Acerca de Oswaldo | Oswaldo Payá
La trayectoria de este hombre me parece que le hace digno de todo nuestro apoyo. Por la democracia y los derechos humanos sería un gran servicio que le fuera otorgado el Premio Nobel de la paz 2010.
domingo, 13 de junio de 2010
lunes, 7 de junio de 2010

RÉPLICA AL ARTÍCULO DE MIGUEL HERNÁNDEZ
Mi muy querido amigo Miguel Krux me solicita que cuelgue esta réplica a mi artículo y quiero darle la debida prevalencia, así es que aquí lo tenéis. Desde luego, mi enorme gratitud por su atención.
Miguel:
Comprendo tu indignación por ciertas manifestaciones "giliprogres", que por ineptidud o deliberadamente omiten la otra cara de la moneda (sobre todo, lo que verdaderamente es Hamás). Antes de entrar en mi réplica quiero dejar claro que, sin duda alguna, Israel tiene el derecho a defenderse de las provocaciones de Hamás (y de otros), y sí, me atrevo a opinar que también con medidas preventivas y militares. También parece evidente que los activistas (al menos algunos) no sólo perseguían fines humanitarios, sino la intención de ejercer presión política y mediática sobre Israel, con la finalidad a corto plazo de derribar el coto a Gaza (aspiración legítima, uno la comparta o no) y a dejar en evidencia a Israel, lo cual (lamentablemente, y con un sueldo de 9 muertos) han conseguido.
¿Porqué? Aquí es donde entro en mi réplica. Cito:
"Alguien" dijo por ahí que Israel había tenido una respuesta desproporcionada….
No sólo desproporcionada, sino también ilegal.
Vayamos por partes.
Primero: ¿La respuesta fue desproporcionada?
Está claro que el desenlace no fue ni intencionado ni esperado (lo cual se podría aducir a favor de Israel). Parece evidente que la operación fue pésimamente preparada y realizada. Errores tácticos y operativos por doquier: los primeros efectivos que bajaron al barco fueron insuficientes, lo que llevó al desbordamiento y (supongamos de momento) a la hiperreacción de éstos; en el momento de bajar por las cuerdas, los soldados llevaban guantes que primero tenían que quitarse para alcanzar sus armas cuando los "activistas" ya se les venían encima con palos (supongamos que así fue, aunque los testigos interrogados lo niegen) y encima les quitaron dos armas. Dato interesante que leí en el diario Haaretz: la unidad estaba entrenada para el comabate individual, no para enfrentarse a un gentío enfurecido (aquí se debería haber enfocado una acción antidisturbios y no antiterrorista - reconozco que a posteriori y desde el sofá, es fácil decirlo; pero Mossad había hecho un seguimiento muy cercano ya antes de zarpar los barcos ¿?).
Así que la "desproporción" se debió a una operación mal hecha ¿Con un balance de nueve a cero muertos? Así me gustaría creerlo, pero los hechos que salen a la luz no son congruentes: Si bien la stiuación de incertidumbre, pánico, etc... de las unidades especiales puede explicar muchas cosas, me choca mucho que varios cadáveres presentaran heridas de bala disparada a bocajarro, y parece que (por lo menos) un cadáver, además de tener dos balas en el cráneo, tenía dos o tres más en las extremidades ¿Pero qué pasó en ese barco? Quizá nunca lo sabremos.
Segundo: ¿Fue legal (y por extensión: legitima)?
Aparte de haber sido desproporcionada, la respuesta fue ilegal. No entro en consideraciones morales, sólo abordo la cuestión del derecho international. Israel tenía que haber esperado a que el convoi llegara a la franja de contención de las 24 millas - punto. Dentro del espacio marítimo de 200 millas, un estado tiene el derecho exclusivo al usufructo comercial, pero no de interferir en la libre circulación del tráfico marítimo. Eso sí, a una nación en estado de guerra, para ejercer un bloqueo, sí se le "permiten" maniobras militares en esa zona. Pero Israel está en guerra con Gaza/Hamás - legalmente hablando - o no? Que se defina Israel: o beligerante con u ocupante de Gaza. Pero no ambas cosas a la vez, eligiendo el estatus conveniente según la ocasión. Y en algún foro he leído - así que lo afirmo con cautela - que Israel no ha firmado la convención international sobre derecho marítimo. En una entrevista al semanario alemán Spiegel, un experto en derecho internacional resumió el aspecto legal de la operación más o menos de la siguiente manera: "Está claro que con este abordaje Israel ha traspasado una línea roja, lo que estamos discutiendo (los expertos) es si han traspasado una lína fina o gruesa."
Entrando de nuevo en la cuestión operativa de la operación y en el aspecto de legitimidad (más allá de legalidad): parece evidente (aunque los detalles queden por aclarar) que antes de abordar el barco se omitieron fases de escalación (es decir: vías alternativas que tendrían que haberse agotado antes de poder ejercer el "derecho" al abordaje): franquear el paso (medios disponibles había), destruír el timón (p.ej. para luego remolcar el barco a Ashdod), y probablemente un par de opciones más (y volvemos a las reflexiones desde el sofá...).
Estrategia israelí y sus frutos:
Sea como fuere, y aparte de valorar la proporcionalidad, legitimidad o utilidad de esta u otras operaciones, me parece preocupante esta obesesión por una estrategia (o pauta política) de operaciones / intervenciones tan arraigada en la clase gobernante. Doron Rosenblum en la sección de opinión de Haaretz describe lo que él llama el "complejo comando" de la política israelí (de Netanyahu y Barak para ser exactos):
http://www.haaretz.com/opinion/israel-s-commando-complex-1.294206
No es que a esta política comando en plan peli americana pueda achacársele toda a culpa de este chasco llamado Medio Oriente, pero agrava la situación. A largo plazo es contraproducente para Israel, y tampoco es digno de un estado de derecho moderno, por muy acosado que esté (al contrario: debería hacer todos los esfuerzos posibles para no ponerse al nivel de Hamás). Así, Israel se va "desligitimando" poco a poco, y una vez erosionada esa legitimidad hasta hoy otorgada y compartida por sus amigos / aliados, le faltará cuando en su día crea necesario emprender acciones que por sí mismas podrían ser justificables por su derecho a defenderse.
En resumen, para Israel esta operación comando acabó en un desastre total: mediático (los activistas han ganado la batalla claramente), moral (no sólo en el campo internacional, el país mismo está profundamente dividido y desesperado a raíz de estos acontecimientos) y estratégico (Turquía era el último amigo que les quedaba en la zona, Obama está harto). Un verdadero desastre, que lamento tanto por Palestina como por Israel - nación que admiro mucho, que conste.
Menos mal que el barco rezagado, que se presentó en la zona con días de retraso, fue interceptado y escoltado sin incidentes a Ashdod. (Netanyahu: Éstos han sido activistas "buenos" y no terroristas como los que iban en los primeros barcos) Modelo a seguir para las próximas embarcaciones, que se presentarán ante Gaza sin duda, y algo de esperanza.
Fdo. : Miguel Krux
miércoles, 2 de junio de 2010
DE ISRAEL, ACERCA DE LOS ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS…

Queridos amigos, como este tema me sangra y he soportado una estúpida manifestación fascioizquierdista y giliprogre, me atrevo a opinar….
Alguien dijo por ahí que Israel había tenido una respuesta desproporcionada….
Es calificable de desproporcionada la acción, reacción o respuesta que no se corresponde coherentemente con el texto y el contexto implicados en el hecho que la ocasiona. No creo ni mucho menos que sea posible calificar de este modo el problema que nos ocupa (el abordaje, por parte de tropas israelíes, a un barco sospechoso de portar armas para grupos terroristas que atacan efectivamente a población, ejército, territorio y bienes del Estado de Israel). Palestinos y mundo árabe (redundante), no se han cansado de decir que no dejarán las armas y de luchar hasta la desaparición del Estado de Israel. Lo que en este contexto resulta tendenciosamente desproporcionado, es llamar “masacre” a una acción militar que ¡ojo! no se realiza si no después de ofrecer reiteradamente a la flotilla “de la libertad” (ironías) hacer llegar la ayuda humanitaria que portan a Gaza, a través del puerto de Ashdod, una vez revisada la carga para evitar que se filtre armamento. En este contexto de guerra, y sabiendo la ideología y las intenciones de quienes organizan la flotilla de la “libertad” (ironía), simplemente hay que ser imbécil para pensar que no es posible que se “cuele” un arma para contribuir al arsenal de los terroristas palestinos. Simplemente hay que ser tonto, o angélico, o hipócrita y cínico. Las cosas por su nombre.
Se miente, cuando no, se es desproporcionado, cuando se oculta que Israel tiene reconocido en el concierto internacional un espacio marítimo de 200 millas náuticas, como zona económica exclusiva, y que la llamada flotilla “de la libertad” (ironía) ya estaba dentro de esa zona. Por lo que, decir abordaje pirata es desproporcionado, sobre todo si no somos tontos y conocemos el contexto, es decir, el enorme contrabando de armas perpetrado por Hamas y Al-Qeda. Es que los israelitas, para mayor abundamiento, invitan a los susodichos “cooperantes” (ironía) a llevar la carga al puerto de Ashdod para hacer un trabajo de Aduana. Como bien dice, con acertada ironía, mi amiga Patricia Garrido, “una vez entresacadas de las cajas de tiritas y vendas, las piezas para fabricar cohetes Katiushka o los cartuchos de munición de los AK-47 que los cooperantes, amablemente y de forma totalmente desinteresada, suelen dejar olvidados habitualmente en los envíos de ayuda humanitaria a Gaza”, la carga podía continuar por tierra a su destino.
Por cierto, se miente, cuando no, se es desproporcionado, cuando se habla del bloqueo inhumano de Gaza, porque es un bloqueo donde los israelíes permiten que entre, cada semana, del orden de las 15.000 toneladas de ayuda humanitaria (muchísimo más que lo que llevaban los barquitos “de la libertad” (ironía).
Se miente, cuando no, se es desproporcionado, cuando, además de omitir que no se les atacó así, de buenas a primeras, si no que se les demandó el alto, se omite que se les invitó a arribar al puerto de Ashdod. Se omite que solo fue un barco abordado, por que los cinco barcos restantes hicieron caso de las advertencias. Se omite que solo fue abordado aquel barco que, dentro de las doscientas millas de zona comercial exclusiva israelí, desobedeció el alto.
En un contexto de conflicto armado, atentados terroristas, contrabando de armas, juramento de hacer desaparecer el Estado de Israel ¿se puede considerar inapropiado un abordaje, después de haberles solicitado tres veces el alto, sin obtener respuesta? Es cierto que los israelitas hubieran podido abrir fuego sobre la línea de flotación de aquel barco y hundirlo con toda la tripulación y la carga (la buena y la mala). Y sin embargo se considera desproporcionada la opción de menor daño: abordarlo. El vídeo de la acción es incontestable. Un grupo nutrido de “¿pacíficos cooperantes”? se abalanza sobre un soldado israelí para apalearlo brutalmente, municionados de machetes y navajas, pistolas y palos. Poco para el armamento israelí, pero contundente para el pobre soldado sorprendido, que podía morir solo por el golpe de un palo. Entonces abre fuego el ejército y se producen las 14 muertes. A lo mejor, se debía preferir ver morir al soldado camarada y salvar la vida de los cooperantes enemigos ¿es lógico, no? –Ironía-
Masacre, (utilizar ese término sí que resulta desproporcionado ante lo que estamos reflexionando), hubiera sido hacer saltar el barco por los aires, con todos dentro y la carga humanitaria, y la otra, también. Pero, no, no ha sido así. Creo que hubo contención. Bastante contención, si además no omitimos interesadamente, que los heridos no fueron rematados, si no, por el contrario, enviados de inmediato a los hospitales y a los detenidos se les ha dado la oportunidad de elegir (¡horror, maldad!) entre marcharse (deportados) a sus respectivos países, o ser juzgados en Israel por actos que atentan a la seguridad del Estado (que, recuerdo, en tiempos de guerra, no ha mucho suponía la pena de muerte). Cosa que no va a ser el caso.
En esta tesitura la cadena de agresiones, guerras, conflictos, matanzas, puede no tener límite y cada uno, según dónde hace el corte de la secuencia, puede echar la culpa a cualquiera de los actores (como en nuestra guerra civil, según dónde empecemos a contar la historia, si en el 34 con la conspiración de socialistas, comunistas y anarquistas, pretendiendo echar abajo la República burguesa, para instaurar, al amparo de Stalin, el paraíso proletario, o en el 18 de Julio, cuando el famoso alzamiento… éste como echo aislado, golpe de unos militares sin contexto, o dentro de un país en que se agitaban dos fuerzas preparándose para aniquilarse mutuamente).
En la cadena de agresiones no puede haber argumento justificador. De nadie. La cuestión se resume en varias consideraciones. Para empezar, la descolonización de Palestina por los ingleses, que se hace bajo un contexto de presiones que pueden resumirse así: Al finalizar la segunda guerra mundial, había que tolerar dar a los judíos un espacio vital. Entre los motivos, además de reforzar la propaganda de los vencedores, descargar la culpa sobre una actuación más que discutible por parte de los aliados en el caso del holocausto (su omisión) y de paso, castigar la posición árabe que, en efecto, había sido pro germánica (porque siempre odiaron a los judíos). Ese odio actual no viene de la creación del Estado de Israel. Ya viene de antes (que no mientan). Tenemos que remontarnos a los tiempos de la 1ª guerra mundial. Hagamos un breve repaso del asunto: En la 1ª guerra Turquía (¡Ah! Esa que ahora se rasga las vestiduras con la maldad judía, pero no tuvo reparo en ocupar esos territorios cuando su Imperio Otomano dominaba todo Oriente Medio, aplastando cualquier sublevación árabe, sangrientamente)… Repito, Turquía fue aliada de Alemania. En aquel entonces dos fuerzas combatían por la independencia de los territorios de Oriente Medio (en manos de los turcos otomanos, insisto)… el sionismo, a punto de hacer realidad la famosa Declaración Balfour (que tiene como objetivo final un Estado israelita en Palestina) y el nacionalismo árabe, aglutinado en torno Hussein, que también se abrazaba a la alianza con británicos y franceses. Todos haciendo un frente antiturco.
