¡¡CIUDADANOS, ES LA HORA!!

Necesitamos un movimiento ciudadano que apueste por una revisión y reforma urgente de la Constitución y con una visión internacionalista e integradora que destierre los nacionalismos.

La concepción nacionalista, como fundamento del Estado, es una de las fuentes de legitimación, que debe ser definitivamente desechada en un proceso histórico que quiere alcanzar la superación de fundamentos étnicos, y concibe al Estado como el resultado de un pacto social entre ciudadanos libres, sobre la base del conjunto de derechos universales e inalienables del ser humano, con total independencia e indiferencia de consideraciones como la raza, la lengua, la cultura local (o asociada a un rasgo racial, la etnicidad), o incluso razones históricas que hayan estructurado sentidos identitarios, o Estados sobre la base de procesos históricos.

Los procesos históricos, como tales, pueden ser alterados en la misma medida que, todos ellos, no son más que el resultado de acciones sociales, políticas y económicas, con trasfondos culturales, que han sido, que pueden y deben ser transformados por la propia voluntad del conjunto de los ciudadanos.

Cuando una razón histórica obstaculiza un proceso social, cultural, económico, político, que entiende legítimo el conjunto de la ciudadanía, no es el proyecto el que ha de ser deslegitimado, sino, por el contrario, es la razón histórica la que ha de perderse como fuente de fundamento y legitimidad. Pues que no hay otro fundamento ni fuente de legitimidad que el conjunto de derechos inalienables del ser humano, y sobre esta base, la voluntad de los mismos.

Es hora de entender que no existen referentes absolutos, externos para orientar las decisiones, acciones, proyectos de la humanidad, más que aquellos que se han objetivado como los derechos inherentes e inalienables que se derivan de una condición humana que, por otra parte, se entiende a sí misma desde su propia percepción egocéntrica (y por tanto, fuertemente condicionada por su subjetividad).
Desde este espacio de duda y contingencia, lo único coherente que puede surgir (y a lo que, por tanto, puede sujetarse toda actitud y consecuente comportamiento, acción, pensamiento y decisión), es la duda epistemológica, de la que debe derivar una ética de la prudencia, la tolerancia, en definitiva los sustentos sobre los cuales se basan y tienen razón de ser los valores democráticos.
Porque si bien es cierto que no existen referentes absolutos externos a la conciencia, sí existe el valor de la coherencia a partir de la duda. Y si no se entra en contradicción desde este punto de arranque o partida que es la duda, el camino conducente hacia los valores de tolerancia, prudencia, respeto, en definitiva, democráticos, son insoslayables.
Del mismo modo, si bien el mundo puede ser una percepción subjetiva y relativa a la percepción egocéntrica de la conciencia, no deja de ser menos cierto que las significaciones y percepciones del ser sobre sí, pueden considerarse paradójicamente objetivas, dado que parten de sí mismas, sobre sí mismas y hacia sí mismas y para sí mismas. En este sentido ¿quién mejor que el ser humano para definir sus derechos a partir de su propia percepción sobre sí mismo, sobre lo que siente a priori que le es pertinente, como la vida, o lo que le es propio como derivado de los atributos dados a la propia conciencia, como es la libertad?

Toda condicionalidad histórica, social, económica y cultural, no tiene otro fundamento y origen que la propia acción del ser humano. Y en consecuencia, ha de ser la propia acción humana la llamada a fundamentar y originar otras condiciones históricas, sociales, económicas y culturales.
Por tanto, el ser humano está facultado para proponerse a sí mismo su modelo cultural, su modelo de vida, su proyecto y sus objetivos. En este contexto y no en otro, ha de encontrarse la fuente de legitimidad y sentido de la estructuración del Estado, que no ha de ser más que el instrumento jurídico para garantizar el espacio de convivencia del conjunto de ciudadanos, que pactan libremente su integración a ese marco jurídico, y a los modelos sociales, culturales, políticos y sociales que se han propuesto. No habiendo ningún otro tipo de fundamento que un proyecto social sobre la base del derecho inalienable y consustancial (valga la redundancia) de los seres humanos como tales y como ciudadanos (sin, por tanto, necesidad de recurrir a conceptos tan discutibles y de consecuencias tan probadamente perversas, como la raza, la cultura –en este caso no la cultura como fenómeno en sí, sino la expresión cultural adscrita a un pueblo, es decir, lo étnico, lenguas propias, folclore, tradiciones, trayectoria histórica).

