinente del nacionalismo vasco y catalán, es insostenible e indefendible.

Por tal motivo, el replantearnos de la estructura del estado con propuestas en dirección al Estado federal, es sobre todo peligrosa e inoportuna. No tanto por lo que es en sí el federalismo (magnífica estructura del Estado en condiciones como las planteadas a España, si solo valorásemos la diversidad cultural y los orígenes históricos de los antiguos reinos, señoríos y condados feudales), sino por dos motivos esenciales:

1º.- Porque, como ya he dicho, el sistema autonómico es una forma federalista, así es que ya estamos embarcados en una estructura federativa. No hace falta, pues, introducirla.

2º.- Y para mi muy importante: Plantearse ahora como propuesta política la estructura federal del Estado, dejará la clara impresión a los votantes de una nueva concesión hacia los nacionalistas y un distanciamiento cada vez mayor de un urgente y necesario planteamiento de un Estado fuerte ante las Autonomías.

El replanteamiento del Estado como Federal no aporta nada nuevo, ni mejorable, en relación a lo ya obtenido con la estructura autonómica (y lo iremos viendo a través de este artículo). Mas bien, al contrario, este replanteamiento nos expone a facilitar la apertura de puertas a futuros conflictos, principalmente con los nacionalistas, que es evidente buscan el menor resquicio por donde introducir sus tesis independentistas, además de abrir debates por ahora inoportunos, como el papel de la Monarquía en la estructura federal, porque, si bien es cierto que, con voluntad política es posible compatibilizar la institución monárquica y el federalismo, estrictu sensu, este último es un concepto de índole republicana. Y el problema no es menor, toda vez que, mezclado con los intereses nacionalistas, deslegitimar la Corona, institución histórica a través de la cual se ha vertebrado España, es también dar herramientas legitimadoras de desvinculación a los nacionalistas.

Si entramos, por otra parte, al análisis de las experiencias federativas para justificar la conveniencia del federalismo en España, hemos de decir que las realidades políticas que mejor han funcionado utilizando la estructura federal, no son comparables con España porque sus condiciones son diferentes.

El ejemplo arquetípico ha sido siempre la federación de los Estados Unidos de Norteamérica. Lo primero que hay que destacar es que, contrario a la corriente conductista (que es en la que se ha inspirado el fundamento teórico del que ha surgido el sistema autonómico), en Estados Unidos de América del Norte no existe ningún fundamento para la estructura federativa que implique heterogeneidad sociológica, ni multicultural. Se trata de un país bastante homogéneo culturalmente y de muy pocas diferencias económicas entre los territorios. Así y todo, no fue precisamente la estructura federal lo que la salvó del conflicto secesionista (su guerra civil), pues que, antes bien, como estructura la facilitó bastante (aunque no digo que sin ella hubiera podido evitarse).

Tras la guerra de la independencia, las trece colonias atravesaron un periodo de anarquía, en el que cada Estado buscó su propio desarrollo, a veces en detrimento de sus propios vecinos. Tanto los Artículos de la Confederación como el Congreso del Estado Confederado parecían papel mojado. La posibilidad de estructurarse como Estado obligó, en un momento dado, a que prevalecieran fuerzas con sentido centrípeto, contrario a lo sustancial del confederalismo. De hecho se recurrió a un sistema más vinculante y vertebrador, plasmado en la Constitución de Filadelfia, del que surgirá eso que entendemos como federalismo interestatal.

Pero ojo a la nota que voy a introducir: En toda la historia política del federalismo, sólo EEUU. obliga constitucionalmente a los Estados miembros, a través de un poder legislativo común, que puede imponerse directamente a los ciudadanos pertenecientes a cada uno de los Estados. La pregunta es si en España las fuerzas nacionalistas permitirían semejante Legislativo. Evidentemente no.

Por otra parte, el poder del Estado federal sobre los Estados miembros de la Unión se ha hecho, y de manera más acelerada en las últimas décadas, cada vez mayor. Por ejemplo, ha crecido considerablemente el poder de imponer impuestos y políticas de gastos destinadas al bienestar social. El sistema económico y el sistema social esta cada vez más controlado y regulado por la administración federal.

Para rematar el famoso ejemplo americano, decir simplemente que padece de los mismos males que empezamos a observar con relación al sistema autonómico: duplicación de estructuras y servicios administrativos entorpeciéndose mutuamente y encareciendo el gasto del Estado.

Cojamos ahora el otro modelo arquetipo: el federalismo alemán.
A diferencia del modelo interestatal americano, los alemanes han sentado el federalismo intraestatal. Y observen ustedes lo que le define este:

• Diferenciación clara de funciones entre la administración del Bund y la del Land. Las funciones legislativas recaen sobre el Bund, mientras que las administrativas son propias del Land y de los municipios ¿Dejarán en España los nacionalistas que esto suceda, sin participar de la función legislativa? Me temo que no.
• Existe, en efecto, una participación de los gobiernos de los Länders a través del Consejo Federal (el Bundesrat, que es el órgano de representación de los dieciséis Estados federados de Alemania y cuyos miembros son nombrados por los Gobiernos de los Estados federados), pero en Alemania, son el gobierno y parlamento federales quienes definen, a las administraciones de los Estados federados, lo que éstas han de ejecutar. El Consejo Federal solo tiene la facultad de participar (y solo en aquello que afecta a los Estados federados, aprobando, rechazando o sancionando las leyes federales que afectan a sus competencias). Sin embargo, tanto constitucionalmente, como en los principios implícitos, no solo de las normativas de cada Land, si no en la esencia misma de la sociología política alemana (la cultura política germana), la cooperación interestatal, tanto entre los länder, como entre éstos y el Bund, es un hecho fundamental, obligado e irrenunciable. Si bien cada Estado vela por sus intereses, no se soslaya el deber que tienen los Estados más ricos de ayudar a aquellos de menores ingresos. Su cultura política no se basa en el conflicto, sino en la proporcionalidad e integración vertical. El sistema alemán es un federalismo cooperativo, que solo es posible a partir de un irrenunciable sentido de unidad, que hace del sistema una estructura oscilante entre lo que podría ser entendido como una especie de centralismo y una gran cooperación para la ejecución de las tareas, sin perder el espacio de independencia de los Estados. No es ningún disparate decir y afirmar que el sistema federal alemán posee estructuras centralizadoras considerables que, por otra parte, hunden sus raíces en el mismo proceso de integración europea.

Evidentemente no es el caso de España, donde el separatismo y la más que demostrada insolidaridad entre regiones (léase política hidrográfica y fiscal por poner un botón de muestra, impensable en Alemania), son paradigma de una falta total de intención cooperativa interestatal. En España un posible consejo federal al estilo alemán (representantes de los länder) de länder separatistas, no actuaría como una fuerza de efecto centrípeto como en Alemania, sino como legalización de fuerzas emancipadoras y soberanistas.
Debemos sumar a este argumento, de hechos constatados en la historia de las Autonomías, otros hechos diferenciales entre Alemania y España, como es, por ejemplo, que en la estructura federativa del país germano, no juega ningún papel la heterogeneidad de territorios, la multiculturalidad, porque Alemania es culturalmente homogénea, con muy escasas diferencias económicas y nadie cuestiona la unidad lingüística. En realidad, el federalismo alemán funciona, no por sus bondades intrínsecas, si no, por el contrario, por la condición que precisamente carece España: el altísimo grado de homogeneidad social y cultural del país, y el altísimo grado de cooperación y entendimiento entre las partes.

Y de experiencias históricas que funcionan, pasemos a la teoría del federalismo y el caso autonómico español (porque de las experiencias erráticas solo cabe decir dos cosas: o terminan en guerras del tipo “balcánico”, o son papel mojado ante un Estado federal que, de hecho, actúa con la contundencia de un Estado centralista).


Desde la raíz misma del concepto hemos de plantear la diversidad de fundamentación en torno al mismo. En alguna parte mencioné la corriente teórica conductista que fundamenta al federalismo sobre la base de diferencias étnicas, religiosas, económicas entre sociedades identificadas o identificables en un determinado espacio delimitable.
Este ha sido, esencialmente, el fundamento sobre el que se asienta el reconocimiento de las Autonomías en el territorio español. Por ello digo que, además de ya estar instalado el federalismo en la estructura del Estado, el conductismo ha sido el enfoque que ha imperado en gran medida en el sistema de nuestras autonomías.