Detengámonos aquí. Hasta la fecha no ha existido jamás un Estado Palestino. Mejor dicho, no ha existido un Estado Palestino de origen musulmán y de población árabe jamás. El último Estado fue el famoso Reino de Jerusalén, cristiano, creado por los cruzados y malogrado por Saladino, que anexiona el territorio como provincia de su imperio. Después nada más. Y antes del episodio del Reino cristiano, Estado como tal, solo fue el reino de Judea, liquidado por los romanos definitivamente en Masada (La Numancia judía. Los romanos sitiaron la fortaleza y cuando el asedio se hizo insoportable, los judíos se quitan la vida. 73-74 d.C.). Judea se convierte en provincia imperial (Provincia Iudaea), con procurador en Cesárea. Así es que, si hay que buscar legitimidad para un Estado en la zona, precisamente ese es un Estado judío o un Estado cristiano (según donde cada uno quiera hacer el corte secuencial de esta película o culebrón).
Pero volvamos a la historia más reciente…En este afán antiturco de la 1ª guerra mundial, y en alianza con británicos y franceses, en junio de 1916 comienza la revuelta árabe (recordad a Lawrence de Arabia). Hussein se declara rey de los árabes ese mismo año, aunque los pragmáticos británicos y franceses solo reconocen su soberanía sobre los territorios de la región de Hedjaz. Este límite señala las intenciones de las potencias europeas. Gran Bretaña y Francia pretenden conservar para sí en forma de protectorado Palestina y Mesopotamia (Irak). El informe Sykes revela con claridad ese objetivo por considerarlo esencial para sostener la hegemonía marítima, aérea e industrial de estas potencias (sobre todo la británica). Comprendiendo la situación, a los sionistas no les quedó más remedio que plegarse a las exigencias europeas si querían ver un trozo de tierra palestina asignada al pueblo judío y tener controlados a los árabes, que ya habían mostrado toda su intención de arrasar con cualquier intento de presencia judía más o menos institucionalizada.
Detengámonos de nuevo aquí. Recapitulemos. El único Estado que existió en ese territorio llamado Palestina, aparte del reino de Jerusalén, cristiano, fue un Estado judío, arruinado por las legiones romanas (En la Pascua del 70 d.C. Tito, avanzó sobre Jerusalén, capital del Reino de Agripa -su último soberano, descendiente de Herodes- con 4 legiones. Tras un duro asedio, y después de derribar las tres murallas de la ciudad, Tito entró triunfal en el "sanctasanctorum" del templo, llevándose como trofeo el candelabro, escena que puede verse en el. Arco de Tito). Podréis imaginar la cantidad de crucifixiones que tuvieron lugar aquellos días. Hubo aún focos de resistencia (el episodio numantino de Masala, que ya os he señalado), pero fue el final. A partir de allí Palestina fue provincia romana, bizantina, musulmana, turca y protectorado británico. Es importante insistir en esto para aquellos que busquen antecedentes legitimadores en la existencia de una nación o pueblo organizado como Estado, para justificar sus aspiraciones presentes. Los palestinos no tienen otra razón legitimadora que haber habitado en Palestina (o bien de origen hebreo convertidos al Islam como los marranos al cristianismo, o mestizos, u ocupantes árabes en expansión del Islam…ocupantes, invasores también). Pero, los judíos, además de haber habitado en Palestina toda la historia (al menos desde Moisés, época del faraón Ramsés II, XIX Dinastía, 1279 a.d. C), es que sí tuvieron un Estado en ese mismo territorio.
Así pues, por carta de presentación, antecedentes y fundamentos históricos, la balanza justificadora apunta sobre el pueblo de Israel por todos los costados, para darle legitimidad por encima de los palestinos musulmanes, que jamás tuvieron un Estado propio y que, de no ser hebreos, descienden de los invasores árabes que, con el expansionismo musulmán arrebatan Palestina al Imperio bizantino.
Pero volvamos otra vez a la historia reciente. El famoso acuerdo anglo-francés conocido como los acuerdos Sykes-Picot, guardaba una contradicción interna por su propia naturaleza. Francia e Inglaterra jugaron a varias bandas para asegurarse las alianzas necesarias contra los turcos. Por lo que, como hemos dicho, no sólo se pactó con los nacionalistas árabes, si no que también se pactó con los sionistas al mismo tiempo, ya que se incluye en el acuerdo dar cabida a la Declaración Balfour (noviembre de 1917), que constituye el documento sionista para dar cabida a lo que se conoció como el hogar nacional judío en Palestina. Esto chocaba frontalmente con las promesas hechas a la vez a los árabes, que daban por suyo todo el territorio liberado de los turcos, incluyendo Palestina, con lo que pretendían reconstruir el imperio musulmán de los tiempos de los Omeya o los Abbasies (toda una lección de respeto a las nacionalidades y pueblos diversos que habitan en ese espacio del Medio Oriente).
Así pues, por fin nos encontramos con el inicio de la actual situación en su forma presente: el nacionalismo árabe y nacionalismo sionista enfrentados en Palestina, aunque aún las cosas no estallarán debido a que el territorio queda bajo el control de la administración británica.
Con toda esta historia solo he querido apuntar que la causa Palestina no vale más que la causa israelita en cuanto a legitimidad sobre suelo Palestino. No solo no vale más. Vale menos, porque jamás tuvieron un Estado, y los hebreos sí, y éstos habitaron palestina antes, durante y ahora, mientras que los palestinos que hoy reivindican un Estado musulmán y la eliminación del Estado de Israel, son población invasora, que ocupa el territorio con la expansión del Islam. O es población convertida a la doctrina, la religión y la cultura del ocupante. Esa es la realidad histórica si queremos justificarnos en este tipo de argumentos.
Pero ahora vayamos más allá. Todo esto pasa por querer fundamentar un Estado en valores de carácter étnico y religioso. Y en esta tesitura, ni Israel, ni los palestinos tienen razón ninguna. El fundamento étnico, y qué decir del religioso, como base legitimadora del Estado es la lacra de nuestra historia. Una fase entendible en el pasado, en el proceso de evolución, en el paso de la manada a la tribu, que no entendía la identidad de grupo si no a partir de la consanguinidad, los lazos de familia. Que no había alcanzado la ilustración, la empatía, el pacto social, el convenio humano de voluntades libres bajo un proyecto racional, el Estado moderno, basado en el derecho y éste sobre lo intrínseco de la condición humana y no sobre lo anecdótico, coyuntural, o animal (raza, modalidad cultural para sintetizar). El nacionalismo, una vez más, nos muestra sus execrables bondades: sangre, odio, marginación, genocidio, apropiación indebida del espacio (tomémoslo en cuenta no solo para vertebrar España, si no a España con Europa y a esta con el mundo).
Deslegitimo la guerra entre ambas partes (para empezar, deslegitimo todas las guerras), porque no han sido capaces de estructurar un Estado con independencia de cultura, raza, religión, echando de las instituciones todo ese argumentario y creando un Estado capaz de aglutinar, desde la laicidad y los valores democráticos, a dos pueblos. Condeno toda forma cultura cuya visión sea negar al otro y negar el derecho del individuo. Y ello ocurre porque son sociedades que parten de considerar al individuo una pieza de la comunidad y no a él, en si, al individuo, como el sujeto de derecho al que, en todo caso, debe la comunidad servir y proteger.
A partir de todo esto, es evidente que el realismo político debe partir del odio irreconciliable y las diferencias culturales irreconciliables entre israelitas y palestinos musulmanes. Eso conduce a la posibilidad de dos Estados. Pero que no se engañe nadie. Dos Estados que es probable que, lo primero que harán, será declararse la guerra… la misma guerra, con otro estatus jurídico.
Y pese a esto, a la descalificación de partida, de ambas partes en conflicto, hemos de seguir con el realismo político. Israel es lo más semejante a nuestro mundo cultural. Es la frontera contra el Islam. Islam, para mi, significa, de partida, la mujer reducida a poco más que animal, a la definición de Aristóteles de la mujer (ser menor de edad), sujeta pues a la autoridad masculina, al servicio del hombre, con sumisión. Supone la opresión del burka. La lapidación por adulterio. Islam, para mi, supone la antítesis de los derechos universales del ser humano, del individuo, para sumirlo en una identidad que no tiene sentido en sí, si no en tanto y cuanto responde como la hormiga al hormiguero. ISLAM ME PRODUCE HORROR. No quiero ser políticamente correcto, porque por cosas de procedimiento puede llegar el día que a mis hijas, a mis amigas les toque llevar el burka para sobrevivir, y aunque soy antiabortista, puede que le toque a cualquier mujer ser lapidada por haber abortado. A ver si se dan cuenta de esto los giliprogres fascioizquierdistas, cuyo antisemitismo empiezo a creer que va más allá de un antiamericanismo, anti-imperialismo, anticapitalismo, y está en la raíz de la xenofobia que llevó al holocausto. Porque yo, para ser sincero, me abrazaría al mismísimo diablo americano, capitalismo incluido, antes que verme preso en una sociedad que, como “infiel”, cualquiera puede tener el derecho a liquidarme para ganar el paraíso de las huríes….
domingo, 4 de abril de 2010
A PROPÓSITO DE FUTURAS ELECCIONES Y ALTERNATIVAS
Creo que fue una excelente idea la del que acuñó el término “zapaterismo”, haciendo referencia al caudillismo del Sr. Zapatero y al grupo que, al más puro estilo de las mafias sicilianas, se ha estructurado en torno suyo, apoderándose del antiguo partido Socialista (PSOE), y convirtiéndolo en una especie de feudo y plataforma que les facilita el acceso al poder de la nación.
La acuñación del término contribuye al urgente distanciamiento que debe establecer la socialdemocracia con respecto a esa camarilla que ha secuestrado a aquel partido.
En efecto, Zapaterismo, que no socialismo. Y eso es lo que debemos insistir hasta la saciedad.
A mi modo de entender y tras estudiar el programa y el discurso político, el espacio de una socialdemocracia europea (que valientemente trascienda la vieja y obsoleta frontera ideológica de la izquierda decimonónica), no lo está ocupando nadie (al menos de un modo claro y decidido). Parecía ser el camino de Upyd, pero los acontecimientos internos de esa formación, sugieren una deriva hacia el caudillismo, al más de lo mismo en lo que se refiere a la politocracia y a ninguna novedad sustancial en la contribución y el marco ideológico para afrontar los retos políticos de futuro, no solo de España, si no de Europa, realidad en la que deberá insertarse nuestro país. Su discurso no pasa de un nacionalismo que, incluso, puede resultar trasnochado, una solución federalista discutible, y una actitud ante los retos de futuro que no pasan del mediano plazo, dentro de una visión sin horizonte. Movimiento lastrado por un concepto de transversalidad imposible, porque no se puede dar fortaleza a un partido pretendiendo articularse en base a unos cuantos puntos programáticos (sobre todo centrados en la estructura del Estado y poco más), olvidando que hay posiciones irreconciliables en otras esferas no menos importantes de la vida política (aborto, pena de muerte, eutanasia, por citar algunos ilustrativos, que separarían a los afiliados de un modo tajante).
Conformes o no con las tesis socialdemócratas, hubiera sido una buena idea para los socialdemócratas (y para el resto de nosotros) haberse liberado de ZP y su camarilla y del lastre histórico de un partido (PSOE), que es ya caricatura de sí mismo y además invadido por una caterva de oportunistas, rastreros, mercaderes de la cosa pública, cuando no, ignorantes al paño, con una falta de criterios y de formación filosófica que asusta (léase alguna Ministra con problemas de definición acerca de la naturaleza humana y la condición necesaria para ser sujeto de derecho).
A mi modo de entender Upyd perdió una oportunidad histórica de presentarse como la regeneración de la socialdemocracia, superando dogmas, adoctrinamientos, fanatismos, lastres históricos, e incorporando la flexibilidad que exige la dinámica de la historia. Apertura conceptual. Sentido crítico y autocrítico. Capacidad de incorporar cualquier propuesta que realmente sea útil para el desarrollo de la humanidad. Puede, ahora, que intente dirigirse, para estas elecciones autonómicas y municipales, hacia ese sector de la izquierda. Creo que, el golpe interno que supuso su Congreso de Noviembre pasado, iba encauzado en esa dirección: reconducir la línea ideológica del partido hacia la izquierda. Creo, incluso, que esa fue siempre la mira de su cúpula. Y por ello, creo que no fue ético el proceso, ya que se valieron de un discurso ambiguo, disfrazado de "transversalidad", abanderando la lucha contra ETA, la defensa de valores nacionalistas españoles, para atraer a unos votantes que, por fuerza, tendrían luego que ser apartados, pero necesarios en la primera hora para lograr las tres victorias (la diputada del Parlamento Nacional, el autonómico y el eurodiputado).
Nunca confié en la transversalidad. El por qué, ya lo he señalado líneas más arriba, pero la nefasta política antiterrorista de la primera legislatura de ZP, sumado a más errores que estamos ahora mismo pagando, me hizo pensar que un partido con puntos programáticos escasos, pero urgentes de necesidad, bien merecía una especie de pacto ciudadano, aglutinando distintas corrientes, pero concurrentes en la luchar por una regeneración democrática y perfeccionamiento del sistema democrático, para oponernos a las alianzas, pactos y componendas contra natura, peligrosas, y que solo responden a políticas de coyuntura, del salir del paso, sin ninguna visión de Estado, ni visión de largo alcance, ni proyección de futuro.
Desde estas líneas quisiera dirigirme a todos los que me seguís en este blog: Ante el proyecto fallido de UPyD, de Ciudadanos y otros intentos, volvemos a estar huérfanos muchos ciudadanos. Sin embargo, pienso que es un excelente momento para iniciar, sí, una vez más, y cuantas veces sean necesarias, una nueva iniciativa política. No transversal. Clara, valiente, con miras no solo al presente, que hay que resolver sin duda, pero con visión de futuro. Creo que ha llegado la hora de trabajar por una empresa que trate de evitar el empobrecimiento que supone el bipartidismo, la concentración insana y peligrosa del poder en dos facciones, el embadurnamiento de la clase política con gente tan falta de criterios, cultura, formación y capacidad de gestión, motivada solo a medrar en las arcas del Estado, y sin ninguna ética.
Conozco ese discurso reaccionario y derrotista, bien alimentado por las mafias políticas (tanto de un signo como de otro), que pretenden evitar la fuga de votos, insistiendo en que no hay lugar ni posibilidad para otras opciones políticas que las ya establecidas. Apelan al voto útil. Apelan al temor de la dispersión del voto, argumentando que ello podría beneficiar al contrincante indeseado.
Estoy convencido que centenares de miles de ciudadanos, votantes del partido que gobierna, no están de acuerdo con el zapaterismo, pero temen otorgar el triunfo al partido de la oposición. Estoy también convencido que centenares de miles de votantes del principal partido de la oposición, no están convencidos de la alternativa que éste les ofrece, pero temen continuar con este desgobierno zapaterista.