De ahí que, la concepción del Estado español y de Nación española, requiera de re significaciones que nos alejan totalmente de fundamentos propios del romanticismo y sus consecuentes movimientos nacionalistas, reivindicadores de Estados y naciones sobre la base de fundamentos étnicos.
Evidentemente, al no reconocer como fuentes de legitimidad semejantes fundamentos, es obvio que desestimaremos de plano las reivindicaciones que, bajo tales fundamentos, hacen los que se proclaman y se definen como nacionalistas en el ámbito de lo que hoy constitucionalmente se define como Estado español. Y por tanto, no solo nos estamos refiriendo a desestimar las reivindicaciones de carácter nacionalista de grupos tales como los nacionalistas gallegos, vascos, catalanes, valencianos, canarios, castellanos, leoneses, asturianos, incluso andaluces y extremeños –que los hay por increíble que parezca- sino que también desestimaremos de plano los fundamentos y reivindicaciones de ese mismo carácter, que reclaman y defienden los llamados nacionalistas españoles o españolistas.
Es evidente, puesto que, si resultamos coherentes, rechazaremos ese tipo de fundamentos, común a todos ellos.

El principio general que debiera inspirar, no es otro que la misma utopía de pretender un Estado global, que acoja a todos los seres humanos de este planeta, como ciudadanos/nas libres, que se vinculan en un proyecto de convivencia, basado en el reconocimiento de los derechos universales del ser humano, constituyendo un pacto de voluntades orientadas a construir, sostener y perfeccionar un marco jurídico y administrativo y una estructura social, económica, política y cultural, donde sea posible el desarrollo de cada ciudadano/na según su propio proyecto de vida.

Caben, pues, en este Estado, todo el género humano, sin distinción de lugar de nacimiento, raza, sexo, lengua, género, roles, cultura local, religión, y demás características en las que se reconoce cada identidad personal.

Es pues, uno de los primordiales objetivos, la integración de todos los Estados que hoy conforman el mapa político del planeta en un solo Estado, democrático, respetuoso de las libertades individuales y ciudadanas.

Por ello mismo, y sin perder la realidad del mapa político y los paradigmas políticos y culturales que aún dominan el escenario de la actualidad, no solo es defendible la integridad del Estado actual, definido en la Constitución, por entender que es un logro de integración frente a todas las veleidades de nacionalismos locales, sino que se debiera propugnar toda política que suponga la integración efectiva de este Estado en una unidad estatal más amplia. Por lo que es evidente que se debiera favorecer de manera firme y sin fisuras todo proyecto de unidad europea en la que habrá de integrarse el Estado español.

Evidentemente, si se define el Estado como la entidad jurídica a través de la cual un conjunto de ciudadanos libres, y en el libre ejercicio de sus derechos, pactan el modelo de organización para su convivencia, desarrollo y subsistencia, delimitan su espacio de jurisdicción, y establecen el marco jurídico que garantiza los derechos de estos ciudadanos, y la normativa con que han de regular la vida pública o social, sin otro fundamento de base que el pacto libre, consensuado, sujeto a los derechos universales del ser humano, entonces, la aspiración integradora y universalista de construir un Estado global y los diferentes pasos de este proceso, como la integración del Estado español en un proyecto de Estado europeo, vendrá, efectivamente, condicionado a que esas entidades estatales se fundamenten en los mismos criterios y sobre la base de valores democráticos.

Cualquier sociedad democrática lo es porque son sus ciudadanos libres. Y esa condición de libertad en los ciudadanos, es lo que legitima al cuerpo social resultante de ese pacto entre los ciudadanos. La sociedad política, la sociedad como fenómeno identificable jurídicamente, el Estado resultante, no puede tener otro fundamento de existencia que el pacto libre entre los ciudadanos que van a conformarla. Pacto que ha de ser coherente con los principios que la han de fundamentar, es decir, coherentes con los principios de libertad, o lo que es lo mismo, coherente con el reconocimiento de los derechos inalienables de los seres humanos (de los que la libertad forma parte esencial).