Frente a esta concepción reaccionaria (todo reconocimiento-claudicación a la realidad es reaccionario. Más aún cuando renuncia a la utopía, y a trascender una realidad que, por otra parte, es una construcción perceptiva, además de ser construida por el propio ser humano, y por lo tanto, perfectamente transformable y superable). Frente a esta concepción, digo, nos encontramos con la concepción que se conoce como el enfoque institucional. Ésta concepción no parte ni se fundamenta en consideraciones de tipo “étnico,” o “heterogeneidades de la estructura económica,” o en las “diferencias culturales profundas” (multiculturalidad), “el universo de valores y emociones discrepantes”. Por el contrario, sus fundamentos son consideraciones puramente técnicas, a tenor de objetivos funcionales y administrativos. Se considera aquello que es más práctico al funcionamiento del aparato del Estado al servicio de los ciudadanos (como ejemplo, Alemania y EEUU., sociedades muy homogéneas en todos los aspectos).
De más está decir que hubiese sido el único fundamento válido para defender una estructura federativa del Estado. Pero, pese a este argumento, verosímil y cierto, en España existe, y nadie lo puede ignorar, una falacia: Los que defienden la estructura federal, en el mejor de los casos, son inocentes que desconocen el contexto. Y en el peor de los casos, separatistas que lo pretextan para avanzar en sus pretensiones soberanistas.

Hay varias expresiones o formas estructurales de federalismo:

• Una federación, es decir asociación de varios Estados, que ceden soberanía a un poder federal y se estructuran como una sola nación.
• El Estado unitario con estructuras federativas o descentralizadoras. QUE ES LO QUE PROPONGO, dado que es un hecho consumado.
• Estados confederados

En todos los casos se parte del reconocimiento de los derechos de las colectividades a reconocer su identidad peculiar y darle legitimidad a través del aparato jurídico del Estado, creando cuerpos de leyes y estatutos donde queda comprendida la auto delimitación; pero siempre dentro del marco de la Constitución.
Hasta donde alcanza mi entendimiento del problema, este ha sido el procedimiento en el caso de las Autonomías españolas. Nada hay pues que aportar nuevo en este sentido.
Cuando hablamos de federalismo, hablamos de descentralización como argumento principal (si seguimos la corriente o enfoque institucional, que es, en todo caso, el éticamente aceptable). Es decir, hablamos de descentralizar la organización política y administrativa como contribución a la optimización del ejercicio democrático de los ciudadanos, de la distribución de los recursos, la adecuación y acercamiento de los servicios públicos al ciudadano, en función de las peculiaridades y demandas consecuentes.
Y en efecto, la regionalización, las Autonomías, pueden y deben contribuir a la mayor eficacia y operatividad de todo esto, pero es también, como en toda estructura de índole federativa, un riesgo auténtico en el que el objetivo se pervierte, degenerando en la reproducción a escala local, de los vicios de cualquier Estado centralizado, aparte de multiplicar la burocracia y entorpecer las acciones del Estado por duplicidad de funciones e instituciones. Por no decir, que facilitan la constitución de grupos de poder local, refugio de las oligarquías feudales. Efectos todos que ya hemos experimentado en este país, aparte de que el problema sustancial en España no es tanto el de las transferencias administrativas, ni el del acercamiento de las instituciones a la ciudadanía y los problemas locales a través de la autogestión. Todo ello bajo la bandera autonómica se ha desarrollado y es perfectible. Por tanto, detrás del tecnicismo federalista, no se está demandando este tipo de cuestiones. En España se exige trasferencias de carácter soberanista que no tienen otra dirección que el separatismo, la desintegración del Estado.

Para completar lo que se encierra en la concepción federalista, debemos además aclarar que en este concepto caben modelos diversos. Desde el modelo de federalismo intraestatal, el interestatal, el federalismo cooperativo y dual y las estructuras descentralizadoras como son las regionalizaciones y las autonomías (esta última es el caso de España).

Llegado el caso de intentar vertebrar sociedades de diversidad étnica, religiosa, social, ciertamente el federalismo es una estructura adecuada, pues en principio permite compatibilizar diversidad y vertebración política, preservando diversos nichos ecológicos humanos, estableciendo una estructura flexible y dinámica, en la que se reconocen intereses y valores que pueden entrar en conflicto y se establece el marco jurídico para superarlos. ESTO LO HA OFRECIDO YA EL SISTEMA AUTONÓMICO EN ESPAÑA, por lo cual, lo que cabe es perfeccionar ese marco y establecer claramente las competencias y límites de cada Autonomía y sus obligaciones y deberes con el Estado que las vertebra.

Según uno de los más destacados politólogos, Rainer-Olaf Schultze, el federalismo supone como mínimo dos funciones:

1. La separación y delimitación del poder mediante la división vertical de poderes, dando protección a las realidades colectivas singulares (de carácter étnico, cultural, con identificación de espacio) otorgándoles autonomía territorial.

2. Desarrollar una función integradora y vertebradora en sociedades heterogéneas. El federalismo supone construir e institucionalizar un equilibrio en el que pueda armonizarse un nivel de unidad y un nivel de multiplicidad, posibilitando la integración de objetivos sociales diversos.

Pues bien, ambas funciones, hasta donde llega nuestro entendimiento, están ya ofrecidas en el sistema autonómico español. De manera tal, que sigo insistiendo que es inútil y redundante plantear la estructura del Estado en un sentido federalista, por cuanto que ya, en si, el sistema de las Autonomía lo es.


El objetivo esencial de cohesionar sociedades que presentan significativas diferencias culturales y sociales (siguiendo la tesis conductista y los mínimos establecidos por Rainer-Olaf Schultze, ha sido el objetivo de las Autonomías y ha quedado claramente plasmado con el reconocimiento de los fundamentos históricos y culturales de las diferentes Autonomías llamadas de carácter histórico. Además, y siguiendo las tesis del enfoque institucional, las Autonomía no históricas, encuentran su sentido y marco en valores de índole práctico, plasmados en su existencia misma como realidades políticas destinadas a mejorar la administración, descentralizándola.
Brian E. Loveman, profesor de ciencia política en la Universidad de California, expone que se puede considerar la existencia de una estructura federal, cuando las estructuras estatales de decisión (los poderes ejecutivo, legislativo y judicial) están presentes tanto en el nivel federal como estatal, y ello esté garantizado en la Constitución, no pudiendo ser anulado por ninguno de los dos niveles. Y es aquí donde está el verdadero problema de España: La delimitación de las atribuciones estatales y de las instituciones territoriales, puesto que aquí no se han delimitado de modo definitivo. Ha quedado todo abierto a permanente discusión.
El problema es que no se ha cerrado, no por otra cosa, sino por la perversión de la situación política española, que tolera de un modo anómalo y contra toda lógica de derecho y coherencia jurídica, existir a los independentistas, no solo como opinión, si no como partidos y poder político, cosa que ningún estado federal admitiría, porque de lo que se trata es de vertebrar y no facilitar tendencias soberanistas (¿En qué Estado, salvo el español, se permitiría la legalización de un partido político que no jura a la Constitución del Estado, y admite una fórmula carente de sentido y fuerza jurídica, como es el acatamiento por fuerza mayor?).

La figura autonómica como estructura de naturaleza federativa está en cualquier manual de teoría del Estado. No voy pues a redundar en que España no necesita hablar de federalismo porque ya goza, o sufre de sus “bondades”. Guy Heraúd hace un recuento de las características que debe guardar una estructura Autonómica:
La sociedad que la conforma podrá apelar a los siguientes derechos para estructurase como comunidad autónoma:

• Derecho a la autoafirmación.
• Derecho a la a autodefinición. Que le capacita para trazar sus fronteras y límites políticos y geográficos.
• Derecho a la autoorganización.
• Derecho a la autogestión. A gobernarse y administrarse libremente dentro de su propia normativa.

Y evidentemente todos estos ítems se cumplen en nuestro caso, por lo que, además de reafirmar la estructura federativa que insisto tiene ya el país, nos lleva a preguntar ¿Qué más se puede pedir? pues con bastante certeza puedo decir que la independencia.
Llegados a este otro punto, quiero rematar lo que en cambio debemos exigir en materia de estructura del Estado que, por lo demás, forma parte de la teoría política en lo que se refiere a la delimitación de deberes y derechos del sistema autonómico.
Todo sistema Autonómico debe obedecer a:

• Un principio de subsidiariedad. Donde la comunidad autónoma debe adquirir solo aquellas competencias y poderes que puede ejercer eficazmente. Todo lo demás se debe transferir al Estado supra-autonómico.
• Un principio de participación o unidad. Las comunidades autónomas deben participar activamente en la toma de decisiones del Estado, debiendo propiciar la participación de las comunidades, siempre bajo el principio de la unidad.
• Un principio de cooperación y solidaridad. Sin este principio sería inviable la existencia misma del Estado autonómico. Debe establecerse la complementación entre las comunidades, la cooperación y la coordinación entre las mismas.
• Un Principio de garantías. Capaz de organizar y dar viabilidad y vertebración al Estado autonómico en su conjunto. Ello requiere de Tribunales supra-autonómicos, con competencia jurisdiccional sobre todo el territorio, obligatoria y vinculante, que sean capaces de asegurar la vertebración del Estado y las competencias establecidas, y capaces de garantizar la ejecución de las decisiones de los tribunales mediante órganos con capacidad coercitiva.