Creo que es la hora, incluso para sanear esos partidos, de decidir un voto valiente, una alternativa política que, además de serlo, manifieste el rechazo total al estilo de política que domina la escena nacional y que todos los partidos están desarrollando con total falta de respeto a la dignidad de los ciudadanos.
Es preciso en estos momentos concienciar a los responsables de los partidos, que su poder depende efectivamente de los votantes. Y es preciso, para ello, que los votantes les demuestren que tienen la capacidad, no solo de enviarles a la oposición, si no, también, de apartarlos de la vida política y de alejarlos como alternativa efectiva de gobierno.
Pero, para ello, es necesario que los ciudadanos nos deshagamos de nuestros temores, nuestros fantasmas. Superar de una vez para siempre la brecha del guerrocivilismo, la concepción maniquea de la historia, que tan bien y buenos resultados le ha dado y da a ambos sectores políticos de este país. ...¿Acaso no se puede concebir una izquierda carente de fanáticos incendiarios de iglesias, asesinos de monjas, expropiadores de bienes, adoctrinados en la fe, que no en la convicción, de unas proclamas asumidas tan emocional y visceralmente como un religioso se entrega a sus creencias? ...¿Acaso no se puede concebir una derecha distinta a la carcuncia del 36, desligada del fascismo? Quiero recordar a quienes insisten en esa identificación, que fue el Sr. Churchill, conservador donde los haya, lo mismo que De Gaulle -EEUU incluido- los que se enfrentaron victoriosos al nazismo y al fascismo.
Querernos hacer ver en la derecha a las fuerzas mismas del franquismo, la dictadura, el compendio de la maldad fascista, es jugar perversamente, deshonestamente con la historia de nuestro país, para secuestrar nuestro voto como voto útil.
Aznar gobernó, Suárez gobernó, Calvo Sotelo gobernó, Felipe González gobernó y este país ha seguido su trayectoria democrática. Es hora de dejar de demonizar a la derecha y a la izquierda para cautivar los votos en dos polos mayoritarios. Es hora, eso sí, de tener clara cual es la línea que separa una visión con mayor o menor sensibilidad social, modos de entender la ética de las relaciones sociales y el orden social (léase cuestiones como el modo de entender el matrimonio, el divorcio, la unión entre parejas del mismo sexo, los derechos de la mujer, de los homosexuales, de la infancia, de los inmigrantes, de todas y cada una de las minorías, la definición de vida humana y sus derechos, la pena de muerte, los derechos laborales, el peso del Estado en la esfera de lo íntimo y lo privado, la política medioambiental, desarrollo y ecología, relaciones con el 3º Mundo, la investigación genética, etc., etc.). Pero, sobre todo, no solo de detenernos en las declaraciones de principios. Ya hemos oído y escuchado bastante a las dos fuerzas políticas que monopolizan el poder. Lo que es necesario, es que su discurso se corresponda honestamente. Y en esta última asignatura, los dos grandes partidos han actuado y actúan con total desprecio de la verdad y la coherencia, muchas veces traicionando sus principios, desdiciéndose de lo que han afirmado, o atropellando el derecho de algún colectivo si el oportunismo político lo exige.
Por todo esto, es necesario un espacio político donde los ciudadanos tengan la posibilidad de ser sujetos activos en las decisiones que atañen a nuestro destino como sociedad. Un movimiento político que surja de la raíz misma de la ciudadanía, pero con un claro proyecto político y una clara concepción ideológica. Cuando hablamos de una época en la que las ideologías han sido superadas, tal formulación no es exacta. Lo que realmente ha sido superado, es la frontera conceptual en la que se han movido las ideologías tradicionales, no pudiendo dar cumplida respuesta a todos los niveles de una realidad que, ahora, está revelando toda su complejidad e interaccionalidad.
Es evidente que, con tal definición, no se llamará a engaño nadie y se podrá o no ser partícipe de ese espacio político. Pero, por eso, es necesario un espacio que supere el fanatismo y sea capaz de alinearse y articularse puntualmente, sin perder sus idearios y principios, con partidos y plataformas ciudadanas ahí donde se coincida en objetivos. Hablamos en concreto de cuestiones básicas como los derechos de los ciudadanos en este espacio que llamamos España, la reforma de la ley electoral y de la aplicación de la ley d’hont (la exigencia de aplicar el principio elemental de “un ciudadano - un voto”); la separación total y absoluta de los tres poderes del Estado, para evitar las aberraciones y manipulaciones del poder político sobre el judicial, como estamos viendo de manera abochornante. La devolución de competencias estratégicas al Estado, cuando estamos siendo testigos de la descoordinación, cuando no, la contradicción y la desigualdad entre las comunidades autónomas y el enorme derroche y gasto presupuestario.
Y quiero especialmente detenerme en este asunto porque, la perversión maniquea y deshonesta de ciertos sectores políticos, ha llegado al punto de querer calificar cualquier sentido coherente de vertebración del Estado como un perverso nacionalismo al más puro estilo fascista. Nada más lejos de la verdad. Ese concepto queda para el nacionalismo español, catalán, vasco, gallego, y cualquier otro de fundamento etno-cultural. Para grupos políticos peligrosos, con los que no han tenido ningún inconveniente pactar las dos grandes fuerzas políticas, conduciéndonos a una tensión interna irresponsable.
Para cualquier mente medianamente clara, medianamente culta y razonable, libre de orejeras partidistas y fanatismos ideológicos, es fácil comprender la necesidad de concebir una organización administrativa como categoría en la que se resume una sociedad jurídicamente establecida, formada por ciudadanos que se dotan de unos instrumentos que les permiten resolver sus problemas culturales, sociales, económicos, que pactan un sistema político que les garantice sus derechos y afrontar sus objetivos. No hay razas, ni hegemonías culturales. El fundamento al fin y a la postre, es el pacto rousseauniano. El pacto social, racional, entre voluntades individuales, de ciudadanos libres, con independencia de credos, razas, lenguas, procedencias sociales, sexo, edad, y cualquier otro rasgo que no resulta sino que anecdótico. Y esta es la concepción que deberíamos defender también para la Europa que se pretende construir.
Con estas palabras he querido invitaros a reflexionar desde mis propias reflexiones. En la necesidad de crear ese espacio político que realmente suponga una regeneración democrática a la vez de un proyecto político claro.
Pero, en la posibilidad de fundar un movimiento político capaz de dar respuestas a los retos de mañana, no debemos plantearnos urgencias apegadas a coyunturas y contingencias. No debemos fijarnos metas tan cortas de mira, tan mezquinas, de tan poco alcance, como puede ser el hecho coyuntural de presentarse, ganar o perder unas elecciones mas o menos próximas. Y menos sin considerar el cómo se ganan y a qué se renuncia para ello. El proyecto político que ha de construirse debe ser el resultado de una decisión firme por construir nuestra propia historia, libres de intereses mezquinos, de interese de grupo, capaz de involucrar al conjunto de la sociedad y ofrecer una opción que permita a los ciudadanos de este país ser de una vez para siempre libres del voto del miedo, del voto secuestrado, o del voto pesimista que se rinde a la idea del menor de los males. Asumamos de una vez, valientemente, utópicamente, que se puede ganar o perder en una coyuntura, pero que podemos, que debemos construir un futuro sólido, libre de oportunismos políticos y políticas contingentes, carentes de modelo de Estado, sociedad, objetivos.
La acuñación del término contribuye al urgente distanciamiento que debe establecer la socialdemocracia con respecto a esa camarilla que ha secuestrado a aquel partido.
En efecto, Zapaterismo, que no socialismo. Y eso es lo que debemos insistir hasta la saciedad.
A mi modo de entender y tras estudiar el programa y el discurso político, el espacio de una socialdemocracia europea (que valientemente trascienda la vieja y obsoleta frontera ideológica de la izquierda decimonónica), no lo está ocupando nadie (al menos de un modo claro y decidido). Parecía ser el camino de Upyd, pero los acontecimientos internos de esa formación, sugieren una deriva hacia el caudillismo, al más de lo mismo en lo que se refiere a la politocracia y a ninguna novedad sustancial en la contribución y el marco ideológico para afrontar los retos políticos de futuro, no solo de España, si no de Europa, realidad en la que deberá insertarse nuestro país. Su discurso no pasa de un nacionalismo que, incluso, puede resultar trasnochado, una solución federalista discutible, y una actitud ante los retos de futuro que no pasan del mediano plazo, dentro de una visión sin horizonte. Movimiento lastrado por un concepto de transversalidad imposible, porque no se puede dar fortaleza a un partido pretendiendo articularse en base a unos cuantos puntos programáticos (sobre todo centrados en la estructura del Estado y poco más), olvidando que hay posiciones irreconciliables en otras esferas no menos importantes de la vida política (aborto, pena de muerte, eutanasia, por citar algunos ilustrativos, que separarían a los afiliados de un modo tajante).
Conformes o no con las tesis socialdemócratas, hubiera sido una buena idea para los socialdemócratas (y para el resto de nosotros) haberse liberado de ZP y su camarilla y del lastre histórico de un partido (PSOE), que es ya caricatura de sí mismo y además invadido por una caterva de oportunistas, rastreros, mercaderes de la cosa pública, cuando no, ignorantes al paño, con una falta de criterios y de formación filosófica que asusta (léase alguna Ministra con problemas de definición acerca de la naturaleza humana y la condición necesaria para ser sujeto de derecho).
A mi modo de entender Upyd perdió una oportunidad histórica de presentarse como la regeneración de la socialdemocracia, superando dogmas, adoctrinamientos, fanatismos, lastres históricos, e incorporando la flexibilidad que exige la dinámica de la historia. Apertura conceptual. Sentido crítico y autocrítico. Capacidad de incorporar cualquier propuesta que realmente sea útil para el desarrollo de la humanidad. Puede, ahora, que intente dirigirse, para estas elecciones autonómicas y municipales, hacia ese sector de la izquierda. Creo que, el golpe interno que supuso su Congreso de Noviembre pasado, iba encauzado en esa dirección: reconducir la línea ideológica del partido hacia la izquierda. Creo, incluso, que esa fue siempre la mira de su cúpula. Y por ello, creo que no fue ético el proceso, ya que se valieron de un discurso ambiguo, disfrazado de "transversalidad", abanderando la lucha contra ETA, la defensa de valores nacionalistas españoles, para atraer a unos votantes que, por fuerza, tendrían luego que ser apartados, pero necesarios en la primera hora para lograr las tres victorias (la diputada del Parlamento Nacional, el autonómico y el eurodiputado).
Nunca confié en la transversalidad. El por qué, ya lo he señalado líneas más arriba, pero la nefasta política antiterrorista de la primera legislatura de ZP, sumado a más errores que estamos ahora mismo pagando, me hizo pensar que un partido con puntos programáticos escasos, pero urgentes de necesidad, bien merecía una especie de pacto ciudadano, aglutinando distintas corrientes, pero concurrentes en la luchar por una regeneración democrática y perfeccionamiento del sistema democrático, para oponernos a las alianzas, pactos y componendas contra natura, peligrosas, y que solo responden a políticas de coyuntura, del salir del paso, sin ninguna visión de Estado, ni visión de largo alcance, ni proyección de futuro.
Desde estas líneas quisiera dirigirme a todos los que me seguís en este blog: Ante el proyecto fallido de UPyD, de Ciudadanos y otros intentos, volvemos a estar huérfanos muchos ciudadanos. Sin embargo, pienso que es un excelente momento para iniciar, sí, una vez más, y cuantas veces sean necesarias, una nueva iniciativa política. No transversal. Clara, valiente, con miras no solo al presente, que hay que resolver sin duda, pero con visión de futuro. Creo que ha llegado la hora de trabajar por una empresa que trate de evitar el empobrecimiento que supone el bipartidismo, la concentración insana y peligrosa del poder en dos facciones, el embadurnamiento de la clase política con gente tan falta de criterios, cultura, formación y capacidad de gestión, motivada solo a medrar en las arcas del Estado, y sin ninguna ética.
Conozco ese discurso reaccionario y derrotista, bien alimentado por las mafias políticas (tanto de un signo como de otro), que pretenden evitar la fuga de votos, insistiendo en que no hay lugar ni posibilidad para otras opciones políticas que las ya establecidas. Apelan al voto útil. Apelan al temor de la dispersión del voto, argumentando que ello podría beneficiar al contrincante indeseado.
Estoy convencido que centenares de miles de ciudadanos, votantes del partido que gobierna, no están de acuerdo con el zapaterismo, pero temen otorgar el triunfo al partido de la oposición. Estoy también convencido que centenares de miles de votantes del principal partido de la oposición, no están convencidos de la alternativa que éste les ofrece, pero temen continuar con este desgobierno zapaterista.
Creo que es la hora, incluso para sanear esos partidos, de decidir un voto valiente, una alternativa política que, además de serlo, manifieste el rechazo total al estilo de política que domina la escena nacional y que todos los partidos están desarrollando con total falta de respeto a la dignidad de los ciudadanos.
Es preciso en estos momentos concienciar a los responsables de los partidos, que su poder depende efectivamente de los votantes. Y es preciso, para ello, que los votantes les demuestren que tienen la capacidad, no solo de enviarles a la oposición, si no, también, de apartarlos de la vida política y de alejarlos como alternativa efectiva de gobierno.
Pero, para ello, es necesario que los ciudadanos nos deshagamos de nuestros temores, nuestros fantasmas. Superar de una vez para siempre la brecha del guerrocivilismo, la concepción maniquea de la historia, que tan bien y buenos resultados le ha dado y da a ambos sectores políticos de este país. ...¿Acaso no se puede concebir una izquierda carente de fanáticos incendiarios de iglesias, asesinos de monjas, expropiadores de bienes, adoctrinados en la fe, que no en la convicción, de unas proclamas asumidas tan emocional y visceralmente como un religioso se entrega a sus creencias? ...¿Acaso no se puede concebir una derecha distinta a la carcuncia del 36, desligada del fascismo? Quiero recordar a quienes insisten en esa identificación, que fue el Sr. Churchill, conservador donde los haya, lo mismo que De Gaulle -EEUU incluido- los que se enfrentaron victoriosos al nazismo y al fascismo.
Querernos hacer ver en la derecha a las fuerzas mismas del franquismo, la dictadura, el compendio de la maldad fascista, es jugar perversamente, deshonestamente con la historia de nuestro país, para secuestrar nuestro voto como voto útil.