Por tanto, la legitimidad de un Estado, no ha de provenir de consideraciones que se sitúan anteriores a esa voluntad moral de los ciudadanos que se estructura bajo los únicos principios imprescindibles, como son los del derecho de las personas. Esto es, que consideraciones tales como la raza, la cultura ligada a la raza (consideraciones étnicas, entre las cuales la lengua), ancestralidad mitológica, tradición histórica, y otras consideraciones de orden romántico y valores identitarios pre-jurídicos (es decir, aquellas consideraciones identitarias no basadas en una identidad resultante de compartir -y a través de ello vincularse- la concepción del derecho universal de las personas como sujetos fuentes del derecho), todo eso, repito, no constituye fundamento legítimo para la definición y condición de esta categoría que entendemos como Estado.

Así pues, en la concepción de Estado que propongo, caben todas las culturas (sus lenguas, tradiciones, folclores, hábitos y costumbres, y demás mundo simbólico, modelos perceptivos de la realidad y sus valores consecuentes), y todas las razas, porque todo ello forma parte de la identidad de cada individuo. Por tanto, todo ello, en cuanto que parte constitutiva de su derecho, ha de tener cabida para ser, expresarse y desarrollarse, siempre y cuando todas estas cuestiones culturales no entren en flagrante contradicción y negación con los derechos universales propios del individuo, (es decir, no constituyan lesión a la libertad, la vida y demás derechos del resto de los ciudadanos).
Pero, ha de quedar suficientemente claro, que todo ello ha de tener cabida, en la medida que se reconoce como atributo del individuo. Ninguno de los valores identitarios supra-individuales, grupos conformados en torno a los mismos, ha de tener establecido ningún derecho más allá del que le es reconocido al individuo que, como tal, los expresa. Es decir, se admiten como parte de la libre expresión del individuo o ciudadano. Como parte de su derecho a la libertad. No hay otra fuente de legitimación.

En consecuencia a todo esto, ha de negarse toda legitimidad al fenómeno secesionista por razones étnico-culturales, y por tanto, ha de negarse toda legitimidad a los movimientos nacionalistas y separatistas, por considerar sus fundamentos improcedentes y no sujetos a los fundamentos que han de legitimar el Estado.
En la medida, por otra parte, que el actual Estado español, reconoce y garantiza todos y cada uno de los derechos individuales, a todos los ciudadanos que residen dentro del espacio territorial de su jurisdicción, no existe fundamento legítimo para que, ningún grupo de ciudadanos, pueda fundamentar una posición secesionista en razón de encontrarse perjudicado en la expresión de sus valores identitarios.

Del mismo modo, ha de entenderse que, si el actual Estado y su cuerpo jurídico -la misma Constitución para empezar- requiriesen de reformas (que las requieren sin duda), para ahondar y perfeccionar el sistema democrático, y en consecuencia, ahondar y perfeccionar las garantías sobre los derechos de cada individuo, constituye un derecho, y consecuentemente un deber de los ciudadanos, organizarse para lograr aquello que sea necesario para tales objetivos.
Por ello, tampoco el secesionismo, como respuesta a las imperfecciones del sistema democrático de un Estado, constituye una opción legítima y por tanto aceptable, pues supone, en realidad, una dejación de los deberes y responsabilidades cívicas, al hacer dejación clara del deber de defender y asegurar los derechos de los ciudadanos y las garantías que los aseguran, sin distinción de raza, credo, sexo, edad, etc... Tal y no otra cosa supone el secesionismo ante el resto de los ciudadanos que, no formando parte de los valores étnicos del grupo secesionista, quedarían abandonados a su suerte dentro de un Estado democráticamente deficiente.