Llegados a este punto, cabe hacer la siguiente pregunta: ¿En este contexto de cosas, qué se reclama en realidad con el federalismo?
Quienes idearon este engendro llamado Autonomías, vendieron la mercancía con el siguiente argumento:
Las Comunidades Autónomas constituyen la máxima forma de descentralización política. El Estado cede competencias en materia ejecutiva, legislativa y judicial a todas las Autonomías.
Se ha argumentado y fundamentado este proceso de descentralización autonómico, constituido principalmente en transferencia de poder político, como refuerzo del proceso de democratización, potenciando la participación ciudadana en la dirección y gestión de los asuntos públicos de su jurisdicción territorial y como una de las soluciones más idóneas para enfrentar los problemas de subdesarrollo regional.
Si de eso se trataba, y en este contexto y sentido surgió el sistema autonómico, no veo la razón de redundar ahora en el hecho federalista, porque, como insisto en este mismo texto, esta estructura está dada. Por tanto, si ahora se viene a replantear, es más que razonable la sospecha de no ser por otra cosa que por una intención perversa de dar un paso más hacia el soberanismo y la ruptura del Estado.
En caso contrario, hubiera bastado con plantear perfeccionar el sistema, delimitar claramente las competencias del Estado y las Autonomías y echar a rodar de manera definitiva. O sea, plantear, determinar, definir y fijar claramente las competencias esenciales del Estado, que son:

• Legislar (sobre todo ese conjunto de leyes estatales supra autonómicas, destinadas a la vertebración del país y a garantizar la unidad y la igualdad de todos los ciudadanos en cualquier lugar del territorio que, puestos a hablar de federalismo, actuarían a modo de leyes federales y que supondrían, también, que duda cabe, la definición de delitos estatales, equivalentes a los delitos federales. Entre ellos, todos aquellos que atenten a la unidad nacional, o sea lesivos para ella o constituyan ofensa hacia sus instituciones, símbolos e identidad. Un cuerpo jurídico que no podría ser contravenido por las legislaciones locales).
• Definir y conducir las relaciones exteriores, asumir las competencias de defensa, interior.
• Servicios básicos que garanticen la información y prestaciones sociales idénticas para cualquier ciudadano, en cualquier rincón del territorio y garantizar en el mismo la igualdad de derechos y deberes en materias fundamentales como sanidad, educación, sistema fiscal y tributario.

Del mismo modo, plantear, determinar, definir y fijar claramente las competencias de los gobiernos autónomos y sus instituciones, en el marco de la Constitución y las leyes supra-autonómicas y crear un Consejo Autonómico al modo del Consejo Federal alemán –el Bundesrat- con idénticas funciones a ese (que bien podría ser la Cámara de Senadores).
Ni siquiera estoy planteando competencias exclusivas de una u otra instancia política (El Estado que engloba a las Autonomías o las Autonomías), porque bien pueden compartirse las competencias, fijando claros criterios. Por ejemplo, por citar uno de los problemas más acuciantes a resolver. No es incompatible permitir competencias en materia educativa a las Autonomías, y que el Estado establezca escuelas, colegios y Universidades estatales, en la lengua vehicular del Estado, garantizando el derecho a la educación de aquellos ciudadanos que, por diferentes motivos desean, necesitan y sobre todo, tienen el derecho a educarse en la lengua del Estado (inmigrantes que solo hablan el español, españoles que no hablan las lenguas co-oficiales y que residen en alguna Autonomía de lengua co-oficial, o simplemente ciudadanos nativos de esas autonomías que quieren ejercer el derecho a ser educados y aprender la lengua oficial).

Por todo lo dicho, y porque forma parte de la teoría política y del Estado, redundo finalmente en lo que comencé diciendo al principio de este texto y que he venido repitiendo en el transcurso del mismo: No es necesario replantear la estructura del Estado con un sentido federalista, porque el sistema de las Autonomías es ya un sistema federativo y cuenta con todos los instrumentos para desarrollar las exigencias y requerimientos de esta estructura. Lo único que hay que plantear en este sentido, es cumplir con los requisitos básicos que plantea la teoría política: determinar, definir y fijar claramente las competencias esenciales del Estado, y zanjar de una vez y para siempre la unidad política de España y punir sin complejos, como sucede en no pocos países federales o de sistema centralizado, igualmente demócratas, todo aquello que atente a la unidad nacional o constituyan ofensa hacia sus instituciones, símbolos e identidad. Y conste: No por un concepto étnico de patria. Simplemente por una racional coherencia acerca de una organización construida para servir al desarrollo de una sociedad y para defensa de sus derechos sociales, civiles e individuales.

PONGÁMONOS LA MANO EN EL CORAZÓN

Habrá primero que ponerse la mano en el corazón. Lo cierto es que, lo que realmente duele a muchos de los que se posesionan en una actitud españolista como contrapartida a los nacionalismos vasco, catalán, valenciano, gallego, etc., es la amenaza que esos nacionalismos suponen para el sentimiento, no menos nacionalista, que podríamos denominar españolista.

Quiero dejar claro pues, que la crítica que pueda hacer a los movimientos nacionalistas separatistas no he de hacerla desde un sentimiento nacionalista español. Es difícil justificar, argumentar y fundamentar un nacionalismo sin que esa misma justificación, argumentación y fundamentación no sea válida para otro nacionalismo. Difícil criticar uno sin que esa crítica deje de ser aplicable a otro, puesto que todo nacionalismo tiene la misma raíz o fundamento. Y en tanto que así, todo nacionalismo tiende a los mismos males y perversidades.

El nacionalismo, no hay que olvidarlo, sea vasco, o sea español, etc., es eso: nacionalismo. Este concepto reúne varios aspectos que interesa analizar. De un lado, hace referencia a la existencia de un rasgo que se percibe común a un conjunto de personas, y exclusivo de ellas, y que, a través del mismo, esas personas se identifican entre sí. Pero no se trata de un rasgo cualquiera, como puede ser un oficio o profesión, un sexo, un grupo de edad, un equipo deportivo, una corriente estética, un estamento o clase social, una religión, etc... (Por cierto, rasgos igualmente dañinos cuando cobran un carácter excluyente, y se constituyen como fundamento de discriminación, enfrentamiento social, y en fin, no reconocimiento de la identidad humana que nos une). El nacionalismo hunde sus raíces y fundamentos más esenciales en lo étnico. Por un lado, hace que un conjunto de personas se identifiquen entre sí a través de unos rasgos de carácter racial. Factor genético que define, aglutina e identifica a un grupo humano (concepto trasnochado de raza. La moderna genética nos habla de rasgos adaptativos). De otro, una serie de aspectos culturales que se supone ligados, propios a ese carácter racial (lo propiamente étnico).

Sobre la base del rasgo étnico (supuesta simbiosis natural de raza y una expresión cultural que se entiende como atributo propio y pertinente de la raza) se genera un sentido de identidad. Por lo que a esa identidad se le atribuye unos valores propios y únicos (pertinentes a la raza).

Cierto que toda identidad, ya sea la de un individuo, o la de un colectivo, es necesaria. El problema se suscita a partir del carácter que ha de tomar el sentimiento de autoestima que conlleva implícita toda identidad y los fundamentos sobre los que se estima. La perversión más notoria de toda actitud nacionalista es la autovaloración con desprecio del valor de los demás. Es la exclusión que conduce a la marginación del otro, y a su desprecio. Por esta línea se llega a la xenofobia.

La primera perversidad de un nacionalismo es entender como distinto en esencia lo que, como género humano, no resulta más que una anécdota, o si se quiere, un punto de vista, un enfoque, y una forma de solucionar problemas que, en unidad, integración, vertebración, no serían otra cosa que aportación y complementariedad, que enriquecerían al género humano. Nunca motivo de distancia y antagonismo.