Aznar gobernó, Suárez gobernó, Calvo Sotelo gobernó, Felipe González gobernó y este país ha seguido su trayectoria democrática. Es hora de dejar de demonizar a la derecha y a la izquierda para cautivar los votos en dos polos mayoritarios. Es hora, eso sí, de tener clara cual es la línea que separa una visión con mayor o menor sensibilidad social, modos de entender la ética de las relaciones sociales y el orden social (léase cuestiones como el modo de entender el matrimonio, el divorcio, la unión entre parejas del mismo sexo, los derechos de la mujer, de los homosexuales, de la infancia, de los inmigrantes, de todas y cada una de las minorías, la definición de vida humana y sus derechos, la pena de muerte, los derechos laborales, el peso del Estado en la esfera de lo íntimo y lo privado, la política medioambiental, desarrollo y ecología, relaciones con el 3º Mundo, la investigación genética, etc., etc.). Pero, sobre todo, no solo de detenernos en las declaraciones de principios. Ya hemos oído y escuchado bastante a las dos fuerzas políticas que monopolizan el poder. Lo que es necesario, es que su discurso se corresponda honestamente. Y en esta última asignatura, los dos grandes partidos han actuado y actúan con total desprecio de la verdad y la coherencia, muchas veces traicionando sus principios, desdiciéndose de lo que han afirmado, o atropellando el derecho de algún colectivo si el oportunismo político lo exige.
Por todo esto, es necesario un espacio político donde los ciudadanos tengan la posibilidad de ser sujetos activos en las decisiones que atañen a nuestro destino como sociedad. Un movimiento político que surja de la raíz misma de la ciudadanía, pero con un claro proyecto político y una clara concepción ideológica. Cuando hablamos de una época en la que las ideologías han sido superadas, tal formulación no es exacta. Lo que realmente ha sido superado, es la frontera conceptual en la que se han movido las ideologías tradicionales, no pudiendo dar cumplida respuesta a todos los niveles de una realidad que, ahora, está revelando toda su complejidad e interaccionalidad.
Es evidente que, con tal definición, no se llamará a engaño nadie y se podrá o no ser partícipe de ese espacio político. Pero, por eso, es necesario un espacio que supere el fanatismo y sea capaz de alinearse y articularse puntualmente, sin perder sus idearios y principios, con partidos y plataformas ciudadanas ahí donde se coincida en objetivos. Hablamos en concreto de cuestiones básicas como los derechos de los ciudadanos en este espacio que llamamos España, la reforma de la ley electoral y de la aplicación de la ley d’hont (la exigencia de aplicar el principio elemental de “un ciudadano - un voto”); la separación total y absoluta de los tres poderes del Estado, para evitar las aberraciones y manipulaciones del poder político sobre el judicial, como estamos viendo de manera abochornante. La devolución de competencias estratégicas al Estado, cuando estamos siendo testigos de la descoordinación, cuando no, la contradicción y la desigualdad entre las comunidades autónomas y el enorme derroche y gasto presupuestario.
Y quiero especialmente detenerme en este asunto porque, la perversión maniquea y deshonesta de ciertos sectores políticos, ha llegado al punto de querer calificar cualquier sentido coherente de vertebración del Estado como un perverso nacionalismo al más puro estilo fascista. Nada más lejos de la verdad. Ese concepto queda para el nacionalismo español, catalán, vasco, gallego, y cualquier otro de fundamento etno-cultural. Para grupos políticos peligrosos, con los que no han tenido ningún inconveniente pactar las dos grandes fuerzas políticas, conduciéndonos a una tensión interna irresponsable.
Para cualquier mente medianamente clara, medianamente culta y razonable, libre de orejeras partidistas y fanatismos ideológicos, es fácil comprender la necesidad de concebir una organización administrativa como categoría en la que se resume una sociedad jurídicamente establecida, formada por ciudadanos que se dotan de unos instrumentos que les permiten resolver sus problemas culturales, sociales, económicos, que pactan un sistema político que les garantice sus derechos y afrontar sus objetivos. No hay razas, ni hegemonías culturales. El fundamento al fin y a la postre, es el pacto rousseauniano. El pacto social, racional, entre voluntades individuales, de ciudadanos libres, con independencia de credos, razas, lenguas, procedencias sociales, sexo, edad, y cualquier otro rasgo que no resulta sino que anecdótico. Y esta es la concepción que deberíamos defender también para la Europa que se pretende construir.
Con estas palabras he querido invitaros a reflexionar desde mis propias reflexiones. En la necesidad de crear ese espacio político que realmente suponga una regeneración democrática a la vez de un proyecto político claro.
Pero, en la posibilidad de fundar un movimiento político capaz de dar respuestas a los retos de mañana, no debemos plantearnos urgencias apegadas a coyunturas y contingencias. No debemos fijarnos metas tan cortas de mira, tan mezquinas, de tan poco alcance, como puede ser el hecho coyuntural de presentarse, ganar o perder unas elecciones mas o menos próximas. Y menos sin considerar el cómo se ganan y a qué se renuncia para ello. El proyecto político que ha de construirse debe ser el resultado de una decisión firme por construir nuestra propia historia, libres de intereses mezquinos, de interese de grupo, capaz de involucrar al conjunto de la sociedad y ofrecer una opción que permita a los ciudadanos de este país ser de una vez para siempre libres del voto del miedo, del voto secuestrado, o del voto pesimista que se rinde a la idea del menor de los males. Asumamos de una vez, valientemente, utópicamente, que se puede ganar o perder en una coyuntura, pero que podemos, que debemos construir un futuro sólido, libre de oportunismos políticos y políticas contingentes, carentes de modelo de Estado, sociedad, objetivos.
jueves, 19 de noviembre de 2009
DIÁLOGOS SOBRE FEDERALISMO (3º artículo sobre federalismo)

Se dice que quienes defienden la concepción de un Estado Unitario descentralizado frente al federal, alegan, entre otras cosas, que la estructura federal emerge de entidades soberanas preexistentes y que habrían cedido soberanía a un Estado que las comprende a todas, pensando que no es la realidad histórica de España. Es el argumento, en definitiva, que llaman historicista.
Quienes pretenden rebatirles, dan poca importancia y peso al hecho histórico y argumentan que el establecimiento de una estructura federalista puede, legítimamente, adoptarse sin la necesaria concurrencia de procesos históricos en los que han intervenido entidades soberanas que se hayan ido federando paulatinamente.
Y no les falta en absoluto razón a quienes así argumentan defendiendo su postura federalista. Pero lo cierto es que, la atribución del argumentarlo histórico como fundamento de negación de la estructura federal y asunción de la tesis del Estado Unitario descentralizado, como el fundamento de los no federalistas, es una falacia. Y lo es, porque no forma parte necesaria de ese argumento. De hecho, yo, que no defiendo la tesis federal, no argumento en absoluto la defensa de mi postura en los procesos históricos.
Y es más, en efecto, yerran quienes hayan argumentado esto. No por falsedad del planteamiento, porque es cierto que suele existir un antecedente soberanista en las entidades que luego se han federado (aunque no necesario), pero olvidan que España fue “una suma de Coronas independientes que compartían Monarca” (parafraseando uno de los artículos de mi estimado Carlos Martínez Gorriarán). Y precisamente por eso ha tenido sentido la estructura autonómica con que se ha dotado el Estado español.
Dicho todo lo cual, desmonto la estrategia de aquellos que, queriendo desvirtuar la defensa del Estado Unitario descentralizado, invocan un argumentarlo fallido (el argumentarlo histórico), en boca de unos supuestos defensores del Estado Unitario descentralizado. Porque no es, ni con mucho, el fundamento que nos mueve a defender para el Estado español, la estructura de un Estado Unitario descentralizado.
Quienes creen que el federalismo en España va a solucionar los problemas existentes, tanto en lo referido a las delimitaciones de competencias como a las veleidades soberanistas, yerran también. Y citaré parte del argumento empleado por los propios defensores del federalismo cuando critican el argumento histórico. Porque, en efecto, que el federalismo se justifique únicamente en realidades históricas donde hayan existido previamente entidades soberanas que se han ido vinculando en los cauces de la historia, es un error, porque ello no implica en absoluto que no se pueda estructurar una federación a partir de otros fundamentos. Ni tampoco significa que ese proceso federativo, estructurado por los cauces de la historia, haya sido pacífico y voluntario. Generalmente ha sido forzado con sangre y fuego.
Precisamente por eso, el federalismo no garantiza en absoluto la bondad del sistema. En efecto, la razón o fundamento histórico, no garantiza procesos pacíficos, como si estos fueran “advenimientos naturales e insoslayables de la historia”. Alguien, precisamente atacando los fundamentos historicistas que dicen proclamar los que no creen posible el federalismo en España, dice textualmente (refiriéndose al tan cacareado caso alemán) que “hace falta mucho amor a la leyenda para aceptar que los viejos Estados alemanes de origen medieval cedieron voluntariamente su soberanía a una Alemania federal”. Y tanto.
De modo tal que, con fundamento o sin fundamento histórico, un sistema federal se impone en un momento dado del proceso, con acontecimientos coercitivos que lo fuerzan. En definitiva, con la existencia de un poder federal capaz de aplastar todo intento secesionista ulterior (guerra de secesión americana, por ejemplo). Es decir, no me garantiza ninguna paz, menos en un país como España donde el separatismo es una corriente de bastante fuerza y movilización social en lugares como Euskadi y Cataluña.
Y si se fijan ustedes, después de procesos históricos “pacíficos” o más o menos traumáticos, los únicos federalismos que funcionan, y funcionan como tal, son aquellos donde la predisposición social y política de la ciudadanía por solidarizarse y unificarse desde el respeto de sus diferencias es patente y forma parte de su cultura (por volver a citar Alemania, que no adolece de las diferencias lingüísticas, étnicas que existen en España. O agregar a EEUU., que tampoco adolece de diferencias culturales significativas que fundamenten la federación). En efecto, no es el caso español, aunque aquí se den antecedentes históricos de reinos distintos reunidos bajo una Corona. En España no funcionará el federalismo del mismo modo que no funciona la Autonomía (por cierto, no me canso de repetir, figura federativa), porque no hay voluntad ciudadana, voluntad política para que sea factible. No por llamarse federal, se aclararán y definirán las competencias de las entidades federadas y del Estado federal. Porque, repito, y lo haré hasta la saciedad, todo ello es posible hacer desde la propia actual legalidad y estructura del Estado. Si no es así, es porque no se quiere así.
Me temo, pues, que tampoco la solución es el Estado Unitario descentralizado, porque en las cotas de descentralización volveremos a encontrarnos con el mismo hueso duro: no aclarar competencias y exigir cada vez mayores cuotas de autogestión hasta derivar en la total independencia.
El problema, pues, trasciende, por desgracia, la polémica de federalismo vs. Estado Unitario descentralizado. Es tomar la decisión inquebrantable que tomaron los prusianos de unificar los territorios germanos, incluso con guerras y asesinatos (desde la derrota de Austria hasta la muerte de Luis de Baviera); la decisión inquebrantable de los norteamericanos, incluso con una terrible y fraticida guerra civil o de secesión; los argentinos, incluso con la guerra civil de 1828 a 1832 (por citar un episodio. Podríamos hablar del terror de 1842, o el periodo bélico de 1851 a 1852 que culmina con la batalla de Monte Caseros); los franceses, aboliendo, en efecto, las divisiones internas del reino (que por cierto costó ríos de sangre en el país vasco del lado francés), constituyendo un Estado Unitario porque “entendían que, sin Estado Unitario no habría libertad política ni igualdad jurídica.” Y fíjense ustedes que cito ejemplos federales y unitarios, porque ahí radica todo el problema: ¿Hay o no voluntad de mantenernos unidos? Y si la hay ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Porque, llegado el caso, los ejemplos federalistas recurrieron a la sangre y el fuego (lo mismo que los unitaristas). Y si no, nos da lo mismo llamarnos Juana que Chana. Y para tal efecto, ni nos molestemos en discutir, debatir y preguntarnos cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler.
Créanme, señores: Lo que falta es decisión política para delimitar las competencias del Estado. Nada más
domingo, 15 de noviembre de 2009
DIÁLOGOS SOBRE FEDERALISMO (2º artículo sobre federalismo)

Defendiendo la postura federalista para la estructura del Estado español, se ha argumentado en los foros que, aquellos que defienden un Estado unitario descentralizado fuerte, contra la idea del federalismo, les ocurre lo que al burgués gentilhombre de Molière (que se sorprendió al enterarse que hablaba en prosa. Cosa que no sabía hasta que su profesor le hizo caer en la cuenta), porque no otra cosa es ese Estado unitario descentralizado que defienden los anti federalistas españoles: una forma federativa.
Quienes se expresan con esta ironía, puede que ignoren realmente la significación que, en teoría del Estado, tiene el concepto de Estado Unitario descentralizado. Tal vez deberían haber matizado para situar al lector en la realidad a la que se están refiriendo específicamente: La España de las Autonomías. Porque muchos de los que defienden la tesis del Estado Unitario descentralizado, parten, en efecto, de la estructura autonómica y solo pretenden que, esas unidades político-administrativas, sean dotadas de idénticas competencias.
No vamos pues a ser tan temerarios (o soberbios) de suponer como esos federalistas irónicos, que haya ignorancia en quienes defienden la idea de un Estado Unitario descentralizado, partiendo del reconocimiento, como unidad administrativa territorial, de las actuales Autonomías.
Por el contrario, creemos que a nadie se le escapa que se trata (el sistema autonómico) de una figura federativa (dado que, en efecto, la figura Autonómica es reconocida en la ciencia política como una figura federativa) y
que España, pues, es hoy por hoy, de hecho y de “derecho” una especie de Estado con estructura federativa.
Por el contrario, creemos que a nadie se le escapa que se trata (el sistema autonómico) de una figura federativa (dado que, en efecto, la figura Autonómica es reconocida en la ciencia política como una figura federativa) y
que España, pues, es hoy por hoy, de hecho y de “derecho” una especie de Estado con estructura federativa.
Pero, cuando se discute tanto por imponer el término federal en detrimento del autonómico, es que algo más se pretende (cierto o falso, errado o acertado, pero algo más sin duda).
Observen ustedes cómo los que hablan en prosa sin saberlo (supuestamente, de un lado, los defensores del actual sistema autonómico, y de otro lado, los que, reconociendo la estructura territorial autonómica, defienden una igualdad competencial para todas ellas), les molesta la prosa, es decir, les molesta el término federal y reaccionan mal ante él. Es algo que deberíamos tomar en consideración, dentro de un contexto democrático, si nos importa, al menos, la reacción social como parte del problema.
Por otra parte, observen también, cómo a los que esa prosa les gusta (los defensores del federalismo), pese a decir que ese estado Unitario descentralizado que defienden los otros, es una estructura federalista de hecho, les preocupa que venga definida bajo el rótulo de “Estado Unitario descentralizado”.
Reconocerán todos ustedes, por lo tanto, que al menos al nivel del valor de las palabras, y su repercusión social, el problema es bastante serio. Y lo es, porque el problema está en lo que todos presienten y en las intenciones que nadie declara.