Por todo lo expuesto, y ante la actual situación a que han llevado los movimientos nacionalistas en España, debiera surgir una corriente ciudadana, que se proponga no defender ninguna reivindicación nacionalista que suponga lesión alguna a la integridad del actual Estado definido en la Constitución. Es más, que propugnara una reforma constitucional y del marco legal que define a las actuales Comunidades Autonomías, para re significarlas como unidades administrativas, bajo un criterio de descentralización de los servicios públicos, para facilitar, agilizar y acercar las funciones y servicios del Estado a los ciudadanos. Evidentemente su fuente de legitimidad y fundamento no estará en ningún reconocimiento de identidades grupales sobre la base de la tradición histórica o la identidad cultural, o la realidad étnica. La fuente de legitimidad y fundamento ha de estar sobre la base de su capacidad operativa y eficiencia para acercar la función y el servicio público a los ciudadanos. Para el Estado que debiéramos propugnar no hay pueblos, ni razas, ni culturas. Solo hay ciudadanos y sus derechos (entre ellos está su identidad cultural y el respeto a la misma). Y estos son iguales para todo el territorio de su jurisdicción.

Es urgentemente necesario movimientos ciudadanos que reaccionen desde fundamentos distintos al nacionalismo español, neutralizando propuestas que propicien o apoyen posibilidades legales para posturas independentistas o propuestas federalistas o de tipo confederal dentro de la estructura de nuestro actual Estado. Movimientos ciudadanos que hagan una propuesta valiente por un Estado unitario descentralizado, entendiendo a las comunidades autónomas como unidades de descentralización de la administración y las funciones del Estado, como modo eficiente de acercar los servicios estatales a la ciudadanía, sin ninguna otra fuente de legitimación que una racionalización de la función estatal. No ha de hallarse, por tanto, su existencia, razón de ser e identidad, en razones de tipo étnico-cultural, ni en fundamentos de tradición histórica, ni mucho menos en el reconocimiento de pueblos o naciones, que den lugar a diferentes legislaciones, códigos jurídicos, o cualquier otro tipo de normativas y regulaciones con fuerza de ley, que desigualen las condiciones jurídicas y normativas de los ciudadanos según en qué jurisdicción territorial residan.
La proclama ciudadana debiera ser clara en este sentido: Una sola Constitución, una sola legislación, unos códigos penales, civiles, comerciales para todos los ciudadanos dentro del Estado. Un solo tipo de normativa municipal, válida para todo el territorio que abarca el Estado. Un solo régimen fiscal, un solo régimen de seguridad social y prestaciones sociales y sanitarias, un solo sistema educativo, con un mismo programa educacional para todo el territorio que abarca el Estado.
La ciudadanía debería proponerse un movimiento que clamase claramente por una reforma constitucional, en todos los artículos que fundamentan la existencia e identidad de las comunidades autónomas, en cuestiones tales como los rasgos identitarios de carácter étnico-cultural, tradiciones históricas, o la existencia de pueblos. A cambio, deberíamos proponer una redefinición constitucional de las Autonomías, como divisiones técnicas de descentralización de las funciones y servicios estatales, para su mayor eficacia al servicio de los ciudadanos.
Y sin perjuicio de posibles modificaciones del mapa autonómico (en función de la re significación que se propone), y solo por el valor de aprovechamiento de las estructuras desarrolladas por el actual sistema (para evitar mayores gastos e inversiones, sin duda gravosas para la ciudadanía), en principio se podría aceptar realizar las reformas pertinentes sobre el actual mapa autonómico. Pero debe quedar meridianamente claro que no mueve a ello, más que el aprovechamiento de las estructuras dadas. Es decir, una cuestión de orden económica. Ninguna reminiscencia de legitimar rasgos etnológicos, identidades históricas o pueblos.

TODO NACIONALISMO ESTÁ FUERA DE LA ÉTICA. TODO NACIONALISMO, EN CONSECUENCIA, ES INMORAL. TODO NACIONALISMO, POR CONSIGUIENTE, ES ILEGÍTIMO Y POR TANTO DEBE SER DECLARADO ILEGAL. LOS NACIONALISMOS SOLO HAN TRAÍDO GUERRAS Y GENOCIDIOS. EL NACIONALISMO ES LA FUENTE DE TODA XENOFOBIA. DISCRIMINACIÓN RACIAL. EL NACIONALISMO ES UNA IDEOLOGÍA PERVERSA Y PERVERTIDA…