La segunda perversidad es consecuencia de la primera: es la fragmentación de la especie humana. La tercera perversión del nacionalismo, consecuencia de las dos anteriores, es un inevitable sentimiento de superioridad que, además, conduce lógicamente hacia una actitud de exclusión de todo aquello que no se percibe como lo propio.

En todo nacionalismo existe una propensión a que el sentido que cobra la autovaloración de la identidad, se oriente hacia ese sentimiento de superioridad y a esa actitud de exclusión. Los rasgos en torno a los cuales se construye la identidad nacional han de ser rasgos diferenciadores, que distinguen al grupo de los otros grupos o realidades nacionales. Se conciben, pues, como únicos y propios. Estos rasgos no solo cumplen con el objetivo de distinguirnos de otros. El nacionalismo propende a considerarlos mejores que cualesquiera otros, y por tanto, a entenderlos como superiores.

Pero, la verdad, es que ninguna cultura es producto de las características genéticas de una raza. Toda cultura surge de unas condiciones complejas, interrelacionadas, y mutuamente inter condicionadas, donde el factor genético no tiene nada que decir. No vamos a hacer aquí un análisis de la naturaleza de la cultura, pero bástenos un ejemplo muy simple para entender lo que se quiere decir: El comportamiento moral, el enfoque de mundo de un sujeto no depende de su genética, sino de las condiciones sociales, económicas, culturales y afectivas en que se ha desarrollado su existencia.

Ningún rasgo étnico. Ningún rasgo lingüístico o cualquier otro tipo de rasgo cultural puede ser fundamento para sentirse mejor que otro, o tan diferente en la condición humana como para ser capaz de crear fronteras dentro de la especie, conducentes a riesgos potenciales de guerra y liquidación (y ese riesgo está patente en toda frontera político-administrativa).

Sin embargo, no nos engañemos tampoco con el canto de sirenas de muchos planteamientos políticos que abanderan la idea de la integración (y esto es una llamada al nacionalismo español). Ninguna idea de integración y unidad de la especie puede justificar negar a un grupo su hecho diferencial, su lengua y su cultura.

A esta altura se hace necesario decir que este no es el caso. La España de las Autonomías es ejemplo del respeto a los hechos diferenciadores de los distintos nichos culturales que la conforman. Y aún más allá de etnias y nacionalidades históricas (discutibles), también se respetan condiciones particulares de diversas regiones.

Algunos han querido argumentar (y ya trataremos de esos argumentos debidamente en otra ocasión), que no toda defensa de movimientos nacionalistas puede ser considerada de forma negativa (sea el caso, por ejemplo, de palestinos y saharauis). Incluso algunos van más allá diciendo que en realidad no se defiende la causa del nacionalismo en estos casos, sino allí donde un pueblo está aplastado. Poco convincente resulta semejante argumento, porque, en efecto, habría que precisar a qué, exactamente, se considera aplastado. Por ejemplo, de todos es conocido que los separatistas catalanes y vascos arguyen el aplastamiento de sus pueblos por el Estado español fascista. Sin embargo, hasta donde sabemos todos, en Euskadi y Cataluña no solo se habla sus respectivos idiomas, sino que, incluso, se discrimina el español. Euskadi, Cataluña, Galicia, y en fin, todas las Comunidades Autónomas cuentan con sus propias instituciones políticas (empezando por las de autogobierno), instituciones sociales y culturales, que son respetadas y garantizadas por la ley, como lo son todas sus tradiciones, costumbres y valores de identidad. Todos los ciudadanos pertenecientes a las comunidades autónomas de los citados gozan de los mismos derechos y deberes que cualquier otro ciudadano de España (y paradójicamente, lo que acabo de decir, no es del todo cierto: en particular catalanes y vascos gozan de más derechos. Tema del que podríamos hablar. Pero baste un hecho sencillo para botón de muestra: un vasco y un catalán pueden optar a una plaza por oposición en cualquier rincón del Estado español, simplemente sabiendo español. El resto de los ciudadanos no pueden optar a aquellas plazas cuyo destino son esos territorios, a menos que conozcan los idiomas pertinentes. Así pues, las oportunidades de vascos y catalanes se multiplican mucho más que para el resto de los ciudadanos españoles).

España se rige por una Constitución democrática. A pesar de todo ello, los nacionalistas vascos dirán, y dicen a todo aquel que les quiere oír, que viven bajo la opresión del Estado español.
Cuando existen las mayores garantías para la identidad cultural, social y política de un pueblo, y las mayores garantías para los derechos ciudadanos, como ocurre con los casos citados, éstos no se pueden equiparar se a situaciones de aplastamiento como pueden ser los casos de palestinos, kurdos, saharauis, o los quechuas, aymaras y mayas.

Ciertamente que podemos seguir esgrimiendo como argumento el tan manoseado derecho de autodeterminación de los pueblos. Aparte de ser bastante discutible como derecho una formulación que, en última instancia, propicia la fragmentación del género humano sobre fundamentos étnicos, yo me pregunto (y os lanzo la pregunta a vosotros): ¿Qué mueve a un pueblo, absolutamente respetado en su identidad, y a sus miembros, iguales en derechos y deberes que cualquier otro ciudadano del Estado del que forman parte, dentro de un Estado democrático, a desear separarse? Las respuestas no pueden ser más que inconfesables. Desde el interés de un grupo de poder que desea crear su feudo, hasta los sentimientos más profundamente racistas. No hay más alternativas como respuesta.

VOX CLAMANTIS IN DESERTO.

El cinismo institucional.- La Generalitat catalana y el Colegio de farmacéuticos de Cataluña, han elaborado un “tranquilizador de conciencia” para sus malas conciencias, que es lo que realmente constituye eso que denominan “Protocolo de atención farmacéutica para dispensar la píldora del día después”.

A mi que hagan lo que les de la gana. No por otra cosa, sino porque nada puedo hacer para que los sátrapas que gobiernan este país, cometan toda clase de tropelías. Pero, por favor, además no me traten, ni a mi, ni a muchos más, como a imbéciles.

La noticia, cuyo título pone ya en guardia (“las farmacias catalanas interrogarán a las menores”) recoge la siguiente información: “…entre los protocolos a establecer, está una entrevista con las chicas de entre 13 y 16 años, para determinar su grado de madurez y por tanto, valorar la conveniencia de utilizar la píldora.

Pues la verdad es que no sé por dónde empezar (si llorar o dar un puñetazo en la mesa por el escarnio cínico a nuestra inteligencia). Ahora resulta que los farmacéuticos pueden ejercer (¡Viva el intrusismo profesional!) de psicólogos (pues evaluar el grado de madurez requiere de un profesional especializado). Además de poder ejercer como psicólogo, resulta que los farmacéuticos (no lo sabíamos. Ahora sí), son geniales. Psicólogos geniales. Con una sola entrevista serán capaces de determinar el grado de madurez de unas adolescentes de entre 13 y 16 años (edad arquetipo de la inmadurez).
Y nosotros sin saber estas virtudes de los farmacéuticos ¡¡En sólo una entrevista serán capaces de determinar el grado de madurez de unas jovencitas!!

Pero el despropósito no acaba aquí (nos quieren hacer beber hasta el último cáliz de la humillación a nuestra inteligencia). Además de psicólogo, resulta que el farmacéutico también estará capacitado para “comprobar que la interfecta no padezca de disfunción hepática o gastrointestinal. Es decir, no sólo podrá ejercer de médico (además de psicólogo), auscultando y determinando si hay o no patologías, sino que, ¡Oh maravilla! Lo podrá hacer, según se desprende de la noticia, así, sin más, sin analíticas, a buen ojo tendrá la capacidad de determinar el estado de salud de las interfectas ¡SON GENIOS ESTOS FARMACÉUTICOS. Y NOSOTROS SIN SABERLO, CARAY!

Pero aún, para mayor INRI, hay más. Sumado a todos estos supuestos surrealistas, los farmacéuticos deberán hacer todo esto y la entrevista, en un espacio apartado (privado). Vamos, en la rebotica (o habrá que habilitar un espacio a propósito, con los consecuentes desembolsos económicos ¿De quién? ¿Estarán dispuestos los farmacéuticos a esos gastos? ¿Será a cargo del erario público? Y todo esto suponiendo un inexistente patrón común para todas las farmacias en espacio y personal (porque, sabrán todos, a nadie se nos escapa, que las hay grandes y pequeñas, con mucho o escaso personal).