De todas las objeciones al federalismo que vienen mencionándose en los foros pro federalistas (y que se plantean de un modo sesgado para facilitar una fácil crítica sobre esas objeciones), prácticamente se mencionan solo aquellas relacionadas con la aplicabilidad de la estructura federal en la realidad sociológica, histórica y política de España. Y ahí, en efecto, existe uno de los principales problemas. No debemos olvidar el contexto sociológico y político de España. …. Ya entraremos en este tema.
Pero quisiéramos hacer un paréntesis para referirnos a otros argumentos, no por su importancia en sí (todo lo contrario. Su valor es nulo), pero que, precisamente por ello, por su evidente valor nulo, lo que viene implicado al ser esgrimidos para combatirlos, sí constituye algo muy grave y serio. Hay, en efecto, en España quienes objetan la opción federalista por suponerla una concepción proveniente de la izquierda (como si eso fuera un argumento en sí para objetar una idea). Quienes así argumentan, no cabe duda que demuestran más que una supina ignorancia y un fanatismo inaceptable. Pero que los pro federalistas citen semejante barbaridad, como tal barbaridad que es, para desprestigiar otras opciones de estructura estatal a través del desprestigio intelectual, tomando a un grupo de ignorantes por la totalidad de quienes conciben otras opciones distintas al federalismo, es una argucia improcedente, mezquina y falaz. Intentar desprestigiar una concepción del Estado (la no federalista, o una figura federalista específica como el sistema autonómico) citando comentarios de gente sin formación, es un recurso que ofende a la inteligencia.
Dicho todo lo cual, quisiera comenzar a contra argumentar las supuestas bondades del federalismo que defienden los pro federalistas españoles.
Una de las bondades que más se esgrime, es la posible solución al problema de la real desigualdad entre comunidades autónomas que se cree encontrar con esta opción. Pero decimos y sostenemos que es un sofisma decir que dicha desigualdad se debe a la estructura autonómica (que ya hemos dicho, y no lo olviden los federalistas, se trata de una figura federativa). En realidad, todos esos problemas se deben a la falta de voluntad política para definir claramente las competencias definitivas de las Comunidades Autónomas y del Estado. Y siendo así, crearíamos un Estado Federal exactamente como lo hemos creado: con “el bochornoso espectáculo del blindaje del Concierto Económico vasco, y un Estatuto como el de Cataluña, que instaura la relación bilateral Estado-Cataluña”. Nadie impide, ni garantiza que, en esta estructura federal que se propone, se vayan a definir con claridad y exactitud las competencias de las Comunidades y del Estado. Porque solo falta voluntad política y ésta no depende de la forma del Estado, si no de la deriva histórica y sociológica de la política española. Todo lo que se propone en un Estado federal (estudiar en catalán en Cataluña pero sin erradicar el castellano como lengua vehicular optativa;…pagar los mismos impuestos y recibir los mismos servicios en el País Vasco y Madrid, etc.), con voluntad política tiene perfecta cobertura legal y posibilidad en la estructura del Estado autonómico actual, sin necesidad de otros mayores aspavientos federalistas.
Una de las bondades que más se esgrime, es la posible solución al problema de la real desigualdad entre comunidades autónomas que se cree encontrar con esta opción. Pero decimos y sostenemos que es un sofisma decir que dicha desigualdad se debe a la estructura autonómica (que ya hemos dicho, y no lo olviden los federalistas, se trata de una figura federativa). En realidad, todos esos problemas se deben a la falta de voluntad política para definir claramente las competencias definitivas de las Comunidades Autónomas y del Estado. Y siendo así, crearíamos un Estado Federal exactamente como lo hemos creado: con “el bochornoso espectáculo del blindaje del Concierto Económico vasco, y un Estatuto como el de Cataluña, que instaura la relación bilateral Estado-Cataluña”. Nadie impide, ni garantiza que, en esta estructura federal que se propone, se vayan a definir con claridad y exactitud las competencias de las Comunidades y del Estado. Porque solo falta voluntad política y ésta no depende de la forma del Estado, si no de la deriva histórica y sociológica de la política española. Todo lo que se propone en un Estado federal (estudiar en catalán en Cataluña pero sin erradicar el castellano como lengua vehicular optativa;…pagar los mismos impuestos y recibir los mismos servicios en el País Vasco y Madrid, etc.), con voluntad política tiene perfecta cobertura legal y posibilidad en la estructura del Estado autonómico actual, sin necesidad de otros mayores aspavientos federalistas.
Nos dicen quienes defienden eso que llaman “decir las cosas por su nombre” es decir, declarar el Estado Federal español, que “ni a Carod Rovira, ni a Iñigo Urkullu, ni a Miguel Sanz, les interesa lo más mínimo ese Estado Federal cooperativo. A la izquierda oficial y a la derecha confederada del PP tampoco, por razones oportunistas y porque se han adaptado a manejar las cosas al estilo nacionalista”. Y no les falta razón. Es verdad que no les interesa el Estado federal. Por eso los nacionalistas independentistas no están interesados, tampoco, en la figura federativa que es la Autonomía. Y por eso mismo, pese a la estructura federativa que es el sistema autonómico, ninguno de esos sujetos e instituciones mencionadas mueven ficha para definir competencias claras y precisas. No se crea nadie, pues, que, por una cuestión de nombre, la realidad iba a cambiar.
Y ya que en esos foros se menciona el caso alemán como ejemplo a seguir, he dicho en mi artículo anterior, que precisamente no es aplicable en España ¿Por qué? Pues lo repito:
· Diferenciación clara de funciones entre la administración del Bund y la del Land. Las funciones legislativas recaen sobre el Bund, mientras que las administrativas son propias del Land y de los municipios ¿Dejarán en España los nacionalistas que esto suceda, sin participar de la función legislativa? Me temo que no.
· En Alemania, son el gobierno y parlamento federales quienes definen, a las administraciones de los Estados federados, lo que éstas han de ejecutar. Con la existencia de un nacionalismo independentista este no podría ni negociarse en España.
· tanto constitucionalmente, como en los principios implícitos, no solo de las normativas de cada Land, si no en la esencia misma de la sociología política alemana (la cultura política germana), la cooperación interestatal, tanto entre los länder, como entre éstos y el Bund, es un hecho fundamental, obligado e irrenunciable. Si bien cada Estado vela por sus intereses, no se soslaya el deber que tienen los Estados más ricos de ayudar a aquellos de menores ingresos. Su cultura política no se basa en el conflicto, sino en la proporcionalidad e integración vertical. El sistema alemán es un federalismo cooperativo, que solo es posible a partir de un irrenunciable sentido de unidad, que hace del sistema una estructura oscilante entre lo que podría ser entendido como una especie de centralismo y una gran cooperación para la ejecución de las tareas, sin perder el espacio de independencia de los Estados. No es ningún disparate decir y afirmar que el sistema federal alemán posee estructuras centralizadoras considerables que, por otra parte, hunden sus raíces en el mismo proceso de integración europea.
· En Alemania, son el gobierno y parlamento federales quienes definen, a las administraciones de los Estados federados, lo que éstas han de ejecutar. Con la existencia de un nacionalismo independentista este no podría ni negociarse en España.
· tanto constitucionalmente, como en los principios implícitos, no solo de las normativas de cada Land, si no en la esencia misma de la sociología política alemana (la cultura política germana), la cooperación interestatal, tanto entre los länder, como entre éstos y el Bund, es un hecho fundamental, obligado e irrenunciable. Si bien cada Estado vela por sus intereses, no se soslaya el deber que tienen los Estados más ricos de ayudar a aquellos de menores ingresos. Su cultura política no se basa en el conflicto, sino en la proporcionalidad e integración vertical. El sistema alemán es un federalismo cooperativo, que solo es posible a partir de un irrenunciable sentido de unidad, que hace del sistema una estructura oscilante entre lo que podría ser entendido como una especie de centralismo y una gran cooperación para la ejecución de las tareas, sin perder el espacio de independencia de los Estados. No es ningún disparate decir y afirmar que el sistema federal alemán posee estructuras centralizadoras considerables que, por otra parte, hunden sus raíces en el mismo proceso de integración europea.
Evidentemente no es el caso de España, donde el separatismo y la más que demostrada insolidaridad entre regiones (léase política hidrográfica y fiscal por poner un botón de muestra, impensable en Alemania), son paradigma de una falta total de intención cooperativa interestatal. En España un posible consejo federal al estilo alemán (representantes de los länder) de länder separatistas, no actuaría como una fuerza de efecto centrípeto como en Alemania, sino como legalización de fuerzas emancipadoras y soberanistas.
domingo, 1 de noviembre de 2009
FEDERALISMO Y ESTADO UNITARIO DESCENTRALIZADO

La razón por la cual no defiendo una estructura federal para el Estado español, es simplemente porque proponer esto es llover sobre mojado. Me explico: El sistema de las Autonomías es ya en sí un sistema federativo. No voy a proponer, por tanto, algo que ya está creado.
Alguien dirá que no es así. Y yo pregunto ¿Qué falta a esta estructura autonómica para ser un Estado federal? Lo diré:
1º Tener el valor de llamarse Federal (cuestión de palabras como veréis).
2º Un Parlamento Federal, es decir, una cámara de representación territorial (como el Senado de los Estados Unidos de Norteamérica) o un Consejo Federal (como el caso de Alemania).
3º La clara delimitación de las competencias territoriales y del Estado Federal.
Como supondréis, lo primero, como cuestión de palabras no merece mayores comentarios ni interés. Pero, lo segundo y tercero, estrechamente relacionados e interdependientes, es digno de ser tratado, no solo por los aspectos técnicos y jurídicos que ofrece, si no, sobre todo, por el contexto histórico y sociológico en el que se pretende ofrecer.
El contexto histórico y sociológico español no creo que sea necesario explicarlo: Reivindicaciones soberanistas, independentistas en territorios como Euskadi, Cataluña, Baleares, Galicia, y con menor virulencia pero no menos importante, Canarias (por no cansar y comentar que en cada comunidad hay grupos separatistas).
Una cosa es aplastar la identidad de un pueblo y su cultura y otra que, en nombre de pueblo y cultura, no aplastados (porque la actual Constitución española garantiza los mismos derechos, deberes, libertades y servicios estatales por igual a todos los ciudadanos miembros del Estado español), ciertos grupos, pueblos o etnias intenten legitimar la opción separatista, independentista, soberanista (como quieran llamarle). Creo que solo es legítimo levantar la bandera de la independencia cuando están conculcados los derechos de los ciudadanos y los valores de identidad cultural. Pero esto no es ni con mucho el caso de España.
Por tanto, cualquier opción separatista no puede tener otro fundamento, dada la realidad política española, que dos intereses, los cuales me atrevo a definir sin ambigüedades, de naturaleza “criminal”. Una, los intereses de poder mezquino de élites locales, que encienden las más bajas pasiones étnicas, para lograr un control político total sobre un territorio. La otra, los fundamentos étnicos, que si conllevan la voluntad de separación, no tienen más sentido ni más valor que el sentimiento xenófobo, inaceptable y hasta punible.
Que nadie se engañe con las bondades del federalismo en boca de los nacionalistas. Son la trampa mortal para colar una vía hacia su persistente camino independentista.
Me parece que lo coherente como propuesta política, tomando en cuenta el contexto histórico y sociológico, es la opción del Estado unitario descentralizado. El creciente peso de los nacionalistas en los órganos de decisión del Estado, con sus pretensiones secesionistas, constituyéndose en bisagras de los dos grandes partidos para optar a gobernar el país, a cambio de peligrosas concesiones y de generar asimetría en los derechos y deberes de los ciudadanos, el panorama de balcanización que supone el constante desafío impertinente del nacionalismo vasco y catalán, es insostenible e indefendible.
Por tal motivo, el replantearnos de la estructura del estado con propuestas en dirección al Estado federal, es sobre todo peligrosa e inoportuna. No tanto por lo que es en sí el federalismo (magnífica estructura del Estado en condiciones como las planteadas a España, si solo valorásemos la diversidad cultural y los orígenes históricos de los antiguos reinos, señoríos y condados feudales), sino por dos motivos esenciales:
1º.- Porque, como ya he dicho, el sistema autonómico es una forma federalista, así es que ya estamos embarcados en una estructura federativa. No hace falta, pues, introducirla.
2º.- Y para mi muy importante: Plantearse ahora como propuesta política la estructura federal del Estado, dejará la clara impresión a los votantes de una nueva concesión hacia los nacionalistas y un distanciamiento cada vez mayor de un urgente y necesario planteamiento de un Estado fuerte ante las Autonomías.
El replanteamiento del Estado como Federal no aporta nada nuevo, ni mejorable, en relación a lo ya obtenido con la estructura autonómica (y lo iremos viendo a través de este artículo). Mas bien, al contrario, este replanteamiento nos expone a facilitar la apertura de puertas a futuros conflictos, principalmente con los nacionalistas, que es evidente buscan el menor resquicio por donde introducir sus tesis independentistas, además de abrir debates por ahora inoportunos, como el papel de la Monarquía en la estructura federal, porque, si bien es cierto que, con voluntad política es posible compatibilizar la institución monárquica y el federalismo, estrictu sensu, este último es un concepto de índole republicana. Y el problema no es menor, toda vez que, mezclado con los intereses nacionalistas, deslegitimar la Corona, institución histórica a través de la cual se ha vertebrado España, es también dar herramientas legitimadoras de desvinculación a los nacionalistas.
Si entramos, por otra parte, al análisis de las experiencias federativas para justificar la conveniencia del federalismo en España, hemos de decir que las realidades políticas que mejor han funcionado utilizando la estructura federal, no son comparables con España porque sus condiciones son diferentes.
El ejemplo arquetípico ha sido siempre la federación de los Estados Unidos de Norteamérica. Lo primero que hay que destacar es que, contrario a la corriente conductista (que es en la que se ha inspirado el fundamento teórico del que ha surgido el sistema autonómico), en Estados Unidos de América del Norte no existe ningún fundamento para la estructura federativa que implique heterogeneidad sociológica, ni multicultural. Se trata de un país bastante homogéneo culturalmente y de muy pocas diferencias económicas entre los territorios. Así y todo, no fue precisamente la estructura federal lo que la salvó del conflicto secesionista (su guerra civil), pues que, antes bien, como estructura la facilitó bastante (aunque no digo que sin ella hubiera podido evitarse).
Tras la guerra de la independencia, las trece colonias atravesaron un periodo de anarquía, en el que cada Estado buscó su propio desarrollo, a veces en detrimento de sus propios vecinos. Tanto los Artículos de la Confederación como el Congreso del Estado Confederado parecían papel mojado. La posibilidad de estructurarse como Estado obligó, en un momento dado, a que prevalecieran fuerzas con sentido centrípeto, contrario a lo sustancial del confederalismo. De hecho se recurrió a un sistema más vinculante y vertebrador, plasmado en la Constitución de Filadelfia, del que surgirá eso que entendemos como federalismo interestatal.
Pero ojo a la nota que voy a introducir: En toda la historia política del federalismo, sólo EEUU. obliga constitucionalmente a los Estados miembros, a través de un poder legislativo común, que puede imponerse directamente a los ciudadanos pertenecientes a cada uno de los Estados. La pregunta es si en España las fuerzas nacionalistas permitirían semejante Legislativo. Evidentemente no.
Por otra parte, el poder del Estado federal sobre los Estados miembros de la Unión se ha hecho, y de manera más acelerada en las últimas décadas, cada vez mayor. Por ejemplo, ha crecido considerablemente el poder de imponer impuestos y políticas de gastos destinadas al bienestar social. El sistema económico y el sistema social esta cada vez más controlado y regulado por la administración federal.
Para rematar el famoso ejemplo americano, decir simplemente que padece de los mismos males que empezamos a observar con relación al sistema autonómico: duplicación de estructuras y servicios administrativos entorpeciéndose mutuamente y encareciendo el gasto del Estado.
Cojamos ahora el otro modelo arquetipo: el federalismo alemán.
A diferencia del modelo interestatal americano, los alemanes han sentado el federalismo intraestatal. Y observen ustedes lo que le define este:
• Diferenciación clara de funciones entre la administración del Bund y la del Land. Las funciones legislativas recaen sobre el Bund, mientras que las administrativas son propias del Land y de los municipios ¿Dejarán en España los nacionalistas que esto suceda, sin participar de la función legislativa? Me temo que no.
• Existe, en efecto, una participación de los gobiernos de los Länders a través del Consejo Federal (el Bundesrat, que es el órgano de representación de los dieciséis Estados federados de Alemania y cuyos miembros son nombrados por los Gobiernos de los Estados federados), pero en Alemania, son el gobierno y parlamento federales quienes definen, a las administraciones de los Estados federados, lo que éstas han de ejecutar. El Consejo Federal solo tiene la facultad de participar (y solo en aquello que afecta a los Estados federados, aprobando, rechazando o sancionando las leyes federales que afectan a sus competencias). Sin embargo, tanto constitucionalmente, como en los principios implícitos, no solo de las normativas de cada Land, si no en la esencia misma de la sociología política alemana (la cultura política germana), la cooperación interestatal, tanto entre los länder, como entre éstos y el Bund, es un hecho fundamental, obligado e irrenunciable. Si bien cada Estado vela por sus intereses, no se soslaya el deber que tienen los Estados más ricos de ayudar a aquellos de menores ingresos. Su cultura política no se basa en el conflicto, sino en la proporcionalidad e integración vertical. El sistema alemán es un federalismo cooperativo, que solo es posible a partir de un irrenunciable sentido de unidad, que hace del sistema una estructura oscilante entre lo que podría ser entendido como una especie de centralismo y una gran cooperación para la ejecución de las tareas, sin perder el espacio de independencia de los Estados. No es ningún disparate decir y afirmar que el sistema federal alemán posee estructuras centralizadoras considerables que, por otra parte, hunden sus raíces en el mismo proceso de integración europea.
Evidentemente no es el caso de España, donde el separatismo y la más que demostrada insolidaridad entre regiones (léase política hidrográfica y fiscal por poner un botón de muestra, impensable en Alemania), son paradigma de una falta total de intención cooperativa interestatal. En España un posible consejo federal al estilo alemán (representantes de los länder) de länder separatistas, no actuaría como una fuerza de efecto centrípeto como en Alemania, sino como legalización de fuerzas emancipadoras y soberanistas.
Debemos sumar a este argumento, de hechos constatados en la historia de las Autonomías, otros hechos diferenciales entre Alemania y España, como es, por ejemplo, que en la estructura federativa del país germano, no juega ningún papel la heterogeneidad de territorios, la multiculturalidad, porque Alemania es culturalmente homogénea, con muy escasas diferencias económicas y nadie cuestiona la unidad lingüística. En realidad, el federalismo alemán funciona, no por sus bondades intrínsecas, si no, por el contrario, por la condición que precisamente carece España: el altísimo grado de homogeneidad social y cultural del país, y el altísimo grado de cooperación y entendimiento entre las partes.
Y de experiencias históricas que funcionan, pasemos a la teoría del federalismo y el caso autonómico español (porque de las experiencias erráticas solo cabe decir dos cosas: o terminan en guerras del tipo “balcánico”, o son papel mojado ante un Estado federal que, de hecho, actúa con la contundencia de un Estado centralista).
Desde la raíz misma del concepto hemos de plantear la diversidad de fundamentación en torno al mismo. En alguna parte mencioné la corriente teórica conductista que fundamenta al federalismo sobre la base de diferencias étnicas, religiosas, económicas entre sociedades identificadas o identificables en un determinado espacio delimitable.
Este ha sido, esencialmente, el fundamento sobre el que se asienta el reconocimiento de las Autonomías en el territorio español. Por ello digo que, además de ya estar instalado el federalismo en la estructura del Estado, el conductismo ha sido el enfoque que ha imperado en gran medida en el sistema de nuestras autonomías.
Frente a esta concepción reaccionaria (todo reconocimiento-claudicación a la realidad es reaccionario. Más aún cuando renuncia a la utopía, y a trascender una realidad que, por otra parte, es una construcción perceptiva, además de ser construida por el propio ser humano, y por lo tanto, perfectamente transformable y superable). Frente a esta concepción, digo, nos encontramos con la concepción que se conoce como el enfoque institucional. Ésta concepción no parte ni se fundamenta en consideraciones de tipo “étnico,” o “heterogeneidades de la estructura económica,” o en las “diferencias culturales profundas” (multiculturalidad), “el universo de valores y emociones discrepantes”. Por el contrario, sus fundamentos son consideraciones puramente técnicas, a tenor de objetivos funcionales y administrativos. Se considera aquello que es más práctico al funcionamiento del aparato del Estado al servicio de los ciudadanos (como ejemplo, Alemania y EEUU., sociedades muy homogéneas en todos los aspectos).
De más está decir que hubiese sido el único fundamento válido para defender una estructura federativa del Estado. Pero, pese a este argumento, verosímil y cierto, en España existe, y nadie lo puede ignorar, una falacia: Los que defienden la estructura federal, en el mejor de los casos, son inocentes que desconocen el contexto. Y en el peor de los casos, separatistas que lo pretextan para avanzar en sus pretensiones soberanistas.
Hay varias expresiones o formas estructurales de federalismo:
• Una federación, es decir asociación de varios Estados, que ceden soberanía a un poder federal y se estructuran como una sola nación.
• El Estado unitario con estructuras federativas o descentralizadoras. QUE ES LO QUE PROPONGO, dado que es un hecho consumado.
• Estados confederados
En todos los casos se parte del reconocimiento de los derechos de las colectividades a reconocer su identidad peculiar y darle legitimidad a través del aparato jurídico del Estado, creando cuerpos de leyes y estatutos donde queda comprendida la auto delimitación; pero siempre dentro del marco de la Constitución.
Hasta donde alcanza mi entendimiento del problema, este ha sido el procedimiento en el caso de las Autonomías españolas. Nada hay pues que aportar nuevo en este sentido.
Cuando hablamos de federalismo, hablamos de descentralización como argumento principal (si seguimos la corriente o enfoque institucional, que es, en todo caso, el éticamente aceptable). Es decir, hablamos de descentralizar la organización política y administrativa como contribución a la optimización del ejercicio democrático de los ciudadanos, de la distribución de los recursos, la adecuación y acercamiento de los servicios públicos al ciudadano, en función de las peculiaridades y demandas consecuentes.
Y en efecto, la regionalización, las Autonomías, pueden y deben contribuir a la mayor eficacia y operatividad de todo esto, pero es también, como en toda estructura de índole federativa, un riesgo auténtico en el que el objetivo se pervierte, degenerando en la reproducción a escala local, de los vicios de cualquier Estado centralizado, aparte de multiplicar la burocracia y entorpecer las acciones del Estado por duplicidad de funciones e instituciones. Por no decir, que facilitan la constitución de grupos de poder local, refugio de las oligarquías feudales. Efectos todos que ya hemos experimentado en este país, aparte de que el problema sustancial en España no es tanto el de las transferencias administrativas, ni el del acercamiento de las instituciones a la ciudadanía y los problemas locales a través de la autogestión. Todo ello bajo la bandera autonómica se ha desarrollado y es perfectible. Por tanto, detrás del tecnicismo federalista, no se está demandando este tipo de cuestiones. En España se exige trasferencias de carácter soberanista que no tienen otra dirección que el separatismo, la desintegración del Estado.
Para completar lo que se encierra en la concepción federalista, debemos además aclarar que en este concepto caben modelos diversos. Desde el modelo de federalismo intraestatal, el interestatal, el federalismo cooperativo y dual y las estructuras descentralizadoras como son las regionalizaciones y las autonomías (esta última es el caso de España).
Llegado el caso de intentar vertebrar sociedades de diversidad étnica, religiosa, social, ciertamente el federalismo es una estructura adecuada, pues en principio permite compatibilizar diversidad y vertebración política, preservando diversos nichos ecológicos humanos, estableciendo una estructura flexible y dinámica, en la que se reconocen intereses y valores que pueden entrar en conflicto y se establece el marco jurídico para superarlos. ESTO LO HA OFRECIDO YA EL SISTEMA AUTONÓMICO EN ESPAÑA, por lo cual, lo que cabe es perfeccionar ese marco y establecer claramente las competencias y límites de cada Autonomía y sus obligaciones y deberes con el Estado que las vertebra.
Según uno de los más destacados politólogos, Rainer-Olaf Schultze, el federalismo supone como mínimo dos funciones:
1. La separación y delimitación del poder mediante la división vertical de poderes, dando protección a las realidades colectivas singulares (de carácter étnico, cultural, con identificación de espacio) otorgándoles autonomía territorial.
2. Desarrollar una función integradora y vertebradora en sociedades heterogéneas. El federalismo supone construir e institucionalizar un equilibrio en el que pueda armonizarse un nivel de unidad y un nivel de multiplicidad, posibilitando la integración de objetivos sociales diversos.
Pues bien, ambas funciones, hasta donde llega nuestro entendimiento, están ya ofrecidas en el sistema autonómico español. De manera tal, que sigo insistiendo que es inútil y redundante plantear la estructura del Estado en un sentido federalista, por cuanto que ya, en si, el sistema de las Autonomía lo es.
El objetivo esencial de cohesionar sociedades que presentan significativas diferencias culturales y sociales (siguiendo la tesis conductista y los mínimos establecidos por Rainer-Olaf Schultze, ha sido el objetivo de las Autonomías y ha quedado claramente plasmado con el reconocimiento de los fundamentos históricos y culturales de las diferentes Autonomías llamadas de carácter histórico. Además, y siguiendo las tesis del enfoque institucional, las Autonomía no históricas, encuentran su sentido y marco en valores de índole práctico, plasmados en su existencia misma como realidades políticas destinadas a mejorar la administración, descentralizándola.
Brian E. Loveman, profesor de ciencia política en la Universidad de California, expone que se puede considerar la existencia de una estructura federal, cuando las estructuras estatales de decisión (los poderes ejecutivo, legislativo y judicial) están presentes tanto en el nivel federal como estatal, y ello esté garantizado en la Constitución, no pudiendo ser anulado por ninguno de los dos niveles. Y es aquí donde está el verdadero problema de España: La delimitación de las atribuciones estatales y de las instituciones territoriales, puesto que aquí no se han delimitado de modo definitivo. Ha quedado todo abierto a permanente discusión.
El problema es que no se ha cerrado, no por otra cosa, sino por la perversión de la situación política española, que tolera de un modo anómalo y contra toda lógica de derecho y coherencia jurídica, existir a los independentistas, no solo como opinión, si no como partidos y poder político, cosa que ningún estado federal admitiría, porque de lo que se trata es de vertebrar y no facilitar tendencias soberanistas (¿En qué Estado, salvo el español, se permitiría la legalización de un partido político que no jura a la Constitución del Estado, y admite una fórmula carente de sentido y fuerza jurídica, como es el acatamiento por fuerza mayor?).
La figura autonómica como estructura de naturaleza federativa está en cualquier manual de teoría del Estado. No voy pues a redundar en que España no necesita hablar de federalismo porque ya goza, o sufre de sus “bondades”. Guy Heraúd hace un recuento de las características que debe guardar una estructura Autonómica:
La sociedad que la conforma podrá apelar a los siguientes derechos para estructurase como comunidad autónoma:
• Derecho a la autoafirmación.
• Derecho a la a autodefinición. Que le capacita para trazar sus fronteras y límites políticos y geográficos.
• Derecho a la autoorganización.
• Derecho a la autogestión. A gobernarse y administrarse libremente dentro de su propia normativa.
Y evidentemente todos estos ítems se cumplen en nuestro caso, por lo que, además de reafirmar la estructura federativa que insisto tiene ya el país, nos lleva a preguntar ¿Qué más se puede pedir? pues con bastante certeza puedo decir que la independencia.
Llegados a este otro punto, quiero rematar lo que en cambio debemos exigir en materia de estructura del Estado que, por lo demás, forma parte de la teoría política en lo que se refiere a la delimitación de deberes y derechos del sistema autonómico.
Todo sistema Autonómico debe obedecer a:
• Un principio de subsidiariedad. Donde la comunidad autónoma debe adquirir solo aquellas competencias y poderes que puede ejercer eficazmente. Todo lo demás se debe transferir al Estado supra-autonómico.
• Un principio de participación o unidad. Las comunidades autónomas deben participar activamente en la toma de decisiones del Estado, debiendo propiciar la participación de las comunidades, siempre bajo el principio de la unidad.
• Un principio de cooperación y solidaridad. Sin este principio sería inviable la existencia misma del Estado autonómico. Debe establecerse la complementación entre las comunidades, la cooperación y la coordinación entre las mismas.
• Un Principio de garantías. Capaz de organizar y dar viabilidad y vertebración al Estado autonómico en su conjunto. Ello requiere de Tribunales supra-autonómicos, con competencia jurisdiccional sobre todo el territorio, obligatoria y vinculante, que sean capaces de asegurar la vertebración del Estado y las competencias establecidas, y capaces de garantizar la ejecución de las decisiones de los tribunales mediante órganos con capacidad coercitiva.