Después de ejercer de psicólogos, médicos, pasarán a ser vehículos de otro “tranquilizador de conciencias” para las malas conciencias de quienes nos han metido en todo esto: Como se venderá sin receta médica (la pildorita de marras se entiende), no habrá ocasión para que un médico pueda indicar los efectos secundarios posibles, o pueda evaluar los efectos específicos en la persona pertinente.
¡NO! Eso supondría una grave lesión al derecho de las interfectas: La píldora cuando ellas lo decidan, pase lo que pase. No pongan obstáculos.
Así pues, aquí tenemos nuevamente a nuestros farmacéuticos, que deberán informar a las interfectas de los efectos secundarios. Y como coletilla paternalista y buenista, de paso informarles de los riesgos que suponen las relaciones sexuales sin medidas profilácticas adecuadas (enfermedades venéreas) ¡Como si no supiéramos nosotros cómo se las gastan las angelicales, inocentes y dulces adolescentes que van por esos caminos a los 13 años! Cualquiera sabe que pasarían por encima del… iba a decir cadáver, pero será menos dramático y menos realista decir… pasarían por encima de la opinión de cualquier adulto si quieren hacer lo que quieren, porque para eso está la libertad. Para hacer burradas si me apetece.

Por último, la hipocresía, el cinismo, la careta de guardar las formas y nada más que eso (ser mentiroso, pero no parecerlo), pone la guinda: “Los farmacéuticos tendrán prohibido vender la píldora después de 72 horas de haber mantenido la interfecta relaciones sexuales… Y yo, nosotros, los idiotas del mundo a que nos han reducido los que gobiernan, preguntamos: ¿Cómo sabremos que han pasado o no esas 72 horas? ¿Nos lo va a decir la dócil, dulce, inocente, honesta, madura y responsable jovencita que, si tiene edad para saber de sexo y de relaciones carnales, acaso no debería saber, también, lo de las 72 horas? ¿Y si no lo sabe, le va a creer al farmacéutico? ¿Va a decir la verdad o mentirá, por si acaso? ¿Vamos a hacer una exploración vaginal para asegurarnos? ¿Acaso eso no sería una violación a sus derechos?

¿Saben lo que les digo? … ¡¡Váyanse a hacer puñetas!!

Bibiana Aído delenda est.
Trinidad Jiménez delenda est (por prestarse a esto. Ella que era de los pocos que respetaba del grupito que gobierna).
Zapatero delenda est.
PSOE delenda est (mientras sigua por tales derroteros).

DE PAÑUELOS Y DE DEMOCRACIA (II)

Entremos de frente en esta polémica.... ¿Hemos de plantearnos una sociedad con rasgos multiculturales? ¿Es ello posible? ¿O bien ha de plantearse la integración plena del inmigrante a nuestra cultura, abandonando sus modelos antecedentes (cuando estos son contrarios a nuestros valores fundamentales)?

Cualesquiera que fuese la estrategia a seguir (multiculturalidad o integración plena del inmigrante al modelo cultural de la sociedad que lo acoge), ambos casos requerirían de esa formación democrática, ya que, en el caso de una sociedad multicultural, los diversos grupos socioculturales resultantes, que habrán de compartir un mismo espacio, no tendrán más remedio que tolerarse, respetarse y en definitiva aceptarse.

Pero ¿Es esto verdaderamente posible?
Debemos entender que, exigir a aquellos inmigrantes que no comparten un modelo cultural basado en valores democráticos como los que sustentamos, que asuman esos valores, (como condición para residir en el espacio asociado a nuestro entorno cultural), no deja de ser una incidencia en su modelo cultural.
Es importante subrayar esto, dado que, esta exigencia, nos está revelando algo muy significativo: que nosotros mismos asumimos unos valores como irrenunciables por parecernos, desde nuestra cosmovisión de mundo y desde la consecuente emocionalidad, que dimanan de una verdad, una razón y una lógica irrefutables. Y por eso, los defendemos con toda la fuerza moral y convicción con que se asume aquello que se siente y entiende por verdadero.
Pues bien. Eso es lo que debemos entender. Eso es exactamente lo que le sucede al miembro de otra cultura con respecto a los valores y la cosmovisión de su modelo cultural. Tendría la misma resistencia y con los mismos mecanismos que opondríamos nosotros si nos quisieran obligar, por ejemplo, a aceptar que la mujer ha de ser un sujeto supeditado al hombre porque éste es, en el orden divino, el llamado a gobernar y decidir.

No digo con esto que no debamos asumir nuestra posición (ya que, entre otras cosas, es ésta la que precisamente nos permite plantearnos el respeto a la identidad de los otros). Por el contrario. Si reconocemos el derecho a la identidad de las otras culturas, es justo, también, que sea reconocido el derecho a la identidad de nuestra propia cultura.

Y en esta tesitura es que debemos plantearnos el problema de la multiculturalidad. Desde una concepción multiculturalista no cabe más que hablar de coexistencia en el mismo espacio de las diversas culturas.
Y en tal caso, para respetar íntegramente esos otros modelos culturales, en primer lugar, habría que definir muy bien quienes pertenecen a cada comunidad (porque, por ejemplo, en orden a lo moral, cada grupo exige a sus miembros una serie de comportamientos y actitudes morales que, de no ser observadas, constituyen materia de castigo). Quienes pertenecen y quienes no. A quienes les es exigible las pautas de cada modelo. Quienes pueden ser castigados y sometidos a las penas que son tradición cultural en su comunidad (como por ejemplo, qué jóvenes pueden ser lapidadas en España por cometer adulterio. Qué jóvenes pueden ser condenados a ser sus manos cercenadas por el robo. Qué jóvenes obligadas a casarse por mandato paterno con quienes los padres decidan. Qué jóvenes pueden ser sometidas al rito de la ablación del clítoris). Porque cuando se habla de multiculturalidad y respeto a las demás culturas, estamos hablando de esto. No de otra cosa.

En segundo lugar y consecuente con todo lo que estamos exponiendo, habría que crear un sistema multijurídico, con sistemas legales distintos, propios a cada modelo cultural. En tercer lugar, habría que idear un sistema capaz de contemplar el que cada comunidad tenga su espacio de realización. Y en cuarto lugar, legitimar las instituciones que le son pertinentes para preservar su modelo.

Con independencia al hecho que esta situación propende a generar lo que entendemos como guetos (cosa nada recomendable), debemos preguntarnos: ¿Es posible que, desde nuestros valores, desde nuestro más hondo sentir moral, podamos inhibirnos prudentemente, y podamos tener la conciencia tranquila, cuando comportamientos como los matrimonios concertados, la ablación del clítoris, la servidumbre de la mujer, o la lapidación de ésta por adulterio, y tantos otros aspectos que vienen entrañados en ciertos modelos cultural, tengan lugar en el seno de nuestra propia sociedad?

Pero, al par que todo esto, habría que plantearse otra cosa que no carece de importancia. Si pretendemos una sociedad multicultural (y ello porque precisamente somos demócratas), es evidente que los miembros de todas estas culturas deberán participar en las decisiones políticas. Deberán tener derecho a voto. Representantes. Instalarse como ciudadanos en las instituciones políticas y del Estado. La pregunta inevitable es: ¿Podría nuestra identidad cultural, o nuestra forma de vida democrática, subsistir, si aceptamos que aquellos cuyos valores no son democráticos, tengan voz, voto y decisión, capacidad de incidir sobre el tipo de sociedad que constituimos?