Llegados a este punto, cabe hacer la siguiente pregunta: ¿En este contexto de cosas, qué se reclama en realidad con el federalismo?
Quienes idearon este engendro llamado Autonomías, vendieron la mercancía con el siguiente argumento:
Las Comunidades Autónomas constituyen la máxima forma de descentralización política. El Estado cede competencias en materia ejecutiva, legislativa y judicial a todas las Autonomías.
Se ha argumentado y fundamentado este proceso de descentralización autonómico, constituido principalmente en transferencia de poder político, como refuerzo del proceso de democratización, potenciando la participación ciudadana en la dirección y gestión de los asuntos públicos de su jurisdicción territorial y como una de las soluciones más idóneas para enfrentar los problemas de subdesarrollo regional.
Si de eso se trataba, y en este contexto y sentido surgió el sistema autonómico, no veo la razón de redundar ahora en el hecho federalista, porque, como insisto en este mismo texto, esta estructura está dada. Por tanto, si ahora se viene a replantear, es más que razonable la sospecha de no ser por otra cosa que por una intención perversa de dar un paso más hacia el soberanismo y la ruptura del Estado.
En caso contrario, hubiera bastado con plantear perfeccionar el sistema, delimitar claramente las competencias del Estado y las Autonomías y echar a rodar de manera definitiva. O sea, plantear, determinar, definir y fijar claramente las competencias esenciales del Estado, que son:
• Legislar (sobre todo ese conjunto de leyes estatales supra autonómicas, destinadas a la vertebración del país y a garantizar la unidad y la igualdad de todos los ciudadanos en cualquier lugar del territorio que, puestos a hablar de federalismo, actuarían a modo de leyes federales y que supondrían, también, que duda cabe, la definición de delitos estatales, equivalentes a los delitos federales. Entre ellos, todos aquellos que atenten a la unidad nacional, o sea lesivos para ella o constituyan ofensa hacia sus instituciones, símbolos e identidad. Un cuerpo jurídico que no podría ser contravenido por las legislaciones locales).
• Definir y conducir las relaciones exteriores, asumir las competencias de defensa, interior.
• Servicios básicos que garanticen la información y prestaciones sociales idénticas para cualquier ciudadano, en cualquier rincón del territorio y garantizar en el mismo la igualdad de derechos y deberes en materias fundamentales como sanidad, educación, sistema fiscal y tributario.
Del mismo modo, plantear, determinar, definir y fijar claramente las competencias de los gobiernos autónomos y sus instituciones, en el marco de la Constitución y las leyes supra-autonómicas y crear un Consejo Autonómico al modo del Consejo Federal alemán –el Bundesrat- con idénticas funciones a ese (que bien podría ser la Cámara de Senadores).
Ni siquiera estoy planteando competencias exclusivas de una u otra instancia política (El Estado que engloba a las Autonomías o las Autonomías), porque bien pueden compartirse las competencias, fijando claros criterios. Por ejemplo, por citar uno de los problemas más acuciantes a resolver. No es incompatible permitir competencias en materia educativa a las Autonomías, y que el Estado establezca escuelas, colegios y Universidades estatales, en la lengua vehicular del Estado, garantizando el derecho a la educación de aquellos ciudadanos que, por diferentes motivos desean, necesitan y sobre todo, tienen el derecho a educarse en la lengua del Estado (inmigrantes que solo hablan el español, españoles que no hablan las lenguas co-oficiales y que residen en alguna Autonomía de lengua co-oficial, o simplemente ciudadanos nativos de esas autonomías que quieren ejercer el derecho a ser educados y aprender la lengua oficial).
Por todo lo dicho, y porque forma parte de la teoría política y del Estado, redundo finalmente en lo que comencé diciendo al principio de este texto y que he venido repitiendo en el transcurso del mismo: No es necesario replantear la estructura del Estado con un sentido federalista, porque el sistema de las Autonomías es ya un sistema federativo y cuenta con todos los instrumentos para desarrollar las exigencias y requerimientos de esta estructura. Lo único que hay que plantear en este sentido, es cumplir con los requisitos básicos que plantea la teoría política: determinar, definir y fijar claramente las competencias esenciales del Estado, y zanjar de una vez y para siempre la unidad política de España y punir sin complejos, como sucede en no pocos países federales o de sistema centralizado, igualmente demócratas, todo aquello que atente a la unidad nacional o constituyan ofensa hacia sus instituciones, símbolos e identidad. Y conste: No por un concepto étnico de patria. Simplemente por una racional coherencia acerca de una organización construida para servir al desarrollo de una sociedad y para defensa de sus derechos sociales, civiles e individuales.
Alguien dirá que no es así. Y yo pregunto ¿Qué falta a esta estructura autonómica para ser un Estado federal? Lo diré:
1º Tener el valor de llamarse Federal (cuestión de palabras como veréis).
2º Un Parlamento Federal, es decir, una cámara de representación territorial (como el Senado de los Estados Unidos de Norteamérica) o un Consejo Federal (como el caso de Alemania).
3º La clara delimitación de las competencias territoriales y del Estado Federal.
Como supondréis, lo primero, como cuestión de palabras no merece mayores comentarios ni interés. Pero, lo segundo y tercero, estrechamente relacionados e interdependientes, es digno de ser tratado, no solo por los aspectos técnicos y jurídicos que ofrece, si no, sobre todo, por el contexto histórico y sociológico en el que se pretende ofrecer.
El contexto histórico y sociológico español no creo que sea necesario explicarlo: Reivindicaciones soberanistas, independentistas en territorios como Euskadi, Cataluña, Baleares, Galicia, y con menor virulencia pero no menos importante, Canarias (por no cansar y comentar que en cada comunidad hay grupos separatistas).
Una cosa es aplastar la identidad de un pueblo y su cultura y otra que, en nombre de pueblo y cultura, no aplastados (porque la actual Constitución española garantiza los mismos derechos, deberes, libertades y servicios estatales por igual a todos los ciudadanos miembros del Estado español), ciertos grupos, pueblos o etnias intenten legitimar la opción separatista, independentista, soberanista (como quieran llamarle). Creo que solo es legítimo levantar la bandera de la independencia cuando están conculcados los derechos de los ciudadanos y los valores de identidad cultural. Pero esto no es ni con mucho el caso de España.
Por tanto, cualquier opción separatista no puede tener otro fundamento, dada la realidad política española, que dos intereses, los cuales me atrevo a definir sin ambigüedades, de naturaleza “criminal”. Una, los intereses de poder mezquino de élites locales, que encienden las más bajas pasiones étnicas, para lograr un control político total sobre un territorio. La otra, los fundamentos étnicos, que si conllevan la voluntad de separación, no tienen más sentido ni más valor que el sentimiento xenófobo, inaceptable y hasta punible.
Que nadie se engañe con las bondades del federalismo en boca de los nacionalistas. Son la trampa mortal para colar una vía hacia su persistente camino independentista.
Me parece que lo coherente como propuesta política, tomando en cuenta el contexto histórico y sociológico, es la opción del Estado unitario descentralizado. El creciente peso de los nacionalistas en los órganos de decisión del Estado, con sus pretensiones secesionistas, constituyéndose en bisagras de los dos grandes partidos para optar a gobernar el país, a cambio de peligrosas concesiones y de generar asimetría en los derechos y deberes de los ciudadanos, el panorama de balcanización que supone el constante desafío impertinente del nacionalismo vasco y catalán, es insostenible e indefendible.
Por tal motivo, el replantearnos de la estructura del estado con propuestas en dirección al Estado federal, es sobre todo peligrosa e inoportuna. No tanto por lo que es en sí el federalismo (magnífica estructura del Estado en condiciones como las planteadas a España, si solo valorásemos la diversidad cultural y los orígenes históricos de los antiguos reinos, señoríos y condados feudales), sino por dos motivos esenciales:
1º.- Porque, como ya he dicho, el sistema autonómico es una forma federalista, así es que ya estamos embarcados en una estructura federativa. No hace falta, pues, introducirla.
2º.- Y para mi muy importante: Plantearse ahora como propuesta política la estructura federal del Estado, dejará la clara impresión a los votantes de una nueva concesión hacia los nacionalistas y un distanciamiento cada vez mayor de un urgente y necesario planteamiento de un Estado fuerte ante las Autonomías.
El replanteamiento del Estado como Federal no aporta nada nuevo, ni mejorable, en relación a lo ya obtenido con la estructura autonómica (y lo iremos viendo a través de este artículo). Mas bien, al contrario, este replanteamiento nos expone a facilitar la apertura de puertas a futuros conflictos, principalmente con los nacionalistas, que es evidente buscan el menor resquicio por donde introducir sus tesis independentistas, además de abrir debates por ahora inoportunos, como el papel de la Monarquía en la estructura federal, porque, si bien es cierto que, con voluntad política es posible compatibilizar la institución monárquica y el federalismo, estrictu sensu, este último es un concepto de índole republicana. Y el problema no es menor, toda vez que, mezclado con los intereses nacionalistas, deslegitimar la Corona, institución histórica a través de la cual se ha vertebrado España, es también dar herramientas legitimadoras de desvinculación a los nacionalistas.
Si entramos, por otra parte, al análisis de las experiencias federativas para justificar la conveniencia del federalismo en España, hemos de decir que las realidades políticas que mejor han funcionado utilizando la estructura federal, no son comparables con España porque sus condiciones son diferentes.
El ejemplo arquetípico ha sido siempre la federación de los Estados Unidos de Norteamérica. Lo primero que hay que destacar es que, contrario a la corriente conductista (que es en la que se ha inspirado el fundamento teórico del que ha surgido el sistema autonómico), en Estados Unidos de América del Norte no existe ningún fundamento para la estructura federativa que implique heterogeneidad sociológica, ni multicultural. Se trata de un país bastante homogéneo culturalmente y de muy pocas diferencias económicas entre los territorios. Así y todo, no fue precisamente la estructura federal lo que la salvó del conflicto secesionista (su guerra civil), pues que, antes bien, como estructura la facilitó bastante (aunque no digo que sin ella hubiera podido evitarse).
Tras la guerra de la independencia, las trece colonias atravesaron un periodo de anarquía, en el que cada Estado buscó su propio desarrollo, a veces en detrimento de sus propios vecinos. Tanto los Artículos de la Confederación como el Congreso del Estado Confederado parecían papel mojado. La posibilidad de estructurarse como Estado obligó, en un momento dado, a que prevalecieran fuerzas con sentido centrípeto, contrario a lo sustancial del confederalismo. De hecho se recurrió a un sistema más vinculante y vertebrador, plasmado en la Constitución de Filadelfia, del que surgirá eso que entendemos como federalismo interestatal.
Pero ojo a la nota que voy a introducir: En toda la historia política del federalismo, sólo EEUU. obliga constitucionalmente a los Estados miembros, a través de un poder legislativo común, que puede imponerse directamente a los ciudadanos pertenecientes a cada uno de los Estados. La pregunta es si en España las fuerzas nacionalistas permitirían semejante Legislativo. Evidentemente no.
Por otra parte, el poder del Estado federal sobre los Estados miembros de la Unión se ha hecho, y de manera más acelerada en las últimas décadas, cada vez mayor. Por ejemplo, ha crecido considerablemente el poder de imponer impuestos y políticas de gastos destinadas al bienestar social. El sistema económico y el sistema social esta cada vez más controlado y regulado por la administración federal.
Para rematar el famoso ejemplo americano, decir simplemente que padece de los mismos males que empezamos a observar con relación al sistema autonómico: duplicación de estructuras y servicios administrativos entorpeciéndose mutuamente y encareciendo el gasto del Estado.
Cojamos ahora el otro modelo arquetipo: el federalismo alemán.
A diferencia del modelo interestatal americano, los alemanes han sentado el federalismo intraestatal. Y observen ustedes lo que le define este:
• Diferenciación clara de funciones entre la administración del Bund y la del Land. Las funciones legislativas recaen sobre el Bund, mientras que las administrativas son propias del Land y de los municipios ¿Dejarán en España los nacionalistas que esto suceda, sin participar de la función legislativa? Me temo que no.
• Existe, en efecto, una participación de los gobiernos de los Länders a través del Consejo Federal (el Bundesrat, que es el órgano de representación de los dieciséis Estados federados de Alemania y cuyos miembros son nombrados por los Gobiernos de los Estados federados), pero en Alemania, son el gobierno y parlamento federales quienes definen, a las administraciones de los Estados federados, lo que éstas han de ejecutar. El Consejo Federal solo tiene la facultad de participar (y solo en aquello que afecta a los Estados federados, aprobando, rechazando o sancionando las leyes federales que afectan a sus competencias). Sin embargo, tanto constitucionalmente, como en los principios implícitos, no solo de las normativas de cada Land, si no en la esencia misma de la sociología política alemana (la cultura política germana), la cooperación interestatal, tanto entre los länder, como entre éstos y el Bund, es un hecho fundamental, obligado e irrenunciable. Si bien cada Estado vela por sus intereses, no se soslaya el deber que tienen los Estados más ricos de ayudar a aquellos de menores ingresos. Su cultura política no se basa en el conflicto, sino en la proporcionalidad e integración vertical. El sistema alemán es un federalismo cooperativo, que solo es posible a partir de un irrenunciable sentido de unidad, que hace del sistema una estructura oscilante entre lo que podría ser entendido como una especie de centralismo y una gran cooperación para la ejecución de las tareas, sin perder el espacio de independencia de los Estados. No es ningún disparate decir y afirmar que el sistema federal alemán posee estructuras centralizadoras considerables que, por otra parte, hunden sus raíces en el mismo proceso de integración europea.
Evidentemente no es el caso de España, donde el separatismo y la más que demostrada insolidaridad entre regiones (léase política hidrográfica y fiscal por poner un botón de muestra, impensable en Alemania), son paradigma de una falta total de intención cooperativa interestatal. En España un posible consejo federal al estilo alemán (representantes de los länder) de länder separatistas, no actuaría como una fuerza de efecto centrípeto como en Alemania, sino como legalización de fuerzas emancipadoras y soberanistas.
Debemos sumar a este argumento, de hechos constatados en la historia de las Autonomías, otros hechos diferenciales entre Alemania y España, como es, por ejemplo, que en la estructura federativa del país germano, no juega ningún papel la heterogeneidad de territorios, la multiculturalidad, porque Alemania es culturalmente homogénea, con muy escasas diferencias económicas y nadie cuestiona la unidad lingüística. En realidad, el federalismo alemán funciona, no por sus bondades intrínsecas, si no, por el contrario, por la condición que precisamente carece España: el altísimo grado de homogeneidad social y cultural del país, y el altísimo grado de cooperación y entendimiento entre las partes.
Y de experiencias históricas que funcionan, pasemos a la teoría del federalismo y el caso autonómico español (porque de las experiencias erráticas solo cabe decir dos cosas: o terminan en guerras del tipo “balcánico”, o son papel mojado ante un Estado federal que, de hecho, actúa con la contundencia de un Estado centralista).
Desde la raíz misma del concepto hemos de plantear la diversidad de fundamentación en torno al mismo. En alguna parte mencioné la corriente teórica conductista que fundamenta al federalismo sobre la base de diferencias étnicas, religiosas, económicas entre sociedades identificadas o identificables en un determinado espacio delimitable.
Este ha sido, esencialmente, el fundamento sobre el que se asienta el reconocimiento de las Autonomías en el territorio español. Por ello digo que, además de ya estar instalado el federalismo en la estructura del Estado, el conductismo ha sido el enfoque que ha imperado en gran medida en el sistema de nuestras autonomías.
Frente a esta concepción reaccionaria (todo reconocimiento-claudicación a la realidad es reaccionario. Más aún cuando renuncia a la utopía, y a trascender una realidad que, por otra parte, es una construcción perceptiva, además de ser construida por el propio ser humano, y por lo tanto, perfectamente transformable y superable). Frente a esta concepción, digo, nos encontramos con la concepción que se conoce como el enfoque institucional. Ésta concepción no parte ni se fundamenta en consideraciones de tipo “étnico,” o “heterogeneidades de la estructura económica,” o en las “diferencias culturales profundas” (multiculturalidad), “el universo de valores y emociones discrepantes”. Por el contrario, sus fundamentos son consideraciones puramente técnicas, a tenor de objetivos funcionales y administrativos. Se considera aquello que es más práctico al funcionamiento del aparato del Estado al servicio de los ciudadanos (como ejemplo, Alemania y EEUU., sociedades muy homogéneas en todos los aspectos).
De más está decir que hubiese sido el único fundamento válido para defender una estructura federativa del Estado. Pero, pese a este argumento, verosímil y cierto, en España existe, y nadie lo puede ignorar, una falacia: Los que defienden la estructura federal, en el mejor de los casos, son inocentes que desconocen el contexto. Y en el peor de los casos, separatistas que lo pretextan para avanzar en sus pretensiones soberanistas.
Hay varias expresiones o formas estructurales de federalismo:
• Una federación, es decir asociación de varios Estados, que ceden soberanía a un poder federal y se estructuran como una sola nación.
• El Estado unitario con estructuras federativas o descentralizadoras. QUE ES LO QUE PROPONGO, dado que es un hecho consumado.
• Estados confederados
En todos los casos se parte del reconocimiento de los derechos de las colectividades a reconocer su identidad peculiar y darle legitimidad a través del aparato jurídico del Estado, creando cuerpos de leyes y estatutos donde queda comprendida la auto delimitación; pero siempre dentro del marco de la Constitución.
Hasta donde alcanza mi entendimiento del problema, este ha sido el procedimiento en el caso de las Autonomías españolas. Nada hay pues que aportar nuevo en este sentido.
Cuando hablamos de federalismo, hablamos de descentralización como argumento principal (si seguimos la corriente o enfoque institucional, que es, en todo caso, el éticamente aceptable). Es decir, hablamos de descentralizar la organización política y administrativa como contribución a la optimización del ejercicio democrático de los ciudadanos, de la distribución de los recursos, la adecuación y acercamiento de los servicios públicos al ciudadano, en función de las peculiaridades y demandas consecuentes.
Y en efecto, la regionalización, las Autonomías, pueden y deben contribuir a la mayor eficacia y operatividad de todo esto, pero es también, como en toda estructura de índole federativa, un riesgo auténtico en el que el objetivo se pervierte, degenerando en la reproducción a escala local, de los vicios de cualquier Estado centralizado, aparte de multiplicar la burocracia y entorpecer las acciones del Estado por duplicidad de funciones e instituciones. Por no decir, que facilitan la constitución de grupos de poder local, refugio de las oligarquías feudales. Efectos todos que ya hemos experimentado en este país, aparte de que el problema sustancial en España no es tanto el de las transferencias administrativas, ni el del acercamiento de las instituciones a la ciudadanía y los problemas locales a través de la autogestión. Todo ello bajo la bandera autonómica se ha desarrollado y es perfectible. Por tanto, detrás del tecnicismo federalista, no se está demandando este tipo de cuestiones. En España se exige trasferencias de carácter soberanista que no tienen otra dirección que el separatismo, la desintegración del Estado.
Para completar lo que se encierra en la concepción federalista, debemos además aclarar que en este concepto caben modelos diversos. Desde el modelo de federalismo intraestatal, el interestatal, el federalismo cooperativo y dual y las estructuras descentralizadoras como son las regionalizaciones y las autonomías (esta última es el caso de España).
Llegado el caso de intentar vertebrar sociedades de diversidad étnica, religiosa, social, ciertamente el federalismo es una estructura adecuada, pues en principio permite compatibilizar diversidad y vertebración política, preservando diversos nichos ecológicos humanos, estableciendo una estructura flexible y dinámica, en la que se reconocen intereses y valores que pueden entrar en conflicto y se establece el marco jurídico para superarlos. ESTO LO HA OFRECIDO YA EL SISTEMA AUTONÓMICO EN ESPAÑA, por lo cual, lo que cabe es perfeccionar ese marco y establecer claramente las competencias y límites de cada Autonomía y sus obligaciones y deberes con el Estado que las vertebra.
Según uno de los más destacados politólogos, Rainer-Olaf Schultze, el federalismo supone como mínimo dos funciones:
1. La separación y delimitación del poder mediante la división vertical de poderes, dando protección a las realidades colectivas singulares (de carácter étnico, cultural, con identificación de espacio) otorgándoles autonomía territorial.
2. Desarrollar una función integradora y vertebradora en sociedades heterogéneas. El federalismo supone construir e institucionalizar un equilibrio en el que pueda armonizarse un nivel de unidad y un nivel de multiplicidad, posibilitando la integración de objetivos sociales diversos.
Pues bien, ambas funciones, hasta donde llega nuestro entendimiento, están ya ofrecidas en el sistema autonómico español. De manera tal, que sigo insistiendo que es inútil y redundante plantear la estructura del Estado en un sentido federalista, por cuanto que ya, en si, el sistema de las Autonomía lo es.
El objetivo esencial de cohesionar sociedades que presentan significativas diferencias culturales y sociales (siguiendo la tesis conductista y los mínimos establecidos por Rainer-Olaf Schultze, ha sido el objetivo de las Autonomías y ha quedado claramente plasmado con el reconocimiento de los fundamentos históricos y culturales de las diferentes Autonomías llamadas de carácter histórico. Además, y siguiendo las tesis del enfoque institucional, las Autonomía no históricas, encuentran su sentido y marco en valores de índole práctico, plasmados en su existencia misma como realidades políticas destinadas a mejorar la administración, descentralizándola.
Brian E. Loveman, profesor de ciencia política en la Universidad de California, expone que se puede considerar la existencia de una estructura federal, cuando las estructuras estatales de decisión (los poderes ejecutivo, legislativo y judicial) están presentes tanto en el nivel federal como estatal, y ello esté garantizado en la Constitución, no pudiendo ser anulado por ninguno de los dos niveles. Y es aquí donde está el verdadero problema de España: La delimitación de las atribuciones estatales y de las instituciones territoriales, puesto que aquí no se han delimitado de modo definitivo. Ha quedado todo abierto a permanente discusión.
El problema es que no se ha cerrado, no por otra cosa, sino por la perversión de la situación política española, que tolera de un modo anómalo y contra toda lógica de derecho y coherencia jurídica, existir a los independentistas, no solo como opinión, si no como partidos y poder político, cosa que ningún estado federal admitiría, porque de lo que se trata es de vertebrar y no facilitar tendencias soberanistas (¿En qué Estado, salvo el español, se permitiría la legalización de un partido político que no jura a la Constitución del Estado, y admite una fórmula carente de sentido y fuerza jurídica, como es el acatamiento por fuerza mayor?).
La figura autonómica como estructura de naturaleza federativa está en cualquier manual de teoría del Estado. No voy pues a redundar en que España no necesita hablar de federalismo porque ya goza, o sufre de sus “bondades”. Guy Heraúd hace un recuento de las características que debe guardar una estructura Autonómica:
La sociedad que la conforma podrá apelar a los siguientes derechos para estructurase como comunidad autónoma:
• Derecho a la autoafirmación.
• Derecho a la a autodefinición. Que le capacita para trazar sus fronteras y límites políticos y geográficos.
• Derecho a la autoorganización.
• Derecho a la autogestión. A gobernarse y administrarse libremente dentro de su propia normativa.
Y evidentemente todos estos ítems se cumplen en nuestro caso, por lo que, además de reafirmar la estructura federativa que insisto tiene ya el país, nos lleva a preguntar ¿Qué más se puede pedir? pues con bastante certeza puedo decir que la independencia.
Llegados a este otro punto, quiero rematar lo que en cambio debemos exigir en materia de estructura del Estado que, por lo demás, forma parte de la teoría política en lo que se refiere a la delimitación de deberes y derechos del sistema autonómico.
Todo sistema Autonómico debe obedecer a:
• Un principio de subsidiariedad. Donde la comunidad autónoma debe adquirir solo aquellas competencias y poderes que puede ejercer eficazmente. Todo lo demás se debe transferir al Estado supra-autonómico.
• Un principio de participación o unidad. Las comunidades autónomas deben participar activamente en la toma de decisiones del Estado, debiendo propiciar la participación de las comunidades, siempre bajo el principio de la unidad.
• Un principio de cooperación y solidaridad. Sin este principio sería inviable la existencia misma del Estado autonómico. Debe establecerse la complementación entre las comunidades, la cooperación y la coordinación entre las mismas.
• Un Principio de garantías. Capaz de organizar y dar viabilidad y vertebración al Estado autonómico en su conjunto. Ello requiere de Tribunales supra-autonómicos, con competencia jurisdiccional sobre todo el territorio, obligatoria y vinculante, que sean capaces de asegurar la vertebración del Estado y las competencias establecidas, y capaces de garantizar la ejecución de las decisiones de los tribunales mediante órganos con capacidad coercitiva.
Llegados a este punto, cabe hacer la siguiente pregunta: ¿En este contexto de cosas, qué se reclama en realidad con el federalismo?
Quienes idearon este engendro llamado Autonomías, vendieron la mercancía con el siguiente argumento:
Las Comunidades Autónomas constituyen la máxima forma de descentralización política. El Estado cede competencias en materia ejecutiva, legislativa y judicial a todas las Autonomías.
Se ha argumentado y fundamentado este proceso de descentralización autonómico, constituido principalmente en transferencia de poder político, como refuerzo del proceso de democratización, potenciando la participación ciudadana en la dirección y gestión de los asuntos públicos de su jurisdicción territorial y como una de las soluciones más idóneas para enfrentar los problemas de subdesarrollo regional.
Si de eso se trataba, y en este contexto y sentido surgió el sistema autonómico, no veo la razón de redundar ahora en el hecho federalista, porque, como insisto en este mismo texto, esta estructura está dada. Por tanto, si ahora se viene a replantear, es más que razonable la sospecha de no ser por otra cosa que por una intención perversa de dar un paso más hacia el soberanismo y la ruptura del Estado.
En caso contrario, hubiera bastado con plantear perfeccionar el sistema, delimitar claramente las competencias del Estado y las Autonomías y echar a rodar de manera definitiva. O sea, plantear, determinar, definir y fijar claramente las competencias esenciales del Estado, que son:
• Legislar (sobre todo ese conjunto de leyes estatales supra autonómicas, destinadas a la vertebración del país y a garantizar la unidad y la igualdad de todos los ciudadanos en cualquier lugar del territorio que, puestos a hablar de federalismo, actuarían a modo de leyes federales y que supondrían, también, que duda cabe, la definición de delitos estatales, equivalentes a los delitos federales. Entre ellos, todos aquellos que atenten a la unidad nacional, o sea lesivos para ella o constituyan ofensa hacia sus instituciones, símbolos e identidad. Un cuerpo jurídico que no podría ser contravenido por las legislaciones locales).
• Definir y conducir las relaciones exteriores, asumir las competencias de defensa, interior.
• Servicios básicos que garanticen la información y prestaciones sociales idénticas para cualquier ciudadano, en cualquier rincón del territorio y garantizar en el mismo la igualdad de derechos y deberes en materias fundamentales como sanidad, educación, sistema fiscal y tributario.
Del mismo modo, plantear, determinar, definir y fijar claramente las competencias de los gobiernos autónomos y sus instituciones, en el marco de la Constitución y las leyes supra-autonómicas y crear un Consejo Autonómico al modo del Consejo Federal alemán –el Bundesrat- con idénticas funciones a ese (que bien podría ser la Cámara de Senadores).
Ni siquiera estoy planteando competencias exclusivas de una u otra instancia política (El Estado que engloba a las Autonomías o las Autonomías), porque bien pueden compartirse las competencias, fijando claros criterios. Por ejemplo, por citar uno de los problemas más acuciantes a resolver. No es incompatible permitir competencias en materia educativa a las Autonomías, y que el Estado establezca escuelas, colegios y Universidades estatales, en la lengua vehicular del Estado, garantizando el derecho a la educación de aquellos ciudadanos que, por diferentes motivos desean, necesitan y sobre todo, tienen el derecho a educarse en la lengua del Estado (inmigrantes que solo hablan el español, españoles que no hablan las lenguas co-oficiales y que residen en alguna Autonomía de lengua co-oficial, o simplemente ciudadanos nativos de esas autonomías que quieren ejercer el derecho a ser educados y aprender la lengua oficial).
Por todo lo dicho, y porque forma parte de la teoría política y del Estado, redundo finalmente en lo que comencé diciendo al principio de este texto y que he venido repitiendo en el transcurso del mismo: No es necesario replantear la estructura del Estado con un sentido federalista, porque el sistema de las Autonomías es ya un sistema federativo y cuenta con todos los instrumentos para desarrollar las exigencias y requerimientos de esta estructura. Lo único que hay que plantear en este sentido, es cumplir con los requisitos básicos que plantea la teoría política: determinar, definir y fijar claramente las competencias esenciales del Estado, y zanjar de una vez y para siempre la unidad política de España y punir sin complejos, como sucede en no pocos países federales o de sistema centralizado, igualmente demócratas, todo aquello que atente a la unidad nacional o constituyan ofensa hacia sus instituciones, símbolos e identidad. Y conste: No por un concepto étnico de patria. Simplemente por una racional coherencia acerca de una organización construida para servir al desarrollo de una sociedad y para defensa de sus derechos sociales, civiles e individuales.
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