Algunos con ingenuo e ignorante buenísimo (los hay en gran número, y ese es el problema), creen que solo incidiendo en la cuestión que afecta a los valores democráticos (y en general a todo lo relacionado con los derechos humanos), se zanja el problema de la convivencia intercultural.
Ni mucho menos. La concepción de mundo (consecuente con un modelo cultural, ya que de este se desprende), resulta como consecuencia lógica de las premisas asumidas. Las premisas guardan una relación sistémica. Así pues, que nadie se llame a engaño: La variación de una premisa fundamental supone la variación de todas las demás. Si realmente incidimos en otro modelo cultural, con la pretensión de modificar sus valores en lo tocante a la ética democrática, debemos saber que, si esto se logra, es porque hemos alterado, también, todas sus premisas, y con ello, hemos alterado por completo ese modelo cultural. Damos al traste realmente con la multiculturalidad (al menos que la entendamos como la pervivencia de algunos rasgos folclóricos –danzas, aspectos culinarios, y poco más-)

En nuestra sociedad, en nuestro modelo cultural, todo el derecho emana, surge y se legitima desde, para y por el individuo. El actor social referencial es el individuo. De ahí que, toda la ética de la que se desprenden las libertades vaya dirigida hacia las libertades individuales. La cohesión social, la sociedad, resulta, así, un pacto de convivencia entre individuos. Y nuestro sentido de justicia y de derecho lo proclama en ese principio que se formuló ya en nuestra Grecia clásica: "el derecho del individuo termina donde comienza el derecho de los demás individuos," y que tan magistralmente recogiera la base de nuestro Derecho, el Derecho romano. Este es el principio que prevalece en nuestro modelo cultural y que culminó, para asentarse definitivamente, en esa eclosión histórica que fue la revolución francesa.
En nuestra concepción, la sociedad sirve al individuo. La sociedad se justifica de un modo instrumental en cuanto que tiene sentido para la realización del individuo.
No ocurre así en otros modelos culturales donde la perspectiva es justamente la inversa. El individuo tiene sentido en cuanto que sirve a la comunidad. Y es ésta, la comunidad, el sujeto o actor social referente. Lo que ha de realizarse es la comunidad. El sujeto es el instrumento y no el fin. El individuo no tiene libertad para decidir transformaciones sociales, sino que, por el contrario, es la sociedad la depositaria del derecho de imponer al individuo las reglas del juego. La sociedad no es un núcleo de voluntades individuales, sino un núcleo humano sujeto a un orden cuyo fundamento es divino, o bien coherente con un supuesto orden natural[1]. De ahí que, sociedades fundamentadas en tal concepción, estén más sujetas a hábitos y costumbres, a tradiciones, encontrando más entorpecimiento los procesos de cambio. Así mismo, y en consecuencia, el concepto de democracia les resulta ajeno, cuando no inmoral, ya que éste, consubstancialmente expondría a lesión las verdades absolutas sobre las que se asienta el orden moral que asumen.

Esta sola diferencia de perspectiva fundamenta modelos morales, organizaciones sociales y percepciones del derecho distintas, y si se quiere, opuestas. La una (la que tiene al individuo como sujeto de derecho y referente ultimo de la acción social), conduce hacia una concepción democrática de la sociedad, donde el individuo es el sujeto irrenunciable de derecho, resultando la voluntad individual inviolable. Mientras, en la otra, conduce a una concepción en la que la sociedad es un cuerpo sujeto a unos fundamentos situados por encima de las voluntades individuales, fundamentos de condición divina, o naturales, y a los que debe someterse la voluntad del ser humano (de ahí el carácter autocrático y teocrático de los Estados que han concebido[2]), donde el individuo, su sentido, su valor, y sus derechos, quedan sujetos y condicionados a la función que se les asigna conforme el orden que se deriva y establece de aquellos fundamentos.

De aquí que los valores democráticos resulten palabras huecas para un inmigrante cuya estructura mental, parte de otra concepción respecto a la identidad y el papel del individuo.
Antes de hablarle de los derechos individuales, habría que comenzar por replantearle el concepto de individuo y de su sentido en relación al grupo. Habría que comenzar por el propio sentido de la individualidad. Construir un sentido del SER en sí mismo, como finalidad. Pero, es que para ello, antes tendríamos que desestructurar todo su orden mental. Un orden mental que se corresponde a un modelo de mundo y realidad que, a su vez, vienen asociados y correspondidos a sentimientos enraizados, valores estructurados, cuya acción es precisamente afirmarlos.

Sin tener en cuenta todos estos planteamientos, resultaría un total disparate plantearse el proyecto de una sociedad multicultural. Y hacerlo, en los términos de un respeto exquisito a la identidad de cada cultura, no puede conducir (y ejemplos hay muchos hoy y en la historia) a otra cosa que a la creación de guetos, de grupos encerrados en espacios tan próximos, tan inevitablemente entrecruzados, que son abono seguro, terreno fértil para roces, desencuentros, conflictos, tensiones. La experiencia enseña que la cohabitación en el espacio de grupos que sustentan modelos con axiologías y paradigmas distintos y hasta opuestos es abono de conflictos interculturales. En estos casos es imposible hablar de multiculturalidad, a menos que entendamos por esto lo que conocemos como expresiones folklóricas.

Todo lo demás es un planteamiento ocioso y hablar de multiculturalidad no sería más que un eufemismo. Si de uno u otro modo, los inmigrantes, o sus hijos, son formados dentro de un modelo cultural basado en valores democrático, evidentemente es posible erradicar en gran medida conductas antidemocráticas. Pero si ello es así (si esto realmente se logra) no quepa la menor duda que es porque habremos echado abajo su modelo cultural, subsistiendo de él meros elementos folclóricos.


[1] O incluso una categoría abstracta, de fundamento racional, como la idea de Estado, entidad objetivada en las leyes, en la que se sintetiza la conceptualizad más perfecta para que guíe y ordene las voluntades. Es el caso de las concepciones totalitarias (comunistas y fascistas, que en esto se hermanan), y que nos demuestran que nosotros, los occidentales, no estamos tan libres de ciertas vertientes culturales que nos pensamos superadas.
[2] O Estados autoritarios y dictaduras, como es el caso de comunistas y fascistas.

DE PAÑUELOS Y DEMOCRACIA

En aquellos modelos culturales donde tiene cabida lo que los occidentales entendemos como democracia, se plantea un serio problema de coherencia cuando nos enfrentamos a otros modelos culturales, o incluso a grupos dentro de nuestra propia sociedad, que niegan aquello que es esencia de lo democrático: el derecho del individuo a decidir sobre su propio destino. Principio básico sobre el que se asientan todas las libertades individuales y sociales.

Y digo que se nos plantea como problema de coherencia, cuando, en efecto, nos encontramos con la urgencia de aplicar estos criterios ante grupos sociales o sociedades cuyos modelos culturales son distintos, y cuya distinción, precisamente, radica en la negación de los valores democráticos que sostenemos.
Ceñir nuestra actitud y nuestro comportamiento democráticos a la lógica y a la coherencia, nos conduce a sostener la tolerancia, el respeto, permitiendo que los otros, es decir, aquellos que son distinto a nosotros, actúen conforme sus propios criterios, aún cuando la concepción de mundo y la actuación de ese otro, constituyan un comportamiento que niega esa tolerancia y ese respeto, impidiendo consecuentemente que los demás actúen con esa misma libertad.

Así, pues, en apariencia, resulta que, sostener la coherencia lógica del discurso democrático, parece abocado en muchas ocasiones a producir situaciones contrarias a los principios democráticos.
Tal situación, como mínimo, no deja de ser una paradoja, cuando no, una contradicción.
Cuando creemos ser impecables en cuanto a coherencia lógica, y sin embargo, precisamente ello conduce a consecuencias opuestas a lo que debiera resultar de aquella coherencia, sin duda, en alguna parte del proceso lógico, se está produciendo un paso lógico inadecuado.
Sostener la coherencia del discurso, no solo supone una correspondencia lógica interna (mantener los principios de identidad y no contradicción, las reglas de la lógica en la relación de los términos y las categorías. Como en el discurso matemático), si no que, si este discurso está referido a la construcción de una realidad, con una finalidad establecida, entonces, el referente lógico último de ese discurso, y de coherencia, ha de ser esa finalidad establecida. El discurso debe construirse desde esa finalidad, a partir de ésta.
Así, si la finalidad establecida es la construcción de una realidad democrática, ninguno de los términos o categorías que la conforman pueden ser contrarias a esa finalidad. De modo tal que, permitir la acción del antidemócrata no es una paradoja, sino una contradicción en toda regla. La permisión de modelos culturales cuyos paradigmas conducen inevitablemente a actitudes de intolerancia, a discursos abocados a mermar las libertades del individuo, a imponerles un modo de ver, entender y actuar en el mundo sin opción a la propia alternativa de cada sujeto, bajo la aparente coherencia de salvaguardar las libertades, aún de los antidemócratas, no es más que un sofisma, un juego de apariencia lógica, que omite lo esencial: la introducción de un término contradictorio, incoherente en ese discurso, como es en sí lo antidemócrata.

Un caso paradigmático de las consecuencias de ese error fue la muy democrática República del Weimar que, con una aparente coherencia absoluta de sus principios democráticos, permitió que el nazismo se engendrara, creciera, y finalmente llegara al poder.

Con esa misma aparente y exquisita coherencia lógica, las democracias occidentales de aquel momento, argumentando el no menos liberal principio de no ingerencia, permitieron que el monstruo nazi creciera, se hiciera fuerte, y al final, tarde para detenerlo, los resultados los conocemos todos.

Nada más antidemócrata que una coherencia democrática que termina tolerando y permitiendo que comportamientos antidemocráticos se asienten y controlen la vida política de una sociedad.

En la actualidad hay varios casos que están creando un serio conflicto en las conciencias democráticas: la guerra contra los Talibanes, la condición de la mujer en el ámbito del Islam, y el conflicto de integración social de aquellos inmigrantes que traen consigo modelos socioculturales que no contemplan, en su paradigma, los principios de las libertades individuales.

Se nos presenta la duda moral acerca de las acciones que debemos emprender para frenar las consecuencias que supone un mundo fanatizado, intolerante, antiliberal, instalado entre nosotros. En más de alguna ocasión, en apariencia coherentes a nuestros principios, rechazamos las medidas que podrían violentar el universo ideológico de estos grupos, pensando que restringir sus modos de ver, ser, sentir y pensar nos convertiría en personas tan intolerantes como aquellas.

Ante todo, debemos asumir que, cualquier sociedad, la nuestra inclusive, genera, vía socialización, enculturación, un modo de entender el mundo, la organización y orden social, los roles, las relaciones sociales, la identidad, etc...

Un modo de entender que viene aparejado a un modo de sentir y entender todo aquello. O mejor dicho, un modo de entender que emerge de un modo enculturado de sentir la realidad. Una realidad apercibida desde unas condiciones culturales y sociales preestablecidas al sujeto. Por lo que, toda idea de realidad emergente, en verdad surge de un sentimiento y sentido de realidad previo.

Sentimiento y sentido de realidad sobre el que se va a estructurar la percepción de lo que, por ello mismo, va a ser comprendido como lo verdadero y lo falso.

Una percepción acerca de lo verdadero y lo falso, que no parte, pues, de un modo racional de entender y apercibir la realidad, sino, sobre todo, de sentirla.

Se trata, pues, de algo que está en la raíz emocional de las personas, y que se traduce en sentimientos (tales como, por ejemplo, sentimientos de bien y mal, de inocencia y culpa, moralidad e inmoralidad, estima o desestima, verdad y falsedad).

Bien. Piénsese, que ese sentimiento de realidad y verdad que experimentamos respecto lo que asumimos (y que asumimos como realidad y verdad a través de las experiencias socializadoras que se nos hace vivir desde que nacemos), es exactamente lo que le ocurre a otro sujeto inserto en otra cultura. Como nosotros, asume como verdadero, y siente como verdadero, aquello en lo que es socializado y enculturado.

La primera conclusión de esto, es pues, que aquellos que son diferentes a nosotros y no comparten nuestra cosmovisión de mundo, no pueden ser demonizados. Un antidemócrata no es un malvado voluntario que quiere imponer cruelmente un orden determinado y a capricho. Es un sujeto que cree en un orden determinado. Que cree que toda otra opción es un error. Un sujeto que no sabe, o no puede discernir otra verdad que no sea la que le ha sido introyectada como creencia, Fe y verdad absoluta.

Desde este punto de vista, un demócrata debe saber que, imponerle a un antidemócrata un mundo de libertades, supone para este último, imponerle un orden donde impera lo disoluto. Un orden que permite que las fuerzas del mal campen por sus respetos (y fuerzas del mal son, para el que no es demócrata, todo lo que no se ajusta a lo que ha asumido como verdad absoluta). Imponer un orden de libertades es, para quien no es demócrata, exponer, poner en peligro el bien y la verdad. Es quitarle la libertad de vivir en un mundo de bien, exponiéndolo a él y a los suyos, al peligro del descarriamiento.

Es muy sencillo de entender ese sentimiento, pues es el mismo que experimentamos nosotros cuando nos encontramos ante grupos sociales machistas, racistas, etc., en el entorno de nuestra propia cultura. Nos sentimos amenazados.

Lo segundo que debemos tener presente, es que comprender no significa compartir. El que aquí se comprenda todo aquello que ha conducido al otro a una identidad determinada, solo significa que se ha comprendido la lógica sobre la que se construye su perspectiva de mundo. Y este es el camino inexcusable del demócrata para abordar cualquier postura o acción que se precise tener en la relación que se establezca con el otro.

Dicho todo esto, que nos permite en definitiva no criminalizar, ni demonizar al otro, volvamos al problema de la coherencia democrática.

El tema debe abordarse comenzando desde los fundamentos mismos sobre los que se asienta el sentido democrático: la conciencia de que toda observación acerca de la realidad parte desde las urgencias del sujeto, que le impelen a observarla desde las necesidades que ha de resolver, por lo que esa percepción de realidad viene sesgada por el “interés de la observación”.

A ese sesgo, precultural, se incorpora un modelo cultural, que es objetivación e institucionalización de la experiencia colectiva, que reifica la realidad desde las urgencias sociales, que impelen a interpretar y definir la realidad, desde los intereses y necesidades de esa sociedad, por lo que al sujeto se le incorpora, a su ya sesgada cosmovisión de mundo, el sesgo de un constructo sociocultural.

Esto significa que la percepción de la realidad no es objetiva. Es en función de la observación y ésta viene condicionada por las condiciones, necesidades e intereses del observador.

Es preciso tomar conciencia de ello para realizar un ejercicio de empatía y un ejercicio de epistemología, conducente a trascender esta condición, inmanente a la observación, teniendo presente de manera insoslayable, que la tendencia a la egocentricidad es constante y suele filtrarse en cada momento, fase del proceso cognitivo.

Es por ello que, un demócrata, ha de ser quien ha alcanzado a comprender este problema y se exige a sí mismo, consecuentemente, una actitud ética emergente de la duda epistemológica acerca de lo que interpretamos como verdad.De esta actitud surge todo aquello que fundamenta buena parte de lo que entendemos como derecho a la libre opinión, a la libertad, a la especificidad de cada individuo y, en el terreno de lo social y cultural, a la especificidad de cada identidad cultural, o sea, el derecho de cada sociedad a desarrollar su modelo cultural.

Si nos guiamos por la prudencia epistemológica, la duda ha de ser la actitud constante de nuestra posición.En consecuencia,las pautas de comportamiento que han de ser asumidas, deberán ser aquellas que permitan siempre una alternativa.Esto es, que ninguna resolución o acto tenga como consecuencia un hecho definitivo, sin marcha atrás, sin otra opción, sin posibilidad de replanteamiento, resignificación, variación. De ahí que la pena de muerte sea inaceptable, pues no hay marcha atrás, ni deja alternativa. Por eso la ablación del clítoris es inadmisible, pues tampoco hay marcha atrás. Por eso, toda actitud intolerante, autoritaria, que imposibilite otras opciones, no debe ser admitida.

Analicemos ahora, sobre toda esta base, el problema de la integración social de aquellos inmigrantes, cuyo paradigma de modelo cultural no comparte las axiologías democráticas. Se genera, en principio, un dilema entre, el debido respeto a una concepción de mundo distinta a la nuestra (que se enfrenta a nuestro sentido del derecho, a nuestra moral y, en definitiva, a nuestra concepción de mundo, afectando a nuestra identidad), y el derecho de nosotros mismos, a nuestra identidad, al ejercicio de la misma, en ese insoslayable espacio que la alberga (condición de la existencia es espacio y tiempo, por lo que se puede decir, sin afán de indebida apropiación, nuestro espacio, como realidad donde ha lugar la materia y la acción de nuestra identidad). Por ello, no es xenofobia que, en la delimitación del espacio identitario, no se desee admitir valores, no solo distintos, sino contrarios e incluso repugnantes a nuestra moral y nuestro propio sistema jurídico.

Centrémonos en ese tipo de integración social de inmigrantes islámicos, donde los valores en torno a la mujer son, por ejemplo, no solo diferentes, sino diametralmente opuestos a nuestros valores, resultando especialmente aberrantes para ambas culturas (la islámica y la nuestra), la concepción respectiva.

Ahora está muy en boga el problema del uso del velo islámico en los centros educativos de Europa (el litam, hiyab, chador, burka). Recordemos el famoso caso de Fátima, en Francia, a quien obligaron quitarse el pañuelo. El problema de la prohibición de manifestar la identidad, la propia culturalidad, no sirven de nada. Lo hemos visto y analizado: quienes asumen unos valores culturales, los asume honestamente, creyendo en ellos y sintiéndolos desde su más esencial emocionalidad.

Por eso, lo único que se lograría con una actitud prohibitiva, sería encender aún más la visceralidad, porque, a aquellos a quienes impongamos algo contrario a su moral, se sentirán injustamente maltratados y atacados. Imponer actitudes externas, es obvio que resulta inútil, pues que, en efecto, solo son externas, y no parten de una convicción de la persona en cuestión.

Nosotros pensamos que hacemos un bien a la mujer islámica, por ejemplo, tratando de dotarla de todas las libertades y condiciones de igualdad de que goza la mujer occidental. Pero, en personas ya formadas en una moral distinta, y en una concepción distinta del mundo, como es el caso, lo único que hacemos es violentarlas, humillarlas, disparándose por dos caminos, igualmente traumáticos: O se afirman visceralmente y radicalmente en sus posiciones, o se genera un estado de angustia que terminará en una crisis traumática. Y esto es lo único que podríamos lograr con la imposición de otra moral sobre una persona cuyos puntos de partida son diferentes.

Desde una actitud democrática, la única acción posible ante la existencia de un grupo social inmigrante, que trae consigo su modelo cultural antitético al nuestro, es establecer para él unas condiciones previas para su asentamiento en el espacio que ocupa nuestra identidad (y que, por tanto, es parte de nuestra identidad):No aceptar ninguna actitud, idea, o comportamiento que suponga algo definitivo, sin marcha atrás, sin alternativas, que pueda mermar los derechos irrenunciables de cualquier individuo a ejercer su plena libertad, sin mella de esa misma capacidad para los otros.

Por ejemplo, que Fátima llevase o no el pañuelo, venía y viene a ser lo de menos (y es lo de más, si no llevarlo le supone a ella una angustia, un sentimiento de culpa, un problema moral). Lo que la sociedad democrática debe entender, es que la formación intelectual de Fátima, con el pañuelo puesto en la cabeza, debe conducirla a una duda sobre las verdades absolutas, sobre las propias y ajenas. Y si eso se logra, ese pañuelo caerá en cuanto a su significado, si este viene de un orden absoluto, o se quedará de adorno. Por cierto, si ese sistema educativo funcionase verdaderamente en nuestra sociedad, tampoco adoleceríamos de grupos radicales, fascistas y de sectores de juventud violenta. Tampoco adoleceríamos de un machismo exacerbado que conduce a que, algunos, más de lo que se piensa, asuman que la mujer es una propiedad a la que se tiene derecho al punto de maltratarla y quitarle la vida (que nos hace pensar que, algunos de los fundamentos que criticamos en otras culturas, no son tan ajenos a la nuestra).

Todo sistema educativo que no inculque una actitud de duda, de autocrítica, de desmitificación, de reflexión epistemológica, es un sistema educativo que no generará talantes democráticos, empáticos, y adocenará el conocimiento.

Cuando nos encontramos ante fenómenos como la ablación del clítoris, los matrimonios concertados (con independencia de la voluntad y los sentimientos de los contrayentes), la sujeción de la voluntad de la mujer a la voluntad de otro (sea padre, marido, o cualquier otro hombre, como de cualquier otra persona), la discriminación de la mujer (de todas aquellas actividades formativas que le permitiesen su independencia, para ser condenadas a un solo papel, y este sea de servicio y servidumbre); cuando nos encontramos ante un discurso y una moral, cuyas consecuencias apuntan hacia este tipo de comportamientos; cuando, en fin, los hábitos y costumbres que traen consigo los inmigrantes, suponen una lesión, no solo a las reglas formales del juego democrático, si no a la esencia misma del talante o espíritu democrático, debemos considerar que se trata de hechos que tiene un carácter definitivo, sin marcha atrás, que condenan de manera irreversible a aquellos a quienes les afecta. Y esto, por coherencia absoluta, no puede ser admitido.

Pero la democracia no emerge de normas y prohibiciones que empujan a un comportamiento democrático. La democracia emerge como consecuencia de una formación que genera, por sí, una actitud y un comportamiento que no necesitará de normas y prohibiciones para darse. La solución pasa por la integración de los inmigrantes al sistema educativo (amén de su integración económica), y porque el modelo educativo contemple una formación auténticamente democrática. De este modo, la identidad cultural que traen consigo los inmigrantes, y a la que tienen derecho, cobrará otra perspectiva. Será resignificada desde unos valores democráticos, subsistiendo lo que, desde esos valores podrá subsistir y feneciendo lo que, desde esos mismos valores, deberá fenecer.
Creo que, junto a las condiciones que antes hemos citado, como requisitos de admisión exigidos a los inmigrantes que provienen de Culturas basadas en paradigmas antitéticos a nuestro modelo, la otra condición fundamental que debe exigírseles, es la integración de sus hijos al sistema educativo.
Sin duda esto generará conflictos morales, pues la formación recibida entrará en contradicción con muchos aspectos de la moral que traen consigo los inmigrantes. Pero, si de verdad, lo que intentamos, no es otra cosa que generar la duda generosa acerca de las verdades absolutas, y comportamientos de tolerancia y respeto, entonces será la reflexión propia, que surge de esa formación y no la imposición de una cultura, lo que actuará contra aquellos aspectos que guardan relación con la intolerancia, el autoritarismo, la falta de libertad, y en fin, todo aquello contrario al talante democrático.

No estaremos imponiendo ninguna forma de vida en concreto, sino entregando los instrumentos conceptuales para capacitar a cualquier persona para el ejercicio de sus derechos. Posibilitarle su capacidad de decisión y opción, y que, a su vez, permita lo mismo a los demás.
Ciertamente, la sola condición de plantearle al inmigrante formado en modelos culturales antitéticos a los valores democráticos, la integración de sus hijos al sistema educativo, ya es un problema, debido a que éste sabe, o intuye, que la formación que se le dará a los hijos será contraria a la moral que desea para ellos. Incluso, pongamos el caso, plantearle la formación de las hijas ya puede ser contrario a su concepción de orden social. Y es aquí donde debemos ser inflexibles.

No puede haber vacilaciones en lo que concierne a la formación necesaria para generar esa duda acerca de las verdades absolutas. En principio, es lo de menos que la niña vaya con pañuelo, con el rostro tapado, sin acercarse a los chicos, en colegios no mixtos si se quiere, con todos los rituales y la parafernalia externa que exige la moral de su cultura. Tampoco es relevante que interrumpa sus clases para hacer las oraciones que exige su liturgia. Pero lo que sí es fundamental, es que la niña entre en clase y oiga a una profesora, o profesor, que le trasmita unos criterios capaces de hacer que ella pueda reflexionar con un espíritu crítico y autocrítico acerca de la realidad y el mundo. Después, que ella haga el resto… Y que existan los mecanismos necesarios de asistencia social, para protegerla en su entorno de discursos y actitudes contrarios a las libertades individuales, de tolerancia y de respeto a las opciones individuales.

La posibilidad de concebir una sociedad multicultural, no tiene otro posible camino que el de asentarse sobre los valores de la libertad de cada individuo, el respeto, la tolerancia entre cada sujeto. Si esto es posible, entonces no podrán tener cabida modelos culturales bajo el signo de otro paradigma. Solo es posible la convivencia y cohabitación de modelos culturales que sean capaces de incorporar estos principios.

Y no se trata de aplicar principios de libertad, respeto y tolerancia entre grupos. Fíjense bien que siempre hablo de INDIVIDUOS.Porque es el individuo el sujeto de derecho. Lo otro, sería otorgar un espacio a un colectivo, que dentro de su seno, se encontraría legitimado para conculcar los elementales derechos de sus individuos miembros. En cambio, en la medida que se asienta el derecho sobre los individuos, es a través de ellos como se preserva el modelo cultural por el que libremente opten.

No hay otra vía factible para la convivencia entre miembros de diferentes culturas. No se puede concebir una sociedad “multicultural” que no parte de estos principios de libertad, respeto y tolerancia para cada individuo.
La polémica que se ha suscitado respecto a si se ha de plantear una sociedad con rasgos multiculturales, o bien ha de plantearse la integración plena del inmigrante a nuestra cultura, resulta en sí ociosa, debido a que en realidad, si logramos que los hijos de la inmigración sean formados dentro de un talante democrático, es decir, con capacidad empática, de respeto al otro, de duda acerca de verdades absolutas, de actitudes que eviten cualquier comportamiento que suponga una situación definitiva e irremediable, que afecte a la voluntad, a los sentimientos y a la vida de otro, cada cual puede y debe expresarse con la liturgia, la forma, y la estética que desee. Todo, excepto violentar los derechos inalienables del ser humano. Esa es la condición que debemos imponer en nuestro entorno a quienes quieran vivir entre nosotros.